El rechazo de la apelación argentina por la Corte Suprema de los Estados Unidos definitivamente no es una buena noticia. Sin embargo, no es el fin del mundo. La Argentina aún tiene chances de llegar a la Corte gracias a la apelación actualmente en curso ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York sobre la metodología de pago de los 1300 millones de dólares reclamados por un grupo de holdouts. En la medida que el Segundo Circuito no levante el stay que suspende los efectos del fallo del 23 de agosto (aquel que ordenó a la Argentina pagar el 100% de lo reclamado por los demandantes en forma concurrente con los pagos de la deuda reestructurada) no hay peligro en el corto plazo.

Es decir, la resolución definitiva de este caso no es inminente. Más bien lo contrario: esta saga podría extenderse al menos por un año e incluso más. La demora en llegar a una sentencia definitiva aleja el riesgo de un default originado en un fallo adverso. Tanto para el gobierno argentino como para los tenedores de bonos del canje ésta es una buena noticia.

De hecho, el paso del tiempo incluso podría facilitar desde lo jurídico una salida negociada. El 31 de diciembre de 2014 expirará la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que otorga a quienes entraron en los canjes de 2005 y 2010 el derecho a solicitar un trato equivalente en caso de que Argentina realice una mejor oferta a quienes no participaron en dichas reestructuraciones. Si el gobierno argentino deseara alcanzar una salida negociada con los holdouts, ofreciendo mejores términos que los presentados en 2005 y 2010, podría hacerlo a partir de 2015 sin tener que compensar al resto de los bonistas.

La realidad es que aunque en lo estrictamente técnico la expiración de la cláusula RUFO favorece una salida de este tipo, desde la lógica política encarar una negociación con los holdouts es difícilmente practicable debido a su elevado costo político. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en varias ocasiones ha señalado que no pagará un centavo a los “fondos buitres”. Difícilmente acceda a destruir el relato durante su último año de gestión en el contexto de la sucesión presidencial. Quien suceda a Cristina Kirchner, en caso de que este tema aún no haya sido resuelto, deberá lidiar con este asunto. Salvo que la Corte Suprema en la próxima apelación le dé la razón a la Argentina, pagarle a los holdouts en mejores términos que a quienes ingresaron al canje será difícil de presentar ante la opinión pública local. Y quien deba encarar esta tarea, deberá aceptar que pagará por ello un costo político considerable. Es decir, por un tiempo la Argentina deberá convivir con el riesgo de un default provocado no por falta de capacidad de pago sino por la posible reacción del gobierno frente a una decisión judicial adversa en una corte extranjera, algo impensable tras los canjes de 2005 y 2010.

La reestructuración de la deuda en default fue probablemente uno de los mayores logros del ciclo político kirchnerista. Incluso se trataba de un logro que trascendería al kirchnerismo y que beneficiaría a quienes lo sucedieran en el manejo del gobierno. La cuestión de la deuda fue una espada de Damocles para todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia. La reestructuración de 2005-2010 cambió esto al alivianar notablemente la carga que la deuda representaba para el Estado nacional.

El éxito de la reestructuración fue tal que entre 2005 y 2007 la Argentina se financiaba en el mercado emitiendo deuda bajo ley local a tasas similares a las que pagaban otros emergentes, incluso sin haber solucionado la deuda con el Club de París o la cuestión de los holdouts. Mientras que en la actualidad el gobierno requiere de restricciones cambiarias para evitar una brusca devaluación del peso y moderar la caída de las reservas del Banco Central, entre 2005 y 2007 se ponían trabas a la entrada del capital financiero para evitar una apreciación cambiaria y desalentar al capital especulativo.

Con pagos de deuda fácilmente manejables e indicadores que sin ser los mejores del ciclo kirchnerista, pero francamente mejores que los de otras épocas y que los que hoy muestran algunos países de la Unión Europea, la Argentina se encuentra sin acceso al financiamiento privado ya sea fuera del país o en el mercado local. Peor aún, la Argentina carga con el absolutamente innecesario riesgo del default técnico. Lo verdaderamente grave no es tanto el rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos a tomar en esta ocasión la apelación argentina. Lo verdaderamente preocupante es que la sombra del default se ha instalado nuevamente entre nosotros pendiendo como una espada de Damocles con la cual deberemos convivir por un período prolongado. Más grave aún es el riesgo de dilapidar el avance notable que significó la reestructuración de 2005-2010.