Cuando se invoca el verbo “democratizar” no puede dársele otro significado que no sea trabajar por más y mejores derechos para los ciudadanos. Cuando esa “democratización” se pretende aplicar a la Justicia no puede sino pensarse en un proyecto integral de reformas procesales e institucionales que garanticen el más amplio acceso de estos ciudadanos -sobre todo los más vulnerables- a la tutela judicial como resorte para operativizar esos derechos. Y así pensamos en la necesidad cierta de una justicia más ágil y menos burocrática, de lenguaje más llano, con procedimientos más sencillos y menos burocráticos.

Pero mientras ésta es la Justicia moderna que consagraron muchos países y a la que se encamina a paso firme buena parte de Latinoamérica, en la Argentina de hoy todavía debemos seguir velando por principios y presupuestos básicos: la igualdad ante la ley, el estado de derecho y la independencia de aquel Poder del Estado que los garantiza.

Es que los proyectos de “democratización” de la Justicia que en menos de un mes pretende implantar el Gobierno, como lo hemos afirmado con firmeza desde el denarvaísmo, no contribuirán en nada a mejorar el servicio de justicia porque no son una verdadera reforma judicial sino de matriz política, y deben ser interpretados en el marco de un proyecto de construcción de poder que atraviesa una coyuntura social y judicial complicada, enmarcada por recortes de libertades, reclamos populares, decisiones judiciales desfavorables y escándalos de corrupción.

Concretamente, la reforma al Consejo de la Magistratura contiene un mensaje tan claro como brutal para todos los jueces que pretendan ser independientes: sólo podrán ser nombrados aquellos magistrados que cuenten con el acuerdo de los representantes del Gobierno en el organismo y podrán ser acusados y suspendidos por la sola voluntad de éstos. La Presidenta quiere un Consejo para “dirigir políticamente a los jueces”, tal como lo expresó al momento de anunciar el proyecto.

Pero también hay un mensaje para aquellos ciudadanos que pretendan hacer valer sus derechos frente a los avasallamientos y abusos cada vez más frecuentes del Gobierno. Es que el recurso procesal más eficiente a dichos fines –las medidas cautelares- ha sido derogado tácitamente en la reforma ya que resultará prácticamente imposible cumplir con todos los requisitos necesarios para que un juez lo conceda. Y en el hipotético caso de que esto ocurra, la sola apelación del Estado la deja inmediatamente sin efecto. Por el contrario, nada de ello ocurre cuando es el Estado el que solicita la medida contra un particular.

Las consecuencias sobre la seguridad jurídica son igualmente nefastas. Es que en cada elección presidencial se pondrá en juego el dominio del Consejo de la Magistratura e, indirectamente, el control “político” sobre los jueces. Con cada cambio de Gobierno habrá un cambio en la Justicia y, por ende, en la manera de interpretar y aplicar el derecho.

Hoy hay un Poder Ejecutivo que ha dejado de escuchar a la gente y trabaja pura y exclusivamente en su proyecto político hegemónico y de perpetuidad. Y hay un Poder Legislativo que, funcionando como escribanía de Gobierno, se limita a contribuir con todas aquellas leyes útiles para apuntalar y legitimar ese proyecto.

De prosperar estas reformas, mañana habrá un Poder Judicial que también estará trabajando para ese proyecto político, garantizando impunidad, removiendo obstáculos, callando o disciplinando a los que pensamos distinto, quienes nos habremos quedado incluso sin las herramientas legales más efectivas para hacer valer nuestros derechos.