Archivo de Tag: AMIA

AMIA y juicio en ausencia

El Ministerio de Justicia de la Nación estudia diversas maneras de darle impulso a la causa AMIA y una de las recetas mencionadas es la de seguir el proceso adelante en ausencia de los imputados. Hasta aquí la Justicia argentina ha avanzado todo lo que la legislación local permite: se llegó a la convocatoria a declaración indagatoria de un grupo de imputados que no se presentaron a “estar a derecho” y permanecen en rebeldía, pese al pedido de captura internacional tramitado vía Interpol, protegidos por su país de origen: Irán.

¿Por qué la Justicia no ha avanzado más? Simplemente porque la declaración indagatoria de los imputados en el acto de defensa en juicio es parte importante del proceso penal, el que garantiza dicho derecho de defensa y cumple con la sagrada regla constitucional establecida en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Sin indagatoria, el magistrado no puede procesar, porque implica una negación de un principio insoslayable.

Ahora bien, tampoco puede desconocerse que la doctrina y la jurisprudencia penal internacional, ante determinas circunstancias excepcionalísimas, han dejado de lado principios básicos que se entendían ineludibles en materia penal. Más precisamente, estas excepciones se han relacionado con los llamados delitos de lesa humanidad.

En ellos, por ejemplo, se ha desestimado el instituto de la prescripción, que también es fundamental para los sistemas penales modernos, porque garantiza que la persecución punitiva del Estado no es eterna, tiene un límite temporal, de acuerdo con la legislación de cada Estado, pero siempre uno. Continuar leyendo →

El voto de Gemignani

El 30 de marzo de 2013, apenas aprobado en el Congreso de la Nación por la abrumadora mayoría kirchnerista de entonces el pacto de impunidad con Irán, la Organización de Estudios Sociales y Políticos (OESYP), que dirijo, emitió un informe en los siguientes términos:

“Anoche el Congreso dio forma definitiva al acuerdo con Irán para permitir que los sospechados por el brutal múltiple homicidio de la AMIA se juzguen a sí mismos. El artículo 214 del Código Penal, la Constitución y la duración de los fueros.

La Constitución Nacional los llama infames a los traidores a la patria. El artículo 214 del Código Penal tipifica la traición. Dice: ‘Será reprimido con reclusión o prisión de 10 a 25 años, o reclusión o prisión perpetua en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra esta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro’.

Interesante artículo para desmenuzar: tanto la presidente Cristina Fernández como el canciller Héctor Timerman, y todos y cada uno de los legisladores que en el Senado y la Cámara de Diputados votaron a favor la ley que corroboró el memorándum de entendimiento con Irán deben obediencia a la nación por razón de su función pública. Continuar leyendo →

Sobre Fayt y su resistencia. El juicio de la historia

Hay un proceso que no suele guardar las habituales garantías de los estados de derecho. Por eso, en ellos no juega la prescripción ni tampoco el instituto de la “cosa juzgada”. Son los juicios de la historia, esos espacios en la memoria o en los libros donde, los que llegaron a lugares cuya presencia cambió, de un modo u otro, el curso de los acontecimientos, serán juzgados.

Todo lo que hayan hecho a lo largo de los años, será puesto en una balanza. Se sopesaran pros y contras, se destacarán virtudes y defectos y, naturalmente, habrá un modo en que en el futuro, se reconocerá a dicho personaje. O simplemente será olvidado, sólo mencionado en una cena multitudinaria en una casa de barrio, por alguno de esos memoriosos: “-¿Te acordás de Aníbal?. -¿Quién?. – ¡El de los bigotes!. –Qué sé yo, ni había nacido”. El que uno no recuerda porque “no había nacido”, no quedó en la historia. Continuar leyendo →

Federales versus federales

Para quienes alguna vez transitamos con asiduidad los pasillos del edificio de la Avenida Comodoro Py, donde asientan los juzgados y fiscalías federales en lo penal, no puede dejar de sorprendernos algunos movimientos, que deben atribuirse, inequívocamente, al sospechoso y trágico deceso del fiscal Alberto Nisman.

Porque jamás se había producido un comportamiento tan diametralmente opuesto entre jueces federales y fiscales del mismo fuero. Opuesto y a la vez, uniforme: casi todos los fiscales proceden del mismo modo; casi todos los magistrados también siguen una línea similar.

Para graficar la situación basta con observar cómo, nada menos que ocho fiscales federales presentaron juntos una denuncia para que se investigue si el presunto agente de inteligencia Allan Bogado, mencionado por el fiscal Nisman como la persona que, en el marco del plan criminal de encubrimiento del atentado a la AMIA que estaba denunciando, presionaba a los magistrados de ese fuero en nombre del gobierno nacional. Es decir, casi todos los fiscales federales de primera instancia titulares y el fiscal de la Cámara Federal, denunciaron juntos un hecho derivado de la denuncia madre del extinto fiscal Nisman. Continuar leyendo →

Nunca más

La muerte del fiscal Alberto Nisman, solamente una semana después de haber denunciado una conspiración del Gobierno argentino para encubrir la responsabilidad de funcionarios iraníes en la voladura de la mutual judía AMIA, determina los próximos cien años de historia argentina, que será una o será otra, de acuerdo a los resultados y conclusiones que surjan de la investigación, de las responsabilidades que se establezcan respecto de su deceso, de cómo avance la causa que llevaba adelante, y de que ocurra con todas las pruebas que el fiscal decía tener y que lo llevó a imputar a varios funcionarios, de la presidente Cristina Fernández hacia abajo.

Nuestro país podrá ser un lugar donde la vida de nuestros hijos valga unos pocos centavos, donde ningún argentino de bien querría vivir, gobernado por mafias de una u otra ideología, da igual, que hacen y deshacen a su antojo, que asesinan a quien se interfiera con sus oscuros intereses con absoluta impunidad.

La Argentina será todo esto y seguramente cosas mucho peores si la prueba que Nisman decía tener ya no está, o indica cosas muy distintas a las denunciadas; o si se determina que se trató de un suicidio fruto de un amorío no correspondido justo el día previo a divulgar sus pruebas en el Congreso; o si debemos esperar diez años para saber que ocurrió; o si no lo sabemos nunca.

Y entonces habremos perdido la patria, el pasado y el futuro no tendrán sentido. Mariano Moreno y el General San Martín habrán perdido el tiempo y desperdiciado su vida, la lucha por el voto secreto, la recuperación democrática, los juicios a las juntas, y todo hombre que haya dado su vida, su salud o su intelecto por esta patria, habrá tirado su carne a las hienas, todo lo que hayan hecho habrá valido nada.

Nadie puede prohibirme ese optimismo casi patológico que periódicamente me atrapa sin razón alguna, de creer que por una vez algo distinto va a pasar, y que el después sea un homenaje a esta valiosa vida perdida y a tantas otras que se cegaron en distintas circunstancias. Y que la causa avance rápido, que se descubra y encarcele a los responsables del evidente homicidio, se enjuicie a los que elaboraron la patética puesta en escena, se dilucide el eventual encubrimiento del gobierno argentino que Nisman pretendió probar; y la Argentina pase a ser un país razonable, medianamente serio, donde las mafias tengan que tener cuidado en su accionar, una patria en la que uno pueda creer que hay alguna chance de que las organizaciones criminales no dominen complemente el Estado, un país que nos esperance en que si nuestros hijos se forman, trabajan con ahínco y dedicación, podrán crecer, ser felices, y vivir sin otros temores que los lógicos de cualquier persona que vive en una civilización.

“Nunca Más” fue la frase que quiso inaugurar una nueva etapa de nuestra historia, pero ¿nunca más qué?  La referencia no era una alusión exclusiva a la dictadura, eso es un torpe reduccionismo. Nunca más la muerte, nunca más el Estado vinculado o relacionado con el delito, el encubrimiento, los asesinatos en masa como en la AMIA.  Nunca más la impunidad total y vergonzosa y temible y desconcertante. “Nunca Más”, quiso decir, que el imperio de la ley empezaba a regir sobre los intereses mezquinos de los delincuentes.

El caso Nisman, su muerte y la investigación sobre el eventual encubrimiento que denunció, es un antes y un después, para bien o para mal, en la historia argentina y la vida de todos nosotros. Jamás nos imaginamos que 33 años después debíamos seguir luchando porque el espíritu del “Nunca Más” no sea pisoteado, pero hoy está al borde. Los asesinos de la democracia, de la ley, del estado de derecho, lo han llevado al filo del abismo. El “Nunca Más” está muy cerca de haber muerto con Alberto Nisman.

 

AMIA: el pacto con Irán fue espurio de origen

El 8 de marzo de 2013, apenas una semana después que el Poder Ejecutivo promulgara como ley el “Memorandum de Entendimiento” con Irán, varios letrados bajo la conducción del diputado porteño del PRO Daniel Lipovetzky, solicitamos a la Justicia que declare la inconstitucionalidad del pacto que conducía irremediablemente a la impunidad de los acusados por la voladura de la AMIA.

Es que dicho pacto estaba viciado ab initio, de ilegalidad y de sospechas. Por cierto, no contábamos con la información que llevó al fiscal Alberto Nisman a imputar a la Presidenta de la Nación y a otro grupo de sus colaboradores cercanos, pero del análisis jurídico del Memorandum, de la forma en que se lo sancionó en el Congreso y de la premura del Ejecutivo, surgía evidente que se trataba de un “perdón”, de la consagración de la impunidad y por cierto, todo ello no podía ser gratuito. Continuar leyendo →

Paciencia o estupidez

La presidente Cristina Fernández de Kirchner se presentó en la Asamblea de las Naciones Unidas y habló frente a los presidentes de países que componen el organismo, haciendo girar su discurso sobre dos ejes clave: las dificultades para dirimir conflictos con los acreedores externos, y el, a todas luces escandaloso, acuerdo con Irán por el atentado a la mutual AMIA en Buenos Aires, en 1994.

Sobre este último tema en particular, defendió la postura Argentina en los términos de aquél llamado “Memorandum de Entendimiento”, al que dio rango de Tratado Internacional, con su aprobación por parte del Congreso de la Nación, y pidió a las autoridades del país persa, que definan su posición al respecto, especialmente que comuniquen si sus autoridades han, por fin, aprobado dicho memorándum, como se hizo por estos lares. Dijo la mandataria que su gobierno desea tener “una fecha” para que el magistrado argentino viaje a Teherán y que aspira a que los iraníes no confundan nuestra paciencia con “estupidez”.

Que se le cumpla este último deseo a Cristina Fernández es realmente complejo. El gobierno de Irán bien podría confundir con estupidez varias cosas, no solamente la paciencia Argentina, sino también el simple hecho de haber firmado tal acuerdo, la celeridad desesperada mostrada por el Ejecutivo para que el mismo sea aprobado en el Parlamento, que fue convocado a sesiones extraordinarias en febrero de este año, con el solo fin de servirle en bandeja a los iraníes, la posibilidad de participar activamente de su propio juzgamiento.

Debe recordarse que el acuerdo (Memorandum de Entendimiento) viola todos los principios básicos del derecho penal local e internacional, y que los funcionarios iraníes presuntamente implicados con el atroz atentado a la AMIA, se encuentran convocados a prestar declaración indagatoria. En esto último hay que ser claros: la indagatoria no es una prueba en el proceso penal, como sí lo es la prueba “confesional” en las demás ramas del derecho. La indagatoria es un acto de defensa de un imputado, en el que no existe penalidad por tergiversar la realidad o entregar al magistrado indicios o elementos falsos, porque se entiende que tales maniobras forman parte de ese derecho de defensa.

En principio y en el 99% de los casos, cuando un juez convoca a un imputado a indagatoria lo hace porque es un acto previo (constitucionalmente requerido para no violar el derecho de defensa) a dictar el procesamiento, porque ya cuenta con “semiplena prueba” para determinar que el citado es “prima facie penalmente responsable” del acto que se le imputa. Es decir, la Justicia argentina tiene elementos para procesar a los iraníes por la voladura.

El Memorandum otorga a los imputados la posibilidad de formar parte de una especie de “Tribunal juzgador sui generis”, inexistente en nuestro derecho penal, que trazará la línea que deberá seguir el juez argentino y la aportará las pruebas que este deberá valorar. Y como en ese Tribunal que crea el Memorandum habrá agentes designados por el gobierno iraní, se les está dando la posibilidad de juzgarse a sí mismos, al menos de modo encubierto o parcial.

Esta potestad extraordinaria otorgada a un imputado, es abierta y manifiestamente inconstitucional, no sólo por la participación del propio Estado iraní, al que se sindica además como promotor o al menos encubridor del hecho en el expediente, sino además porque dicho cuerpo creado por el Memorandum, tiene participación de funcionarios del Poder Ejecutivo argentino, que según el artículo 109 de la Constitución Nacional “en ningún caso …puede ejercer funciones judiciales, ni arrogarse el conocimiento de causas pendientes…”, tal sería el caso.

Oportunamente, tanto la AMIA como institución, como un grupo de abogados que el Suscripto integra, impugnamos ante la Justicia la constitucionalidad de la ley que aprobó dicho Memorandum, aunque el expediente se encuentra en trámite y no ha alcanzado un fallo todavía.

Ahora bien, desde el punto de vista estrictamente político, más allá de lo jurídico, el gobierno de Cristina Fernández, con fines poco claros, llegó a un acuerdo absolutamente cuestionable con Teherán. Lo anunció, proclamó y sostuvo, y de modo urgentísimo se lo hizo aprobar por el Congreso. Pagó un altísimo costo político por esto. Y desde febrero pasado, hace ya 8 meses, no ha vuelto a tener noticias del régimen iraní, sobre sí ellos mismos tienen pensado acceder a la posibilidad de juzgarse a sí mismos, o ni siquiera eso les importa, todo lo cual implica, además de lo explicado en los párrafos anteriores, un papelón disparatado de la diplomacia local y de la política exterior del gobierno.

Como toda medida decidida por el Ejecutivo en los últimos años, no hubo opción de debate, ni sugerencias, ni opciones de cambiar la iniciativa del Ejecutivo, sino una imposición acelerada y brutal, haciendo uso de las mayorías parlamentarias que detenta el gobierno. Esto para servirle en bandeja una solución al régimen iraní, que el mismo ha optado hasta ahora por ignorar.

Esa pintura hace muy complejo que las autoridades de Teherán no confundan todo el cúmulo de acciones de nuestro gobierno con “estupidez”, tal como aspira ahora la presidente. No es posible imaginar con que otra cosa podrían confundirlo, aunque es cierto que bien mirado, también podría creerse que se trata de impericia, de torpeza o de total y absoluto desmanejo de las relaciones internacionales y del derecho interno.

Irán no responde y la presidente ruega (tal es su estilo, enérgicamente, pero sin dejar de ser un pedido desesperado), una respuesta en los foros internacionales, al acto de urgente genuflexión consagrado en febrero pasado, ante un país cuyos comportamientos son materia de condena constante en los mismos foros, y del que nuestros ciudadanos, tal como indican los elementos de la causa judicial, han sido víctimas en AMIA. Personalmente creo que en este caso, el deseo presidencial no va a verse cumplido: definitivamente el régimen que gobierna Irán ha “confundido” nuestra destreza diplomática con “estupidez”.