El Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente dentro del sistema de administración de Justicia. Se encuentra a cargo del procurador general, que es propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Senado de la Nación.
El rol que les corresponde a los fiscales que conforman el Ministerio Público tiene fines y objetivos muy claros: defender los intereses generales de la sociedad. En relación con la parte penal, el procurador a cargo del Ministerio tiene la facultad de definir cómo se persiguen determinados delitos que pueden tener una relevancia mayor en la defensa de dichos intereses.
Independencia y claridad en la defensa de los intereses generales de la sociedad: esos son los dos requisitos ineludibles que todo procurador general debe reunir. ¿Alejandra Gils Carbó ha demostrado tenerlos en estos tres años de gestión? Hay varias razones para sostener que no.
Desde su asunción en agosto del 2012, una larga lista de hechos nos llevan a concluir que su imparcialidad es, al menos, cuestionable. Quizás el ejemplo más emblemático fue el caso Campagnoli, donde pidió la suspensión del fiscal José María Campagnoli, quien se encontraba investigando la corrupción en el poder político en la causa conocida como “La ruta del dinero k”. Afortunadamente, la participación de la ciudadanía truncó este plan, lo que significó que Campagnoli conversara su cargo, pero no así la causa ni su equipo de colaboradores. Continuar leyendo