En estos tiempos, parece que la frase derechos humanos se ha reducido a algo así como la acumulación de gestos improductivos y palabras grandilocuentes sin efecto práctico. Pero hubo un tiempo en que se realizaron acciones concretas y reales en pos de garantizar los derechos humanos en nuestro país, épocas en que, además, la cosa no era tan sencilla.
La fecha olvidada es el 13 de febrero de 1984, hace exactamente 30 años, en la que el Congreso de la Nación, por iniciativa e impulso del presidente Raúl Alfonsín, sancionó la ley 23.049 que reformaba el Código de Justicia Militar, para evitar que las juntas responsables del genocidio de fines de los 70 y principios de los 80 sean juzgadas por tribunales militares.
Dicha norma estableció que la Justicia Militar solo atendería los delitos que afectasen su propia actividad, mientras que todo otro delito cometido por un militar debería ser juzgado por la Justicia ordinaria, la de todos. Asimismo, se estableció que los fallos de los tribunales militares podían ser objeto de apelación ante la Cámara Federal, y que además, en caso de que la Justicia Militar demorase excesivamente una sentencia, dicha Cámara podía tomar el expediente en sus manos y tramitarlo por su cuenta.