Por: Horacio Minotti
Para quienes alguna vez transitamos con asiduidad los pasillos del edificio de la Avenida Comodoro Py, donde asientan los juzgados y fiscalías federales en lo penal, no puede dejar de sorprendernos algunos movimientos, que deben atribuirse, inequívocamente, al sospechoso y trágico deceso del fiscal Alberto Nisman.
Porque jamás se había producido un comportamiento tan diametralmente opuesto entre jueces federales y fiscales del mismo fuero. Opuesto y a la vez, uniforme: casi todos los fiscales proceden del mismo modo; casi todos los magistrados también siguen una línea similar.
Para graficar la situación basta con observar cómo, nada menos que ocho fiscales federales presentaron juntos una denuncia para que se investigue si el presunto agente de inteligencia Allan Bogado, mencionado por el fiscal Nisman como la persona que, en el marco del plan criminal de encubrimiento del atentado a la AMIA que estaba denunciando, presionaba a los magistrados de ese fuero en nombre del gobierno nacional. Es decir, casi todos los fiscales federales de primera instancia titulares y el fiscal de la Cámara Federal, denunciaron juntos un hecho derivado de la denuncia madre del extinto fiscal Nisman.
Si nos detenemos un poco más en estos hechos, podremos observar que, a excepción de Federico Delgado y Carlos Rívolo, los otros tres fiscales que no firmaron la citada denuncia son meramente subrogantes, es decir, funcionarios del Ministerio Público que la Procuradora Alejandra Gils Carbo puede desplazar sin dar explicaciones y, por cierto, sin juicio político.
En la misma línea se pueden aportar otros detalles, como la denuncia iniciada por el fiscal Guillermo Marijúan respecto a una presunta actividad de inteligencia ilegal sobre Nisman, por el modo en que las cámaras del Aeropuerto de Ezeiza seguían sus movimientos en el momento que llegó al país. Cabe aclarar que Marijuán también es denunciante en la presentación que se menciona en el párrafo precedente.
Y, por si no bastara con lo anterior, como un hecho inédito en la historia, los fiscales federales convocan a una marcha del silencio en homenaje al colega muerto en circunstancias dudosas. Nunca había ocurrido algo semejante.
En total contrapartida, los magistrados del mismo fuero parecen bastante esquivos a hacerse cargo de la temática. En su momento el juez a cargo de la investigación de la voladura de la AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, restó importancia a la denuncia de Nisman, aún sin ser el magistrado a cargo de la misma, y hasta desmintió haber autorizado las escuchas telefónicas que la fundamentaron, cuando el fiscal sostuvo que si lo había hecho.
En idéntico sentido, el juez Ariel Lijo, quien si está a cargo de investigar las irregularidades de la causa principal por la AMIA, rechazó hacerse cargo de investigar la denuncia de Nisman, por no encontrar conexidad entre unas irregularidades y otras. Y para completar el cuadro, el juez Daniel Rafecas, mediante su reemplazante Sebastián Ramos, tampoco quisieron investigar el tema, y se lo devolvieron a Lijo, entendiendo que los expedientes son, sino conexos, relacionados.
Es decir, entre los magistrados, la causa que se origina por la denuncia de Nisman, es una papa caliente que se arrojan unos a otros, negándose a investigarla, mientras que entre los fiscales, la misma arroja una serie de presuntos delitos adicionales que pretenden investigar, y además deciden funcionar coaligados para protegerse.
No es el descripto un comportamiento que pueda reputarse habitual en Comodoro Py, es más bien, una evidente ruptura entre dos patas de los procesos penales federales que deberían funcionar más o menos articuladas. Y tal comportamiento surge evidente a partir del Nismangate. Habrá que esperar para ver si se profundiza la ruptura, hasta dónde llega y qué nuevas consecuencias arroja.