A partir de la sanción del nuevo régimen de responsabilidad del Estado frente a los particulares, sea por sus acciones u omisiones, el sistema constitucional de igualdad ante la ley se ha roto. Una vez más, los representantes del pueblo disparan contra él, generando la existencia de un supersujeto impune, con actividades similares, pero un régimen absolutamente diferenciado, dejando indefensos a los ciudadanos.
En la misma línea de la ley que se aprobó en el Congreso, limitando la posibilidad de obtener medidas cautelares contra el Estado Nacional, y que fuese declarada inconstitucional por todos los jueces de primera y segunda instancia que evaluaron el tema, y luego por la mismísima Corte Suprema, otra vez el Gobierno y los legisladores que le responden alejan al Estado de la gente, muestran que ese instrumento que controlan es superior a cada ciudadano, y puede hacer con nosotros lo que guste sin hacerse responsable.
En medio de la “cortina de humo” de las reformas del Código Civil y Comercial, se ha dado media sanción a la ley que limita la responsabilidad del Estado frente a los ciudadanos. Por solamente mencionar algunos ejemplos, si el Estado le provoca a usted un daño, no le será posible reclamarle lucro cesante. ¿Qué es eso? Si yo lo atropello con el auto, no solamente debo pagarle (o mi compañía de seguros) su tratamiento y recuperación, sino además el dinero que “dejó de ganar” el tiempo que estuvo sin poder realizar sus trabajos habituales por mi culpa. Esto se calcula de acuerdo con lo que el atropellado gana por mes habitualmente, y si no lo ha percibido dado que se encontraba recuperándose por mi inconsciencia o error, debo resarcirlo. El artículo 12 de la nueva ley dice que “en ningún caso procede la reparación del lucro cesante”. ¿Por qué? Porque no, viejo, porque desde ahora es usted un ser inferior.