En cualquier democracia, cualquiera tiene el derecho a elegir con libertad. En las democracias representativas, lo que se elije es justamente un representante o una lista de ellos, con lo que, de acuerdo con la teoría del contrato social, plasmado en el cuerpo constitucional, se delegan funciones de gobierno de algún tipo, sean legislativas o administrativas.
Es un claro contrato, donde el ciudadano cede derechos total (el uso de la fuerza legítima) o parcialmente (el derecho de propiedad, para ser reglamentado) y recibe, a cambio, el hecho de que un ciudadano o un grupo de ellos se preocupe por cumplir los fines del interés común.