El fraude electoral masivo está extinguido en la Argentina. No hay modo de llevarlo a cabo, no solamente por las condiciones de secreto y universalidad del sufragio, sino porque además el control social sobre el proceso es intenso y cualquier irregularidad demasiado llamativa, grosera, es expuesta a cientos de miles de personas por internet y por las redes sociales de modo que el escándalo no quede impune.
Pero lo que innegablemente existe, y es manejado por los oficialismos, casi siempre y especialmente en el interior del país, es lo que podría llamarse cuasi-minifraude, que implica una serie de acciones, casi siempre limítrofes con la ley, que generan entre un 2 % y un 3 % adicional de los sufragios a favor de ese oficialismo. No es significativo en la mayoría de los casos, casi nunca define una elección, a menos que esta sea reñida, ajustadísima, como ocurrió en Santa Fe. Continuar leyendo