Archivo de Tag: Economía

Los fabricantes de desempleo

Legisladores de la oposición y muchos comunicadores están proponiendo la prohibición de los despidos y la duplicación de las indemnizaciones en caso que las mismas sean convalidadas. A través de un proyecto de ley presentada por diputados kirchneristas se propone además la multiplicación de la industria del juicio y la burocratización en caso de despidos con causa o fuerza mayor. Las sanciones al empleador que intentara un despido multiplican los costos indemnizatorios y administrativos. En tren de demagogia irreal hay dos proyectos en el Congreso. Uno en el Senado que sólo prohíbe despidos por 180 días y otro en Diputados que prohíbe despidos, impone la doble indemnización hasta el 31 de diciembre de 2017.

Estas iniciativas lejos de beneficiar al trabajador lo perjudican. A quienes no están trabajando directamente las condenan a la pobreza más rígida e inmodificable. Los legisladores culposos por su falta de ideas para solucionar la pobreza y crear empleo no tienen mejor idea que convalidar el desempleo por generaciones.

Toda ley, todo reglamento que aumente los costos de contratación y desvinculación no hace otra cosa que disminuir la demanda de trabajo y favorecer la sustitución de trabajo por capital. Aumentar los costos laborales (gracias a estas medidas demagógicas) implica reducir la demanda de trabajo, excluir a los menos capacitados. Una medida cruel y despiadada disfrazada de falsa solidaridad.

Cuanto más costoso sea el contrato laboral mayor deberá ser la productividad del trabajador para ser contratado. Si el trabajador no es calificado inexorablemente perderá el empleo. El intento de proteger devino en fábrica de desempleo y exclusión.

Es necesario comprender que el concepto de costo laboral es bien diferente al concepto de salario. El llamado “costo laboral” incluye todos los impuestos y sobre costos derivados de la burocratización del contrato, la judicialización, y los riesgos derivados de la legislación. Esas supuestas protecciones incrementan los costos y por consiguiente reducen la demanda de empleo. Con ello reducen las posibilidades laborales de los pobres. Cuanto más regulación, menos trabajo. No más, menos. Es imprescindible comprender, también, que los costos laborales pueden bajar y al mismo tiempo ¡los salarios pueden subir!

El impuesto sobre el salario ronda entre el 40 y el 50% dependiendo de la actividad. Si consideramos costos de judicialización y conflictividad dicho “impuesto” puede llegar al 60%. Quiere decir que un salario promedio industrial del orden de $15.000 pesos brutos redunda en un salario en mano de $ 12.300 en tanto que el costo laboral que abona el empleador alcance los $22.725. Traduciendo el empleador paga $ 22.725 y el trabajador recibe $ 12.300. En el medio, impuestos, regulaciones, “salarios diferidos” (artilugio para denominar los supuestos beneficios jubilatorios y sociales), costos indenmizatorios, y supuestas protecciones.

No es casual que quienes proponen estas medidas jamás hayan pagado una quincena. Demuestra un desconocimiento total del mercado de trabajo su funcionamiento y los incentivos. En los últimos días muchos despidos se han acelerado sólo por los rumores de estas inútiles leyes curiosamente propuestas por quienes no generaron empleo privado desde 2011 hasta 2015.

Desde el nacimiento de la legislación laboral, políticos y sindicalistas se empecinaron en aumentar los costos laborales creando desempleo y marginación. Es el estado, en su intento pseudoprotector el que excluye.

Los salarios reales sólo pueden crecer si el trabajo es asistido con bienes de capital. Son las máquinas las que fortalecen la productividad del trabajador. Sin máquinas los salarios son necesariamente bajos. No hay grito sindical, huelga, legislación chamuyera, ni bravuconada política que pueda aumentar los salarios por obra de un decreto.

Si queremos disminuir los despidos, bajar el desempleo, aumentar los salarios reales y proteger de esa manera a los trabajadores nuestros diputados deberían pensar en generar incentivos a la inversión. Incentivos que no son subsidios ni protecciones sino un ambiente de negocios estable, impuestos bajos, y una razonable administración de justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura.

Los trabajadores que se sientan “protegidos” por los anuncios de los legisladores del kirchnerismo deberían saber que “hay amores que matan”. El chamuyo mata y la demagogia excluye. Doce años espantando inversiones tienen como corolario la tremenda incertidumbre que estamos viviendo.

El artículo fue publicado originalmente en la web del Insituto Cato.

El Gobierno alienta y naturaliza una inflación alta

Según todos los manuales de economía cuando la tasa de inflación anual supera el diez por ciento se considera “inflación alta”.

Diez por ciento es una tasa de inflación que durante toda la historia preocupó a todo el mundo. Independientemente que a los argentinos (especialmente) a sus gobiernos les guste y la disfruten, la inflación alta es siempre un problema.

La inflación licúa salarios, pulveriza esfuerzos y constituye un impuesto regresivo sobre las personas de menores ingresos. Los pobres no pueden defenderse del impuesto inflacionario. Lo pagan plenamente mucho más que los ricos. Además la inflación altera el sistema de precios, distorsiona inversiones y reduce la capacidad de ahorro. Necesariamente un país inflacionario se empobrece “pari pasu” la inversión deviene menor y menos eficiente.

El Estado es el único que se beneficia de la inflación y por eso la genera. Con inflación, el Estado recauda, sin legislar, un impuesto sobre los más pobres. Incluso, los gobernantes suelen culpar de la inflación a todos menos a ellos.

Lo cierto es que la inflación es “siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. El Estado crea inflación para recaudar sin que la gente se percate de ello. La causa de la inflación no hay que buscarla ni en los “comerciantes” ni en “los grupos concentrados” ni en los “especuladores”. La inflación es generada por la política expansiva del Banco Central que recibe órdenes del gobernante de turno.

La historia económica argentina del último siglo es la historia del fracaso económico debido a la inflación.

Un argentino que hoy tuviera 100 años, nacido en 1915, habrá pasado el 61% de su vida con inflación alta. Pero de esos 61 años con inflación superior al 10% en la Argentina habrá sufrido 17 años con inflación superior al 100% y 44 con inflación superior al 20%.

Sólo durante 39 años habrá tenido una tasa de inflación que le permitió ahorrar e invertir. Lamentablemente para nuestro anciano amigo 13 de esos 39 años sucedieron cuando tenía menos de 15 años y otros 8 cuando, en los noventa, cuando ya estaba jubilado.

Quiere decir que una persona que hoy tuviera 100 años pudo vivir en un país estable sólo en 16 años de su vida económicamente activa.

Un adulto de cincuenta años vivió con inflación alta (superior al 10% anual) el 78% de su vida. Le tocó sufrir la hiperinflación de 1989 justo a la mitad de su vida y sólo gozó de inflación baja durante 11 años (menos de tres mundiales).

Un niño que hoy tiene diez años ha soportado inflación elevada durante el 90% de su vida.

En cambio en Alemania, país pobre según el discurso oficial, un anciano de 100 años sólo sufrió inflación alta el 10% de su vida. Cuando de niño sufrió la peor hiperinflación del siglo XX.

Luego en los años 1946 y 1948 (post guerra) la tasa de inflación alcanzó 11 y 14% respectivamente.

Desde allí, la tasa de inflación alemana nunca superó el 5%. En los últimos 20 años no superó el 2% anual.

Alemania tuvo en los cien años de nuestro ejemplo muchos otros problemas. Y con sangre, sudor y muchas lágrimas los ha superado.

Nuestro país también sufrió problemas, pero lamentablemente parece que no hemos superamos ninguno. En especial, la soberbia de nuestros gobernantes