Por: Héctor Huici
El Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente dentro del sistema de administración de Justicia. Se encuentra a cargo del procurador general, que es propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Senado de la Nación.
El rol que les corresponde a los fiscales que conforman el Ministerio Público tiene fines y objetivos muy claros: defender los intereses generales de la sociedad. En relación con la parte penal, el procurador a cargo del Ministerio tiene la facultad de definir cómo se persiguen determinados delitos que pueden tener una relevancia mayor en la defensa de dichos intereses.
Independencia y claridad en la defensa de los intereses generales de la sociedad: esos son los dos requisitos ineludibles que todo procurador general debe reunir. ¿Alejandra Gils Carbó ha demostrado tenerlos en estos tres años de gestión? Hay varias razones para sostener que no.
Desde su asunción en agosto del 2012, una larga lista de hechos nos llevan a concluir que su imparcialidad es, al menos, cuestionable. Quizás el ejemplo más emblemático fue el caso Campagnoli, donde pidió la suspensión del fiscal José María Campagnoli, quien se encontraba investigando la corrupción en el poder político en la causa conocida como “La ruta del dinero k”. Afortunadamente, la participación de la ciudadanía truncó este plan, lo que significó que Campagnoli conversara su cargo, pero no así la causa ni su equipo de colaboradores.
A principios de este año, con la promulgación del nuevo Código Procesal Penal, pero sin la sanción de las leyes complementarias correspondientes para su operatividad, Gils Carbó avanzó con la designación de 18 nuevos fiscales, gran parte de ellos militantes de Justicia legítima. Reasignó entonces en diferentes funciones a fiscales que contaban con acuerdo del Senado para otras jurisdicciones. Distintas organizaciones de la sociedad civil impugnaron con éxito estas designaciones irregulares que buscaban convertir a los fiscales nombrados en un obstáculo —cuando no en un ejercicio de encubrimiento— para la investigación de delitos, especialmente los referidos a hechos de corrupción donde se involucra a altos funcionarios del Gobierno actual.
En otros casos ha demostrado en sus dictámenes una opinión alineada, más allá de lo opinable, con posturas del Poder Ejecutivo, como fue el caso de la elección de miembros del Consejo de la Magistratura, en abierta y manifiesta oposición a las claras prescripciones de la Constitución Nacional.
Gils Carbó ha dado sobradas muestras de ser funcional a los planes del kirchnerismo, actitud que le ha valido un sinnúmero de denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Si la misión del Ministerio Público es la de defender los intereses generales de la sociedad, es inaceptable que en la Argentina que viene el Ministerio Público Fiscal esté conducido por alguien con estos antecedentes. El procurador general de la Nación goza de estabilidad mientras dure su buena conducta. A la luz de los hechos, su buena conducta es objetable.