A lo largo de estos siete años de manipulación de las estadísticas del Indec, que no solo afectaron el índice de precios al consumidor, sino estadísticas tanto o más sensibles como las del crecimiento del PBI y los niveles de pobreza e indigencia, muchos economistas y líderes opositores repitieron a coro que lo primero que se necesitaba para bajar la inflación era dejar de engañar a la gente con las cifras oficiales.
El argumento, en resumidas cuentas, era éste: el gobierno no puede resolver el problema de la inflación porque es un problema que, al tener estadísticas poco confiables, no puede reconocer. Se le atribuía al gobierno una “ceguera a la realidad”, como si fuera un conductor víctima de un velocímetro que indicara que la velocidad a la que va es mucho menor a la real.