El ex diputado nacional, ahora en busca de su reelección, Adrian Pérez, parece ser el hombre que Sergio Massa ha encargado de llevar adelante las propuestas sobre la problemática de la Justicia, en campaña. La calidad de abogado de Pérez, y su rol cercano a Elisa Carrió, denunciante vocacional, durante sus dos períodos anteriores como legislador nacional, parecen darle cierta legitimidad para abordar esos temas.

La ocurrencia de Pérez, sobre derogar las leyes de reforma judicial sancionadas este año, y que implicaron un violento límite puesto por la Corte Suprema al Poder Ejecutivo por las múltiples violaciones a la Constitución Nacional que dichas leyes contienen, es al menos poco conducente. Por esos mencionados y ya conocidos fallos de la Corte y de los más diversos Tribunales del país, la reforma al Consejo de la Magistratura no es aplicable, la modificación del régimen de medidas cautelares tampoco, ni la creación de nuevas Cámaras de Casación.

Por ende, como propuesta “revolucionaria”, el hecho de derogar leyes que no son operativas, es al menos, tibio. Ciertamente, el buen orden del plexo normativo puede requerir que se deroguen aquellas leyes no aplicables para impedir confusiones en algún aspecto, pero habiendo ya sentenciado el Máximo Tribunal de la República, que esas normas no son de aplicación, podríamos decir que dedicarse a derogarlas es un trabajo poco conducente.

La realidad es que el funcionamiento de la Justicia debe modificarse, tal vez incluso, “democratizarse”. No como intentó hacerlo el gobierno, que en realidad usó la palabreja para “tiranizar” el Estado y manipular el único de sus tres poderes que no le responde servilmente. Pero no cabe duda que es una deuda institucional para con los ciudadanos mejorar el servicio de Justicia; y resulta al menos acotado que el referente en la materia de una opción como la que encabeza Massa, con pretensión “renovadora”, anuncie la derogación de lo inaplicable como si se tratase de una iniciativa superadora.

Tal vez, sería un tanto más elaborado escuchar hablar a Pérez de una modificación de los Códigos Procesales para acelerar las causas y que las demoras en los procesos no impliquen una cuasi denegación de Justicia para los ciudadanos. El hecho de que dichos cuerpos normativos casi no establezcan plazos para las Cámaras de Apelaciones en el dictado de sus sentencias, suele resultar en una demora inexcusable en el servicio de Justicia. Una modificación en tal sentido, sería al menos deseable.

Por otro lado, ha resultado al menos cuestionable, la composición de los jurados que resuelven los concursos para quienes se postulan como futuros magistrados. Casos de exámenes donde los concursantes “parecían” conocer las preguntas con antelación, por ejemplo, ponen en crisis la forma en que se componen dichos jurados. Transparentar la Justicia, garantizar la independencia de los magistrados y la influencia lo más mínima posible del poder político en la nominación de jueces bien merecería un proyecto que busque el modo de componer los jurados de tal manera, que resulte mucho más complejo beneficiar a uno u otro concursante.

Por otro lado, y si bien la Corte impidió la aplicación de esta última reforma al Consejo de la Magistratura, el Consejo reformado por la ley 26.080, hoy vigente, también es inconstitucional, porque viola los equilibrios entre estamentos impuestos por la Constitución Nacional. Dicha inconstitucionalidad ha sido acusada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal hace seis años, y extrañamente la Corte Suprema se ha expedido antes sobre la modificación hecha en 2013 que sobre la implementada en 2006, sobre la cual todavía guarda silencio.

Incluso, la modificación de la 26.080 que deja al Consejo casi bajo control del poder político, fue sancionada en el Congreso en tiempos en que el propio Pérez era diputado, y éste se opuso en aquel entonces a tal sanción. Bien podría hoy retomar el tema ya que aparentemente se la encargado dedicarse al mismo, y plantear la derogación de la inconstitucional 26.080 que está siendo aplicada y no de leyes que en la práctica no tienen ninguna validez.

Existen muchas cuestiones que proveerían a la transparencia Judicial e institucional y que están pendientes. Un mejor diseño de los organismos de control, para que la trampa legal no los deje siempre en manos del propio gobierno que deben controlar, o la resurrección de la Oficina Anticorrupción o la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, con independencia del poder político para que puedan cumplir su rol, serían propuestas interesantes.

A veces resulta un tanto desesperanzadora la carencia de imaginación e iniciativas útiles de ciertos sectores de la “renovación”, en este caso de un “renovador” que va por su tercer mandato en la Cámara de Diputados. No es suficiente con buscar el anuncio que mediáticamente genere algún impacto, eso es de corto alcance, de bajo vuelo. Hay cosas que cambiar en serio y no hace falta mucho más que un poco de trabajo y conocimiento del área. Con derogar lo que de todos modos no se aplica, no alcanza para ser “renovador”.