El Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical han sido, sin duda, las instituciones políticas que concentraron las mayores preferencias y pasiones de los electores durante el siglo XX. De ellos, nacieron grandes referentes sociales y políticos que hicieron historia. De la buena y de la mala, como siempre, como todos, pero historia al fin. Sin embargo, ya en la última etapa del siglo pasado, por diversos fenómenos que no son materia de análisis de estas líneas, se han transformado tan solo en cunas de elites gobernantes sin sustento social, cerrando y condicionando la oferta electoral para mantenerse. Y desde dicha posición, han acordado sistemáticamente a espaldas de la gente y favor de sus propios intereses de élite. El Pacto de Olivos ha sido la muestra más flagrante. El “Núcleo de Coincidencias Básicas” que le dio origen lo cerraron no más de 10 personas, y de ellas a más de la mitad ningún ciudadano lo había elegido para nada.

El pacto que ambos sectores hoy proyectarían para “reordenar” la Corte Suprema luego de los fallecimientos de Carmen Argibay y Enrique Petracchi y la renuncia de Eugenio Zaffaroni, es el Pacto de Olivos redivivo. Un esquema de distribución de caja y poder entre un Gobierno en retirada y un sector político con remotísimas chances de gobernar la Argentina los próximos años. Las curiosidades del Congreso de la Nación y el diseño legal del Consejo de la Magistratura les da esta chance. Como la Cámara de Diputados se renueva por mitades, la derrota kirchnerista en las legislativas de 2013 no resultó demasiado significativa en términos numéricos, por el impacto de su victoria dos años antes. El poder del aparato radical y el sistema de distribución que estableció con el propio peronismo en muchas provincias hace que un partido sin capacidad de proponer un candidato presidencial que en las encuestas alcance dos dígitos de las preferencias sea el segundo de los bloques.

Si así funciona en Diputados, mucho más en el Senado, donde la renovación es por tercios, y el sistema de acuerdos provinciales para entregarle los dos senadores por la mayoría al PJ a cambio de garantizarse la UCR el de la minoría es casi invariable. El diseño de las Cámaras, y la estructuración del sistema de partidos, han sido creados y renovados para favorecer dichos acuerdos de élite a espaldas del ciudadano. Por eso no resulta sorprendente ni mucho menos imposible, que vuelvan a pactar para modificar la Corte Suprema, uno que se va y otro que no va a venir.

Por su parte, el Consejo de la Magistratura tiene un amplio dominio de los sectores políticos desde la reforma de la ley 26.080 que el kirchnerismo sancionó en 2007. De sus 13 integrantes, 7 son fruto de la política pura: 1 que representa al Poder Ejecutivo y 6 al Legislativo, todos ellos kirchneristas o radicales, al menos por ahora. De los dos representantes de la abogacía, los radicales han logrado imponer a uno, el del interior del país, como históricamente lo han hecho. Y también los K han renovado al académico que selecciona el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) que depende del Ministerio de Educación. En fin, sin contar uno o dos jueces cercanos a Justicia Legítima, entre peronistas y radicales hay 9 sobre 13 miembros del Consejo a disposición de un eventual Pacto de Olivos II.

En los últimos días, son insistentes las versiones de un acuerdo entre ambos espacios, que implicaría que el kirchnerismo avance en el nombramiento de un radical en reemplazo de Eugenio Zaffaroni en la Corte Suprema, a cambio justamente de que los radicales del Consejo de la Magistratura avalen el nombramiento de cuatro kirchneristas en sendas vacancias que hoy tiene la Cámara Nacional de Casación Penal, y que además, el radicalismo apoye en el Congreso el nuevo Código Procesal Penal, que entre otras particularidades pone la investigación de los delitos en manos de los fiscales, dándole a los jueces el rol de evaluar un prueba que no han sido responsables de obtener.

Muchos leen, no sin razones, que todo esto es un pacto de garantía de impunidad: Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación y jefe de todos los fiscales, ha demostrado un férreo control sobre gran parte de los mismos; y por otro lado, el fin último de las causas penales, incluídas aquellas por corrupción, concluyen en la Cámara de Casación. El combo parece perfecto para los K y su futuro. Pero no se trata solamente de esto. También resulta un condicionante peligroso para el gobierno que venga. Sus funcionarios quedarán a merced de un esquema penal parcial y politizado, y además presionado desde el Congreso.

Como en todas las conclusiones de largos ciclos, la gente percibe la necesidad de dar un giro y romper la encerrona de la política tradicional peronista-radical y buscar variantes más modernas que saquen a la Argentina del caos en que tal bipartidismo la sumió durante todo el siglo XX. Y como es evidente, la política tradicional, acuerdista y espontáneamente oligárquica, tiende a coaligarse para resistir el mantenimiento de sus espacios de poder al margen del deseo social. Desde el ciudadano, analizándolo de esta forma o de otra, o solamente desde lo intuitivo, la gente sabe que ha sido inserta en un laberinto de acuerdos oscuros de los que no participa, y empieza a mostrar que desde 2015, elegirá mandatarios de otras vertientes, alejadas de esas élites, novedosos, modernos. Pero que seguramente estén lo bastante amarrados por esa oligarquía política oculta pero omnipresente, que bien podría condicionarle la Justicia, y manipularle el Congreso. Y si “la novedad” electa por la gente no mantiene un fuerte respaldo social al menos hasta 2017, en que vuelven a renovarse las Cámaras, puede quedar presa de esos sectores a los que ya nada les queda de democráticos.

Una ciudadanía alerta, analítica y despierta es la única chance de salir lentamente de ese nudo tan cuidadosamente tejido para que nunca podamos saber quién maneja las cosas, quién controla nuestras vidas. A fines de 2015 asumirá un nuevo Gobierno, si la Corte Suprema tiene vacancias, los argentinos deben estar alerta para impedir que se completen apenas unos meses antes, por parte de estos sectores que alguna vez Mauricio Macri llamó el “círculo rojo”. Vienen tiempos de romper las viejas estructuras. El humor social y las preferencias que exhiben las encuestas son muestra clara de ello. Pero para custodiar el cambio hay que estar muy atentos. No transen más, ya no hay margen.