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Mala la foto y peor la película

Desde hace tres años la economía nacional y popular keynesiana-estructuralista está estancada, el producto por habitante cae de modo permanente, la inflación ocupa el podio mundial y las restricciones cambiarias derivadas del empeño de fijar el tipo de cambio por debajo del nivel de equilibrio (con sus consecuentes excesos de oferta en el resto del sistema económico) no sólo no ha logrado frenar la caída de las reservas netas, sino que además empuja a un racionamiento de divisas que comprime al nivel de actividad vía caída de las importaciones. El origen de todo esto es el creciente desequilibrio fiscal y por ende, si no hacemos el ajuste por las buenas, lo hará el mercado por las malas. Al mismo tiempo, la lógica del ciclo político y la caracterización estructural de cara al crecimiento de largo plazo muestra que si la foto es mala, la película sería mucho peor.

En la coyuntura de corto plazo, la macroeconomía muestra cuatro desequilibrios fundamentales que definen la foto. En primer lugar, y sin lugar a dudas la madre de todos los males, está en el déficit fiscal. Pese a contar con la presión fiscal más alta de toda la historia argentina (y que ahoga al sector privado imposibilitando crecer), el déficit primario neto de transferencias del BCRA y ANSES durante 2015 alcanzaría el 6% del PIB, lo que sumado a los intereses y el cuasi-fiscal (déficit del BCRA) ubica al desbalance fiscal en torno al 9%-10% del producto. En este contexto, ante la imposibilidad de financiar con deuda semejante desajuste, ello deriva en una mayor emisión de dinero, lo cual presiona sobre el nivel de precios y la tasa de inflación.

El segundo de los desequilibrios de corto plazo es el del mercado monetario. En este sentido, la nueva cúpula del BCRA muestra un claro cambio en el diseño de la política monetaria. Así, durante el último trimestre de 2014, Alejandro Vanoli emitió en tres meses 16 veces lo emitido por Juan Carlos Fábrega en nueve meses. Esta tendencia expansionista se ha confirmado durante el primer trimestre del presente año. Mientras durante los tres primeros de 2014 la base monetaria se contrajo en $ 28MM, en lo que va del presente la cantidad primaria de dinero solo se expandió en $ 3,8MM (dato al 1º de abril). Este cambio de signo en la política monetaria está impulsado por la financiación del déficit fiscal, la cual ha sido 8 veces superior a la del mis período de 2014. Naturalmente, este accionar licúa las defensas sobre que Vanoli durante el 4° trimestre del año pasado sólo había emitido más que Fábrega por una cuestión estacional. En este sentido, todo esto nos lleva a una aceleración en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero a niveles del 32,5%. A su vez, cuando se tienen en cuenta los límites de la esterilización monetaria, dicho crecimiento sobrepasar el 40% anual de manera holgada en una economía que en el mejor de los casos quedaría estancada.

En tercer lugar tenemos el plano externo. Por el lado comercial, en los dos primeros meses del año las exportaciones cayeron un 21%, lo cual, dado el precario nivel de reservas netas (USD 17MM), induce a una mayor caída en actividad por la vía de menores importaciones. Si a ello le sumamos que la tasa de interés en los EEUU comenzará a subir, los términos de intercambio caerán y el combo brasilero de menor nivel de actividad y depreciación de su moneda se empieza a sentir, todo indica que será necesario emprender grandes cambios para que ello no derive en una crisis (en especial con el sobrante de dinero que está gestando el BCRA).

Por último, estamos frente a un desequilibrio de precios relativos casi sin precedente para la historia argentina. En este sentido, si no se avanza en una corrección que permita readecuar la ecuación económica financiera de las prestadoras de servicios públicos no sólo complicará la prestación de los mismos, sino que enviará una mala señal para las inversiones futuras.

Si bien la foto de inicio del año es muy mala, la dinámica 2015, dado que estamos en un año electoral, es aún peor. En este sentido, el Gobierno tiene dos alternativas. Por un lado, emprender un ajuste fiscal que permita estabilizar la economía. Sin embargo, dado que esta administración carece de reputación y por ende no es creíble, si procede a una mejora del ahorro ello no tendrá como contrapartida un mayor nivel de inversión, por lo que si bien logrará bajar la tasa de inflación y descomprimirá al mercado cambiario, la contracara será menor actividad, menor empleo, caída del salario real y menores votos. La otra alternativa es aprovechar los efectos positivos de lo que fue la política monetaria de Fábrega (que hoy explica la desaceleración en la tasa de inflación y “estabilidad” del tipo de cambio) y acelerar el deterioro fiscal-monetario junto a un recrudecimiento de los controles, apostando a que los beneficios de corto se presenten durante este año y que los costos (dados los rezagos con que opera la política económica) caigan en la próxima administración. Si al Gobierno todo le sale bien, hará una buena elección (hasta podría retener el poder) y si le sale mal tendrá los mismos votos que hubiera tenido con el ajuste. De este modo, el sistema de incentivos conduce a que en términos cantidad de votos esperados, la estrategia de exacerbar los desequilibrios resulta óptima.

Finalmente, pensando más allá del 2015, la perspectiva tampoco es alentadora. Para crecer hay que acumular capital y este Gobierno ha destrozado cuanta definición del mismo exista. Por el lado del capital físico, Argentina invierte muy poco, en especial si lo comparamos con aquellos países que crecen mucho como ser China (42% del PIB que brinda sustento sólido a tasas de crecimiento elevado) y Corea del Sur (31%). Por otra parte, en lo que tiene que ver con el capital humano, no sólo hay personas con serios problemas de alimentación, sino que nuestro desempeño en las pruebas PISA dejan de manifiesto la profunda decadencia de la educación, donde 70% de los evaluados no alcanzan los niveles mínimos de exigencia, sólo el 0,5% logra ubicarse en el pelotón de excelencia y el desempeño agregado es propio de un país de USD 4.000 per-cápita. Respecto al capital institucional, los niveles registrados en libertad económica son propios de un país altamente reprimido, donde dicho guarismo se asemeja al de países con ingreso por habitante 67% menor al nuestro y con niveles de pobreza que oscilan entre el 25% y 30%. Al mismo tiempo, el nivel de riesgo país (medido por el Credit Default Swap de 5 años) promedio durante la gestión de CFK, implicaría que en unas pocas décadas, nuestro producto por habitante respecto del de EEUU pasara del 20% a menos del 10% (cuando a mediados del Siglo XX estábamos en un 97%). Por último, el capital social, dado el nivel de enfrentamiento entre los distintos estratos sociales (la grieta), hace que sea muy complejo entablar un marco de cooperación que potencie la división del trabajo y el crecimiento.

Por lo tanto, dada la mala foto del presente que brinda la macro de corto plazo, la presencia de incentivos perversos para el 2015 y las malas perspectivas desde la óptica del crecimiento a largo plazo, todo ello deja en claro que si no emprendemos un verdadero cambio copernicano, al país le resultará muy complicado volver a crecer.

La herencia de doce años de populismo

La historia económica argentina del Siglo XX y la que va del presente es la crónica de una decadencia sin parangón a nivel mundial. El país, que durante la primera mitad del siglo XX se encontraba entre los países más rico del mundo, luego de haber sido sometido a la aplicación sistemática del manual de política económica heterodoxa (mezcla de la irresponsabilidad fiscal keynesiana y los groseros desatinos monetarios de los estructuralistas locales) durante cerca de setenta años, hoy nos encuentra en la categoría de país de frontera (menos que emergente) y posicionados en un sendero inclinado que, salvo que tomemos el toro por las astas, nos verá en un futuro ocupando la posición de país pobre. Así como al inicio del siglo pasado se nos veía como una potencia con capacidad de disputarle el liderazgo mundial a los Estados Unidos, hoy lucimos como un país que tiene un destino asimilable al presente africano.

La evidencia empírica internacional muestra que en aquellos países donde la inflación es alta, y existen mercados paralelos, retraso cambiario, déficit fiscal, bajos niveles de monetización y cierre de la economía, el resultado es una feroz pérdida de riqueza. En esta línea, si uno observa que la gestión kirchnerista hizo trepar la tasa de inflación del 3,8% al 40%, gestó una brecha cambiaria en torno al 50%, redujo el resultado fiscal primario en 6 puntos porcentuales del PIB, los agregados monetarios se estancaron y cada día se cierra mas a la economía, no resulta difícil entender por qué Argentina muestra un producto per-cápita que oscila entre USD 13.000 y USD 9.000 (según sea el tipo de cambio que se considere) cuando debería tener un ingreso per-cápita en torno a los USD 30.000 (que surge de considerar conjuntamente el crecimiento tendencial, la presencia de convergencia y el mejor contexto internacional de la historia). Esto es, la magnitud del fracaso asciende a una diferencia en el PIB por habitante del 130% medido al tipo de cambio oficial y de 260% cuando se usa el paralelo. Tal como señala el especialista en crecimiento y desarrollo, William Easterly: “Los malos gobiernos, al igual que la mala suerte, pueden acabar con el crecimiento”.

Al mismo tiempo, más allá de los daños en torno a la oportunidad perdida, todos los motores del crecimiento han sido brutamente estropeados. La estimulación del consumo sin contrapartida sólida en términos de ingreso permanente ha llevado a una merma en el ahorro y en la inversión, de modo tal que nos hemos consumido una parte importante del capital físico. Sin lugar a dudas, el caso más escandaloso es el de la inversión en infraestructura, donde el Gobierno (quien buscó liderar dicho proceso), pese a contar con la mayor cantidad de recursos de la historia, invierte como en períodos de vacas flacas y con peores resultados.

Por otra parte, en materia educativa, los resultados en las pruebas PISA dan cuenta de la pésima calidad en nuestro capital humano, donde por ejemplo, en matemáticas, los resultados muestran que estamos un 35% por debajo del promedio de los países de la OCDE, al tiempo que cerca del 70% no llega a cubrir los conocimientos mínimos y menos del 0,5% puede alcanzar niveles de excelencia. Algo similar nos sucede en lectura y literatura. Esta situación se ve agrava aún más si consideramos que Argentina está disfrutando la fase de la transición demográfica que permite repotenciar la tasa de crecimiento, para lo cual se requiere de acciones coordinadas en materia de capital humano, sistema previsional, estabilidad macroeconómica e instituciones de modo tal que sea posible acelerar la convergencia al mundo desarrollado. Sin embargo, un contexto en el que prolifera la desnutrición infantil, se jubilan personas sin aportes al tiempo que los fondos previsionales se invierten de modo cuestionable, una tasa de inflación creciente que castiga al ahorro y un continuo atropello a las libertades individuales, todo hace parecer que nuestro país estuviera empecinado en convertir al bono demográfico en un regalo envenenado.

Paralelamente, tampoco es menor el daño causado en el aspecto institucional. No sólo se ha tomado una visión relativista de la justicia (la cual mira de reojo por debajo de la venda para dar crédito a quien viola la ley) que no solo invierte la responsabilidad de los crímenes haciendo una víctima del victimario y viceversa, sino que además, el respeto de los derechos de propiedad se ha transformado en un objeto de máxima elasticidad. En este sentido, mientras que en casi todos los países del mundo se avanza hacia la liberta económica (los países libres son en promedio 9,5 veces más rico y tienen una incidencia de la pobreza 75% menor que en los países reprimidos), en nuestro país no paramos de retroceder. La contracara de ello es un riesgo país que hace de la inversión un acto heroico, aún admirable hasta para un Cíclope. De hecho, si Argentina hubiera llevado un conjunto de políticas similares al resto de los emergentes, sus activos financieros y el stock de capital físico se deberían haber triplicado. Puesto en otros términos, desde 1998 (pico de ciclo en Argentina) a la fecha, el promedio de América Latina incrementó su producto por habitante en un 80% mientras que nuestro país, a tipo de cambio oficial, ha caído un 10%.

Adicionalmente, se ha dañado el capital social. La continua exacerbación de la puja distributiva encarada por el Gobierno ha llenado a la sociedad de animosidad y resentimiento, la cual, busca mediante el uso y el abuso del poder la utopía de la igualdad de resultados, cuando lo que se debería reclamar son las condiciones para que cada persona se pueda desarrollar libremente, percibiendo los beneficios de sus esfuerzos y pagando los costos de sus errores. En otras palabras, nos vemos atrapados en un marco que ha pervertido profundamente al sistema de incentivos que conduce a la creación de riqueza, donde el mismo, entre otra infinidad de cosas, promueve estudiantes sin aplazos, el castigo al exitoso, la pontificación del fracaso, vivir del trabajo ajeno y la multiplicación desenfrenada de delincuentes sin condena.

En definitiva, no sólo que no hemos podido aprovechar una oportunidad histórica para acelerar la convergencia (y así poder ingresar al pelotón de los países de altos ingresos), sino que a su vez, el populismo-keynesiano-estructuralista nos ha posicionado en un sendero que nos conduce a un futuro de extrema pobreza. Sin embargo, cargar toda la responsabilidad sobre kirchnerismo y parte de la corporación política es una simplificación adolescente, ya que como señalara Ayn Rand: “La raíz de todos los desastres modernos son de índole filosófica y moral. La gente no abraza al colectivismo por haber sido cooptados por una mala teoría económica. La gente acepta a la mala teoría económica porque ha decido abrazarse al colectivismo”. Esto es, si la sociedad no cambia sus valores, estamos condenados a hundirnos en la más absurda de las miserias.

Malas noticias desde Viena para Kicillof

Desde que Axel Kicillof ha ingresado en el Ministerio de Economía de la Nación, pese a tener el mejor contexto internacional de la historia, la economía se ha estancado. De hecho, si el nivel de producto se corrige por el número de habitantes, en estos tres años ha caído en un 3,4%. Es más, si tomáramos la tendencia mostrada por el producto per-cápita en dólares desde 2002, el mismo debería ser un 75% más alto. Naturalmente, la contracara de todo esto es la destrucción neta de cerca de 500 mil puestos de trabajo (maquillada por una suba del empleo público) y una tasa de inflación que ha trepado al 40% (20 veces mayor a la de un país desarrollado y 8 veces superior a la del promedio de la región).

Sin lugar a dudas, en esta película (de terror), el cepo cambiario ha jugado un rol fenomenal, ya que al fijar el precio del tipo de cambio debajo de su valor de equilibrio, genera un exceso de demanda en dicho mercado que tiene como contrapartida un exceso de oferta en el resto de la economía. De este modo, los efectos colaterales del cepo se traducen en altas tasas de interés en el mercado de bonos denominados en moneda extranjera, en una mayor inflación en el mercado de dinero, una caída en el nivel de actividad en el mercado de bienes (recesión) y un aumento en la tasa de desempleo en el mercado de trabajo.

Frente a este contexto económico, de cara a un año electoral, el ministro no dudará de sacar a las tablas la versión más rancia del keynesianismo (consistente con la “teoría general” de Keynes de 1936). En este marco, la economía está totalmente cerrada, la inversión es insensible a la tasa de interés y cuyo único factor causal es el crecimiento del nivel de actividad (los animal spirits son exógenos y vale el acelerador), el consumo solo depende de una fracción del ingreso corriente y el nivel general de precios y los salarios están fijos (o determinados de manera exógena por las autoridades), lo que sumado a una demanda de dinero infinita (trampa de la liquidez), dan como resultado una política fiscal plenamente poderosa para estimular la producción y el empleo sin impacto en precios, mientras que la política monetaria resulta impotente (sin efecto en precios ni en cantidades).

Sin lugar a dudas, la realidad argentina se ha convertido en una verdadera pesadilla para quienes se abrazan de manera fanática al modelo descripto. No sólo los aumentos en el déficit fiscal no han logrado impactar positivamente sobre el nivel de actividad (de hecho han logrado todo lo contrario), sino que al ser financiados vía emisión monetaria generan inflación, apreciación de la moneda, deterioro de las cuentas externas y degradación del balance del BCRA. Sin embargo, el ministro de Economía se empecina en torcer la realidad ajustándola a la lógica del modelo, por lo que a la inflación la combate con el control de precios y salarios, de modo tal que tome lugar el soñado ajuste de cantidades liderado por una demanda sustentada por el gasto público.

Desafortunadamente para Kicillof, el Gobierno y los más de 42 millones de argentinos, el correo trae malas noticias desde Viena, capital de Austria. La carta en cuestión viene firmada por Carl Menger, Ludwig Heinrich Edler von Mises, Friedrich August von Hayek y Roger W. Garrison (entre otros muchos que han optado por permanecer en el mas profundo anonimato y con un pie de página sobre la función de producción).

La teoría austríaca que integra el ciclo y el crecimiento económico sostiene que la economía se expande en la medida que se acumula trabajo (donde ingresa el capital humano), capital físico y toma lugar el progreso tecnológico. Si en aras de una explicación simplificada dejamos exógeno lo que ocurre con el trabajo y el progreso técnico, el crecimiento vendría liderado de la mano de la acumulación de capital físico. A su vez, el aumento del capital físico per-cápita ocurre cuando la inversión excede a la depreciación de los equipos y al aumento de la población. Sin embargo, la financiación de este proceso no cae como maná del cielo, por lo que para poder llevar a cabo el mismo es necesario el ahorro, el cual representa la decisión de los individuos de trasladar su consumo presente hacia el futuro en función de percibir un interés. Así, cuanto mayor el ahorro, mayor la inversión, mayor la acumulación de capital por habitante y por ende una mayor tasa de crecimiento y un mayor nivel de vida conforme aumenta el producto per-cápita.

En función de lo anterior, la idea keynesiana del acelerador sostenida por el Gobierno, donde los aumentos del gasto público llevan a incrementos de la demanda, lo cual hace crecer al producto y con ello a la inversión llevando a un círculo virtuoso, no solo resulta ser falsa por violar la restricción de presupuesto (la mayor inversión requiere de un mayor ahorro) sino que termina siendo perjudicial para el bienestar de los habitantes del país. La estimulación artificial del consumo reduce el ahorro y con ello la inversión y el producto por habitante. Puesto en otros términos, la capacidad de producción (la oferta de la economía) se contrae. En este contexto, si el Ministro insiste con Keynes, los aumentos de demanda financiados con emisión monetaria no solo no lograrán evitar la caída del nivel de actividad, sino que además habrá mayores presiones inflacionarias. Es más, dada la destrucción de capital de los últimos años, si los salarios reales no caen habrá mayor desempleo, por lo que el Gobierno deberá elegir entre licuar salarios o que haya desempleo.

Sin embargo, las malas noticias no terminan con el tema del crecimiento. Esto es, por el lado del ciclo, la teoría sostiene que cuando se ha mantenido la tasa de interés real por debajo del nivel de equilibrio como consecuencia de una política monetaria expansiva (nótese que este efecto es distinto al anterior donde el ahorro cae de manera exógena por el mayor déficit fiscal), ello conduce a un aumento simultáneo del consumo y de la inversión que genera una expansión artificial que a la postre termina en una recesión y con un producto per-cápita menor, ya que la nueva inversión (que pueda ser financiada) terminará siendo liquidada por corresponderse con una mala asignación.

Por lo tanto, desde este punto de vista, el Gobierno no solo ha penalizado a la economía al reducir el ahorro por el mayor gasto público, sino que además ha falseado la tasa de interés, por lo que todo esto lleva a un equilibrio de menor producción y menores salarios reales y/o empleo. Al mismo tiempo, si en este contexto se llegara a redoblar la apuesta con el manual de políticas keynesianas, esto sería como echar más nafta al fuego. De todos modos, usted puede dejar de lado las apocalípticas visiones de los austríacos sobre el futuro de la economía y creer en las milagrosas ideas keynesianas que sostienen que cuanto uno más gasta uno se vuelve más rico (o lo que es lo mismo, salga y gaste con su tarjeta de crédito hasta reventar su límite ya que según estos “economistas” ello lo guiará a la prosperidad). Si luego de ello, su vida empeora, páseles la factura a los hijos de Keynes.

Cómo retornar a la senda del crecimiento

Desafortunadamente para nuestro país, la irresponsabilidad fiscal keynesiana (ver capítulo 22 de la Teoría General de Keynes), los delirios monetarios de los estructuralistas y la idea de lucha de clases marxista no sólo se han llevado puesto 5 o 6 signos monetarios, sino que han logrado hacer de un país rico uno de frontera, menos que un emergente. A mediados del siglo XX, nuestro país tenía un producto por habitante que representaba el 97% del de los Estados Unidos, mientras que hoy, no sólo que estamos en torno al 20% (medido al tipo de cambio oficial) sino que además, la destrucción del capital físico, humano, institucional y social nos pone en un sendero que, de no modificarse, haría que en 50 años caigamos irreductiblemente a la categoría de país pobre. En este sentido, Argentina, junto a Venezuela, se ha convertido en uno de esos casos raros en los que no se cumple la convergencia (mayor crecimiento del producto per-cápita en los países de menores ingresos que de largo plazo tienden a igualarse con los desarrollados), siendo la base de dicho fracaso el desmadre de la política fiscal.

Al igual que para el resto de la historia argentina, esta década no ha sido la excepción. Desde el año 2004 en adelante, el resultado fiscal primario sin rentas en términos del PIB no ha parado de caer. Así, desde una posición inicial superavitaria de 2,3% del PIB hoy nos encontramos con un déficit del 4,7%, pese a contar con la mayor presión tributaria de toda la historia argentina y con el empuje recaudatorio de toda recuperación cíclica. A su vez, si este déficit fiscal primario se corrigiera por la nueva medición del PIB, el mismo se ubicaría en 3,7%. Puesto en blanco y negro, dado que la capacidad de pago viene dada por el valor presente de los superávits primarios futuros, ello implica que, de no cambiar la política fiscal, el país es insolvente.

Argentina hoy presenta un stock de deuda en torno a los USD 270.000 millones, mientras que el PIB se ubica en los USD 600.000 millones, esto es, la relación deuda-producto de la economía es del 45%. A su vez, si uno toma el riesgo país promedio histórico y una tasa de interés libre de riesgo del 3,5%, la tasa de la deuda sería del 9% (un supuesto optimista a la luz del fracaso en el intento de canje reciente). Bajo este conjunto de hipótesis y tomando un crecimiento de largo plazo para el PIB del 3%, el país, para alcanzar la solvencia intertemporal (repago de la deuda) necesitaría lograr un superávit primario en términos del PIB del 2,6%. En otras palabras, si Argentina no hace un ajuste de 6,3 puntos porcentuales, más temprano que tarde, terminará cayendo en un nuevo default. Por otra parte, si la idea fuera convivir con una tasa de inflación en torno al 5%, el ajuste podría reducirse a 5,6% del PIB. Alternativamente, frente a este esquema de ajuste de shock, con un gobierno con reputación y que resulte creíble, se podría instrumentar un ajuste gradual que implicaría una mejora del resultado primario de USD 4.000 millones año tras año, que puesto en términos del PIB representaría un salto inicial de 0,7%, donde dicha carga iría disminuyendo en la medida que la economía crezca.

En función de lo anterior, vuelve al centro del debate las ventajas y desventajas de las políticas de shock sobre las gradualistas. Sin embargo, desde mi punto de vista, esa discusión solo tiene sentido en el marco de la falacia keynesiana -motivo por el cual perdió escandalosamente en el debate con los monetaristas y la corriente principal de la profesión trabaja sobre el marco de una economía intertemporal- pero no en la vida real. En cuanto a este punto, la experiencia argentina es contundente. Nuestro país ensayó programas antiinflacionarios de shock en los años 1952, 1959, 1967, 1973, 1985 y 1991 (los programas de 1976 y 79 fueron gradualistas) y salvo el de 1959, ninguno fue recesivo. Es más, en el caso de los programas a cargo de los Ministros de Economía Krieger Vasena (1967), Gelbard (1973), Sourrouille (1985) y Cavallo (1991) no sólo no fueron recesivos, sino que además fueron expansivos. Por otra parte, el ajuste de 1959, la esencia de dicho plan fue una devaluación acompañada por un apretón monetario que, dado el salto inicial de los precios, redujo el poder de compra de los agentes y ello deprimió la demanda agregada generando una recesión. Sin embargo, esta situación no es asimilable con el presente de nuestro país, ya que en el plano monetario existe un exceso de pesos del orden de 5% del PIB, el cual actuaría como una suerte de colchón sobre las tenencias reales de dinero.

En cuanto al ajuste del gasto el mismo tendría dos partes. Por un lado se deberían cortar de cuajo los subsidios económicos (¡no los sociales!), lo cual permitiría ahorrar cerca de 5% del PIB, al tiempo que el resto vendría por la licuación de partidas, que deberían crecer 4% por debajo de la inflación. Este ajuste no será recesivo ya que elimina las transferencias a un grupo de agentes que consumen solo una fracción de sus ingresos, para dejar de cercenarle vía el impuesto inflacionario el ingreso disponible al grupo de bajos ingresos quienes consumen prácticamente todo su ingreso. En este contexto, dada la transferencia entre agentes, el consumo de la economía aumentaría. Por otra parte, la suba de tarifas permitirá que las inversiones queden a manos de las empresas, las cuales no sólo serán seleccionadas con mejores criterios que el utilizado por el sector público, sino que al eliminar la transferencias entre sectores, el flujo de fondos de las firmas aumentará potenciando la inversión. Naturalmente, habría un impulso extra derivado de la caída de la tasa de interés por el menor riesgo país. Por lo tanto, este programa no sólo que no será recesivo, ya que la mejor distribución del ingreso impulsará el consumo y las señales de precios impulsarán a la inversión, sino que además al extirpar la inflación y frenar el drenaje de divisas, permitirá levantar el traumático cepo cambiario.

Si bien el programa mencionado permitiría bajar la inflación sin tener que enfrentar una caída del nivel de actividad y del empleo, ello no será suficiente para volver a crecer de una manera vigorosa. Para retornar a la senda del crecimiento será necesario que la economía recomponga la competitividad y que a su vez aumente el ahorro para financiar una mayor inversión. En cuanto a la competitividad, esta viene dada por la presencia de economías de escala, bajas tasas de interés, salarios alineados con la productividad y baja presión fiscal. De más está decir que la política económica de la última década cerrando la economía, tasas de interés exorbitantes a causa del riesgo país, mecanismo de aumentos de salarios en un contexto distorsionado por la inflación y una presión fiscal que asfixia al sector privado (sin una contrapartida de calidad en el gasto público) no han ayudado en lo más mínimo para favorecer un mayor crecimiento.

Finalmente, trabajando con el modelo de Jones-Manuelli (el cual conjuga crecimiento de largo plazo y presencia de convergencia) calibrado para el caso argentino, la tasa de crecimiento anual compuesto para los próximos diez años en el caso de shock sería del 6,6%, mientras que para el caso gradual sería del 6,2%. Al mismo tiempo, si el tamaño del sector público se lo llevara a los niveles de la década del 90 la tasa se incrementaría a niveles del 7,6%. En este contexto, el PIB per-cápita durante la próxima década se incrementaría en un 108,7%. Por último, si sumamos a ello que la caída en el riesgo país aceleraría la convergencia del tipo de cambio real a los valores de equilibrio de largo plazo (cerrando 1/3 de la brecha), el producto per-cápita se ubicaría dentro de una década en torno a los USD 33.000. Por lo tanto, estos ejercicios dejan de manifiesto que no existe conflicto entre ajuste fiscal y bienestar de la población. Lo que si hay es un conflicto de intereses entre aquellos que se benefician del gasto público y los que deben implementar el ajuste.

El debate sobre el nivel óptimo de reservas

Durante estos días las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina han vuelto a ubicarse en el orden de los USD 30.000M, situación que, como ya es casi natural, ha dado lugar a dos lecturas. Por un lado, la versión plena de euforia por parte del Gobierno que muestra al hito como un logro de política económica y da por tierra con todas las visiones sombrías en torno al desempeño del país, como si una inflación anual del 40%, una caída del PIB en torno al 2,5% y la destrucción de cerca de 500 mil puestos de trabajo fueran los datos de una economía floreciente. Por otra parte, la visión más oscura del fenómeno viene dada por el cómputo de las reservas de libre disponibilidad. De este modo, cuando a las reservas internacionales informadas por el BCRA se les depura: (i) USD 8.000M en concepto de encajes bancarios, (ii) deudas con importadores por USD 5.000M, (iii) préstamos de los Bancos Centrales de China y Francia por USD 4.000M y (iv) la posición en Derechos Especiales de Giro de USD 3.000M, el monto final se ubica en un exiguo USD 10.000M.

Más allá de las cuestiones acerca de si el nivel es adecuado o no, resulta clave comprender el rol de las reservas en la economía a la luz del esquema cambiario elegido por el Banco Central. Así, en términos generales, con tipo de cambio totalmente flexible, las reservas serían nulas (siendo el precio de la moneda extranjera la variable de ajuste), mientras que bajo otro esquema, para el caso de una economía normal, el nivel estaría vinculado principalmente a dos motivos: (i) la necesidad de sincronizar los pagos y cobros que debe realizar la economía (transacción) y (ii) la necesidad de disponer de fondos líquidos ante la presencia de un shock externo negativo de tipo transitorio (precautorio).

Sin embargo, desde mi punto de vista, esta idea de contar con un mayor nivel de reservas en la medida que se hace más rígido el esquema cambiario es incorrecta. De hecho, al menos desde el plano teórico, existe un conjunto de condiciones bajo las cuales una economía podría mantener un tipo de cambio fijo sin reservas. Si bien el resultado en cuestión es “impactante”, al menos desde el punto de vista empírico, uno podría preguntarse si los Estados Unidos hubiese podido durante los últimos 70 años mantener un tipo de cambio fijo respecto de la moneda argentina sin acumular un solo billete emitido por el BCRA. La respuesta no sólo que es afirmativa, sino que además los americanos deberían dar las gracias por no haberlo hecho, salvo que mostraran un amor fanático por la inflación (donde la contra-cara local es la destrucción de 5/6 signos monetarios junto a la eliminación de 13 ceros a la moneda). En este sentido, para que el nivel óptimo de reservas fuera nulo, ello implicaría cumplir al menos con alguna de las siguientes tres condiciones: (i) una demanda de dinero no decreciente y/o, (ii) una política fiscal totalmente flexible como para compensar las fluctuaciones en el mercado de divisas y/o (iii) pleno acceso al mercado de capitales.

Claramente, Argentina no cumple ninguna de dichas condiciones. Asociado con el alto nivel de inflación y las recurrentes crisis de balanza de pagos que sufrió el país a lo largo de la historia, la demanda de dinero muestra un comportamiento sumamente volátil. Respecto a la política fiscal, la regla ha sido la compulsión por gastar, donde la única forma de bajar el gasto real ha sido la vía de la licuación inflacionaria. En cuanto a la posibilidad de acceder a fondos externos para nivelar los desequilibrios cambiarios parecería ser una tarea gigante, aún hasta para uno o varios de los Cíclopes. Por lo tanto, a la luz de los hechos, debería quedar claro que el BCRA tendría que contar con una muy buena posición de reservas.

En función de todo lo expresado anteriormente, uno debería preguntarse cuánto debería ser el nivel óptimo de reservas. Cómo no podría ser de otra manera en el gremio, la respuesta depende del criterio. Si nos guiáramos por el criterio comercial, esto es, cuatro meses de importaciones, las reservas de libre disponibilidad deberían ser del orden de los USD 25.000M. Por otra parte, si utilizáramos el criterio de optimalidad desarrollado por el propio BCRA durante la gestión de Martín Redrado, el nivel debería estar en torno a los USD 55.000M. Finalmente, si el criterio se basara en minimizar la probabilidad de crisis, el nivel que haría nula a la misma (lo cual no tiene porque ser óptimo, salvo que el nivel de aversión al riesgo sea infinito) estaría en el orden de los USD 100.000M. Ahora bien, dado que la distancia entre los criterios prudenciales y el nivel observado luce abismal, para tener claro si los cálculos tienen sentido debemos por lo menos recordar tres datos: (i) el nivel de reservas del BCRA para el año 2010 era de USD 52.000M, (ii) por otra parte, si se toma la cantidad de divisas compradas por el BCRA y que de no haberse perdido por la inconsistencia fiscal-monetaria-cambiaria, el monto de reservas se ubicaría en torno de los USD 95.000M, (iii) finalmente, durante la última década se han fugado del país USD 100.000M que de otra manera podrían haber engrosado las reservas del BCRA.

Una forma alternativa de contrastar las estimaciones es comparar contra nuestros vecinos, como ser Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay Perú y Uruguay, cuyo nivel de reservas sobre PIB (para 2013) se ubican en 46%, 17%, 15%, 11%, 20%, 33% y 29% respectivamente. Por otra parte, en cuanto a los meses de importaciones para los países mencionados se ubican en 18, 19, 7, 9, 6, 19 y 17 meses. Esto es, el promedio simple de los países considerados muestra que el monto de reservas en términos del PIB es del 17%, al tiempo que los meses de importación se ubica en 15, lo cual contrasta fuertemente con el caso argentino, donde el indicador en términos de ingreso es del 5% y de 5 meses por el criterio comercial (lo cual si se ajusta por los encajes de los bancos cae a 3,7 meses). Puesto en otros términos, acorde a los datos regionales, el nivel de reservas debería oscilar entre USD 90.000M (en importaciones) y USD 110.000M (en PIB). Naturalmente podría objetarse la muestra, en especial por el hecho de excluir a Venezuela, cuyo nivel de reservas representa 6% del PIB y 6 meses de importaciones. Sin embargo, ello obedece a la intención de darle un crédito al Gobierno cuando afirma que no es su objetivo convertirse en el espejo de la República Bolivariana de Venezuela. Desafortunadamente, los números no dicen lo mismo.

Los riesgos de la economía planificada

El continuo deterioro del resultado fiscal y la falta de financiamiento externo, sumado a la falta de voluntad del Gobierno por poner bajo control el crecimiento del gasto público, nos pone de cara a la última parte del año frente a un importante aumento de la oferta monetaria, en un contexto en el que la demanda de dinero se viene desmoronando. Ante la presente situación, la válvula de escape es un aumento de la tasa de inflación, lo cual conllevará a mayor presión en los distintos segmentos del mercado cambiario y/o en el nivel de reservas si se busca anclar los precios vía la fijación del tipo de cambio (o devaluando a menos que la inflación).

Frente a este escenario, el Gobierno avanzará sobre el BCRA de modo tal que no haya freno a la emisión monetaria por la fuente fiscal y se “perfeccionen” los controles cambiarios para que en la medida de lo posible no se escape un solo dólar de las reservas. Al mismo tiempo, para evitar que la trayectoria del nivel general de precios se desboque, se avanza en una profundización de la Ley de Abastecimiento, la cual se complementa con la Ley de Antiterrorismo, de modo tal que ante un exceso de demanda en el mercado de bienes, los agentes se vean obligados a realizar un ajuste de cantidades en la dirección deseada por el Gobierno: mayor producción.

Así, el artículo 2º del proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento dice: “a) Establecer para cualquier etapa del proceso económico márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios o todas o algunas de estas; b) dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción; c) disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como así también en la fabricación de determinados productos dentro de niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación; y d) requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico y obligar a la publicación de los precios de bienes o servicios producidos y prestados, como así también su disponibilidad de venta”. En definitiva, el proyecto se arroga la potestad de fijar precios y cantidades en cada uno de los tramos de la actividad económica, los cual nos estaría llevando hacia un experimento de planificación centralizada socialista (sistema de agresión/coacción institucionalizada que impide el libre accionar de los seres humanos).

El problema central radica en que, desde la óptica del proceso social, el socialismo es un error intelectual, pues no cabe concebir que el órgano director encargado de intervenir mediante mandatos pueda hacerse con la información que es necesaria para coordinar la sociedad. La base para dicha afirmación se sustenta en cuatro argumentos, donde dos de ellos podrían definirse a los fines didácticos como estáticos y los otros dos como dinámicos.

El primero de los argumentos estáticos está vinculado a la cuestión del volumen de información. Esto es, resulta imposible que el órgano de intervención asimile conscientemente el enorme volumen de información práctica diseminada en las mentes de los seres humanos. Por otra parte, en cuanto al segundo de los argumentos, el mismo parte del hecho de que cada uno de los seres humanos posee información práctica de carácter privativo, la cual no solo se encuentra dispersa en su mayor parte, sino que además, dicho conocimiento es de naturaleza tácita y por lo tanto no articulable ni transferible (know how). Esto es, no se trata tan sólo de que el volumen agregado de información práctica sentida y manejada de forma dispersa por todos los seres humanos a nivel individual sea de tal magnitud que no quepa concebir su consciente adquisición por parte del órgano director, sino que además, dicho conocimiento por ser tácito y no articulable, este no puede ser formalizado ni explícitamente transmitido al planificador central.

Por otra parte, desde el punto de vista dinámico, el constante actuar de los seres humanos hace que continuamente se esté creando y descubriendo nueva información. Por ende, difícilmente se podrá transmitir al órgano director la información o conocimiento que aún no se ha creado, el cual va surgiendo como resultado del propio proceso social en la medida en que éste no se vea agredido. Así, conforme pasa el tiempo, mientras los seres humanos interactúan con sus pares van dándose cuenta de nuevas oportunidades de ganancia que tratan de aprovechar. Como consecuencia de ello, la información que tiene cada uno de ellos va modificándose de manera continua. Por ende, dicha información no podrá transmitirse por tratarse de una información que aún no se ha descubierto o creado por los propios actores y que sólo surge como resultado del libre proceso de interacción humana.

Finalmente, el segundo argumento dinámico señala que, en la medida en que la coacción socialista se ejerza de forma más efectiva, imposibilitará la libre persecución de fines individuales, por lo que éstos no actuarán como incentivo y no podrá descubrirse o generarse la información práctica necesaria para coordinar la sociedad. Así, el órgano de planificación central se encuentra ante un dilema insalvable: si decide intervenir coactivamente en el proceso, destruye la capacidad creadora de información (la cual la necesita para actuar), y si no interviene, tampoco obtiene información alguna. Por lo tanto, este conjunto de argumentos dejan de manifiesto la imposibilidad práctica de alcanzar un resultado razonable por parte del órgano de planificación central.

Asimismo, existe una imposibilidad desde el punto de vista del órgano de planificación central. Aún cuando asumiéramos que dicho órgano estuviera dotado de la máxima capacidad técnica e intelectual, experiencia y sabiduría, así como de las mejores intenciones que humanamente quepa concebir, lo que no resulta posible de admitir es que dicho órgano esté dotado de capacidades sobrehumanas (omnisciencia). Es decir, que sea capaz de asimilar, conocer e interpretar simultáneamente toda la información diseminada y privativa que se encuentra dispersa en la mente de todos los seres humanos que actúan en la sociedad y que se va generando y creando continuamente por éstos tanto para el presente como para el futuro. La realidad es que el órgano de planificación en su mayor parte desconoce esta información, por lo cual, todos los experimentos socialistas se han caracterizado por los siguientes resultados: (i) fuerte descoordinación económica y desorden social, (ii) información errónea y comportamiento irresponsable, (iii) altas dosis de corrupción, (iv) surgimiento de la economía oculta, (v) retraso tecnológico, económico y cultural, al tiempo que (vi) se prostituyen los conceptos tradicionales de ley y justicia, lo cual lleva a la perversión moral del sistema. La experiencia de la ex Unión Soviética, los países de Europa del Este, Corea del Norte, Cuba y sin ir más lejos la República Bolivariana de Venezuela dan cuenta de ello.

Por lo tanto, como señalara Milton Friedman, las políticas de controles de precios son dañinas porque no sólo pospone en el tiempo las medidas efectivas para controlar la inflación, desorganiza la producción y la distribución, sino que además crean una fuerte división social y fomentan la puesta en marcha de restricciones que amenazan a la libertad política de los individuos. Tales medidas incuban en el público la falta de respeto por “la ley” y hacen que los funcionarios se sientan propensos a emplear poderes extralegales poniendo en jaque los propios cimientos de la libertad.

Nueva consecuencia de un modelo quebrado

Ayer por la mañana, los trabajadores de la multinacional gráfica Donnelley reclamaban por segundo día consecutivo contra el cierre del establecimiento mediante un corte de tránsito frente a la empresa (en la colectora de la ruta Panamericana). Así, el conflicto en la planta de la localidad bonaerense de Garín escaló un peldaño más ante el fracaso de la audiencia convocada por la cartera laboral de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, las circunstancias económicas y financieras por las que atraviesa la empresa estarían conduciendo a la pérdida de cuatrocientos puestos de trabajo.

Según los representantes gremiales, la gráfica “miente” cuando dice que está en quiebra, ya que señalaron que, desde el año pasado la compañía reporta ganancias a nivel mundial por USD 208 millones y que los ingresos en el mercado local alcanzaron un máximo histórico. Vale la pena aclarar que si bien los ingresos pueden estar volando en términos nominales, dada la inflación reinante podrían estar cayendo en términos reales. Los trabajadores consideran que la empresa está intentando poner presión para degradar las condiciones de trabajo, los salarios y la cantidad de empleos. De hecho, los representantes de los trabajadores afirman que no permitirán el cierre de la empresa y que si se intenta avanzar en dicha dirección tomarán el control de la misma y serán ellos mismos quienes lleven adelante el proceso productivo.

Al mismo tiempo, un escrito presentado por la multinacional señalaba que “hasta tanto la Corte Comercial competente tome una decisión al respecto, la planta de Garín permanecerá cerrada para asegurar la integridad física de los activos de la empresa, los cuales serán administrados por la misma Corte y, en su caso, liquidados entre los acreedores”. Claramente, el comunicado es propio de un caso de una empresa que está quebrada. De hecho, tiempo atrás, Donnelley pidió al Gobierno subsidios para mantener sus actividades. Incluso, intentó iniciar un proceso preventivo de crisis, pero ambos pedidos fueron rechazados. El Ministerio de Trabajo también bloqueó el intento de despedir 123 empleados que semanas atrás había realizado la compañía. Por lo tanto, a la luz de estos eventos, la firma decidió la finalización total y definitiva de sus operaciones en la Argentina (los economistas con buena formación microeconómica / equilibrio general tienen aquí un caso aplicado de lo que se denomina “axioma de inacción”).

Mientras tanto, la Conferencia Episcopal Argentina expresó su preocupación por la inestabilidad laboral creciente producida por las suspensiones de personal y los cierres de fábricas, al tiempo que advirtió por los altos niveles de inseguridad en el país. En este sentido, el vocero del Episcopado, el sacerdote Jorge Oesterheld señaló: “Preocupa a los obispos la inestabilidad laboral creciente que se manifiesta en despidos, suspensiones y el cierre de fábricas”.

Lo relevante en todo esto es que, cuando uno revisa los distintos argumentos de cada una de las partes, las manifestaciones de los representantes de la Iglesia y lo que está sucediendo en los distintos polos productivos del país, queda en evidencia que la situación de Donnelley no es un caso aislado, sino que es un ejemplo de lo que está pasando en el conjunto de la economía. Por otra parte, los argumentos esgrimidos por los distintos trabajadores y las empresas parecieran dar muestra de una feroz lucha entre empresarios y empleados, que buscan siempre poner a la otra parte como el malo de la película. Sin embargo, y pese a que la dinámica de los negocios puede implicar el cierre de empresas al tiempo que se abren otras, la existencia generalizada de conflictos está mostrando que el problema no es de índole puntual (nivel microeconómico), sino que viene desde un plano más grande (nivel macroeconómico).

Desafortunadamente para nuestro país (y por ende para el conjunto de sus habitantes), en los últimos años se ha insistido una y mil veces con una visión del crecimiento económico fundamentada en el keynesianismo más precámbrico del que se tenga conciencia. Así, aquellos que abogan por esta hipótesis sostienen que la incentivación del consumo produce aumentos en la demanda agregada (el tan famoso como falaz multiplicador keynesiano) que frente a un mundo de precios fijos (ya sea por existir capacidad ociosa o por precios fijados institucionalmente) generan aumentos del producto bruto interno y que esto último es lo que debería conducir a mayores niveles de inversión (la idea del acelerador de la inversión). Por lo tanto, bajo este esquema, ofrendando al dios gobierno la danza de la lluvia, caerían los pesos del cielo que pondrían en marcha un milagro económico. Sin embargo, si esto fuera así y la extensión horizontal de los malditos pizarrones son el único límite que habría para los efectos expansivos del gasto público sobre el producto, uno debería preguntarse porque este proceso no encuentra vínculo positivo con ninguna de las experiencias exitosas de crecimiento a nivel mundial. Es más, la evidencia empírica señala que aquellos países que a medida que aumentaba su desarrollo fueron dando lugar a una mayor presencia del gobierno vieron mermar sus procesos de crecimiento. Por ello, no es casual que aquellos países que presentan una tendencia creciente en el peso del gobierno dentro de la economía tiendan a mostrar menores tasas de crecimiento.

El problema con esta visión es que viola las restricciones de presupuesto. Si se decide aumentar el consumo, ello deriva en un menor nivel de ahorro y por ende en un menor nivel de inversión. Naturalmente, la contracara de ello es un menor nivel de capital por habitante, por lo cual el producto por habitante es menor y como consecuencia de este menor nivel de productividad, el salario real (poder de compra de los ingresos) de los habitantes se comprime. En este sentido, cuando se exagera de manera desmedida la estimulación del consumo, el ahorro no resulta suficiente como para cubrir las necesidades de capital de los nuevos ingresantes a la fuerza laboral ni para cubrir las amortizaciones del capital existente, por lo que inexorablemente el poder de compra de los trabajadores cae. A su vez, si la contraparte de dicha situación es una representación gremial dura que logra sostener el salario real la consecuencia es un mayor desempleo. Es más, cuanto mayor éxito en sostener el salario real, menor cantidad de empleos, que dada la dinámica poblacional y los incentivos empresarios recaería sobre los más jóvenes. Por otra parte, en una situación como la descripta donde la oferta de la economía se contrae, una mayor estimulación del consumo vía reducciones en la tasa de interés generará un exceso de demanda que pondrá mayor presión sobre el nivel de precios acelerando la tasa de inflación. Alternativamente, si el desbalance entre ahorro doméstico e inversión se cerrara vía financiamiento externo, tarde o temprano este mayor endeudamiento pro-consumo terminará en una crisis de divisas.

Asimismo, cuando los derechos de propiedad y el marco institucional se muestran flexible de modo tal que siempre se perjudica al inversor -como en el caso Donnelley, con los trabajadores tomando la fábrica para “ponerla a producir” y desconociendo la lamentable pero legítima decisión de la empresa-, la tasa impositiva es agobiante y las políticas redistributivas buscan determinar los salarios reales sin considerar la productividad, el retorno esperado cae.

Por otra parte, si la política económica muestra una calidad deficiente que se traduce en un mayor riesgo país, sumado a la potenciaciación del riesgo específico, los empresarios verán como se diluye la creación de valor hasta entrar en un terreno negativo que derivará en una caída de la inversión y por ende en una contracción del capital por habitante. Por lo tanto, cuando la dinámica de los negocios queda atrapada por esta lógica económica, la oferta agregada de la economía se contraerá -de hecho, nuestro PIB per-cápita en dólares constantes para este año terminará por debajo del de 1998- y si ello se intenta remediar aplicando el manual de política económica keynesiano su resultado terminaría siendo peor que el que surgiría de llamar a Nerón para combatir un incendio.

Milton Friedman, el destructor de falacias

Hace 102 años, un día como hoy, nacía en Brooklyn Milton Friedman. Un individuo cuyo trabajo en el campo científico y en la promoción de las ideas de la libertad ha sido inconmensurable. Los desarrollos teóricos de quien fuera el líder de la Escuela de Chicago son relevantes y, por sobre todas las cosas, actuales.

Poniendo sus contribuciones en contexto, el Padre del Monetarismo (aunque no le gustaba el término) tuvo que convertirse en un revolucionario de la economía, porque lo hizo después de la Gran Contracción del 29-33, donde el análisis económico basado en el libre funcionamiento del mercado, para la mente de muchas personas, dejaba que desear, al tiempo que la publicación de “la teoría general” de John Maynard Keynes (publicada en 1936) ofrecía “el sustento teórico” que alimentaba las fantasías mesiánicas de los políticos derrochadores.

Previo a la obra del británico de Cambridge, la macroeconomía dominante se sustentaba en la base del esquema ahorro-inversión inspirado por el sueco Johan Gustaf Knut Wicksell. La idea básica era muy simple. Las decisiones de ahorro (postergar consumo presente a cambio de un mayor consumo futuro) e inversión (mayor producción futura) eran coordinadas por la tasa de interés. A su vez, en el mercado de dinero se determina el nivel de precios. Por último, frente a un mercado laboral plenamente flexible (en lo institucional y en lo funcional), el salario real sería consistente con el nivel de pleno empleo. Así, cuando la tasa de interés no se hallaba en su valor de equilibrio esto impactaría en el nivel general de precios. Cuando la tasa está debajo del nivel de equilibrio habrá un exceso de demanda de bienes, cuya contrapartida será un exceso de oferta de dinero que impulsará una suba de precios (preocupación de las escuelas austríaca –Mises y Hayek- y sueca – Cassel, Lindhal, Ohlin y Myrdal). Para el caso contrario estaríamos frente a la deflación (motivación de los ingleses Hawtrey, Robertson y Keynes; 1930).

La destrucción keynesiana se basó en cuatro pilares. El consumo se presentó como una función dependiente del ingreso corriente, convirtiendo al ahorro en un mero residuo. La inversión era regida por el humor de los empresarios (animal spirits) sin vínculo alguno con la tasa de interés. A esto le sumaba una mala interpretación de la Ley de Say, que junto el supuesto de precios y salarios fijos daba lugar al milagroso ajuste de cantidades, y a la grotesca caricatura del multiplicador, permitía determinar el ingreso en el mercado de bienes. Finalmente, la estructura cerraba con la trampa de la liquidez, donde todo lo que ocurriera con el ingreso, los precios y la oferta de dinero sería absorbido plenamente por la demanda de dinero (por lo que dicha variable se volvía altamente inestable). En este marco, la política monetaria era totalmente inefectiva y la política fiscal resultaba plenamente poderosa. Los políticos felices. Keynes mucho más. Y sus discípulos presentes, Krugman y Stiglitz muchísimo más que agradecidos por el buen momento. Las libertades individuales acorraladas contra la pared por el creciente accionar del Estado.

Dado el rol que jugaba la función de consumo (propensión marginal a consumir) en el modelo keynesiano y sus implicancias sobre el multiplicador, sumado a sus pobres resultados empíricos (Kuznets), Milton Friedman escribe “La teoría de la función de consumo”, en la que presenta la hipótesis del ingreso permanente. Dicho concepto representa lo que un individuo espera que sea su ingreso a lo largo de toda su vida y lo que estaría reflejando, traído a valor presente, es su riqueza. Entonces el individuo toma este ingreso permanente para decidir qué es lo que consumirá. A su vez, el ingreso transitorio es la diferencia entre el ingreso corriente y el ingreso permanente, y es lo que el individuo ahorra. Cuando el ingreso transitorio es positivo la gente ahorra; cuando el ingreso transitorio es negativo, la gente des-ahorra. De este modo, los cambios en el consumo ante cambios en el ingreso corriente son insignificantes (la propensión marginal al consumo se reduce) y el multiplicador se desvanece. Friedman: 1 – keynesianos: 0.

Al tiempo que la evidencia empírica le daba la espalda a la función de consumo keynesiana, en los Estados Unidos se había comenzado a acelerar la tasa de inflación. Ante dicha situación, los precios fijos del sistema ideado por Keynes no brindaban solución. Para dar respuesta a ello, el gigante de Chicago decide recuperar la “Teoría Cuantitativa del Dinero” de Hume y Fisher. En ese proceso se acerca a la visión de los teóricos de Cambridge y la interpreta como una función de demanda de dinero. La función en cuestión tenía como argumentos al ingreso permanente, una división entre riqueza humana y no humana y los retornos esperados del dinero y una serie de otros activos financieros que trabajaran como sustitutos. Una vez cerrada la estructura teórica procede al testeo empírico. La función (y por ende la velocidad) es estable, lo cual implica que los incrementos en la cantidad de dinero, en el largo plazo (momento en el cual todos los ajustes toman lugar y la economía se halla en pleno empleo) se traducen en mayores precios. Así, no sólo explicaba la creciente inflación, sino que probaba la falsedad de la trampa de la liquidez, al tiempo que la política monetaria ganaba poder. Friedman: 2 – keynesianos: 0.

El tercer gran hito en la vida académica de Milton Friedman viene dado por la publicación del libro “La Historia Monetaria de los Estados Unidos (1867-1960)”, el cual fue escrito junto a una alumna de la Universidad de Columbia, cuya tesis el tutoreó, Anna Jacobson Schwartz. Esta obra no solo es uno de los documentos más influyentes en el campo de la teoría monetaria, sino que a la luz del debate con los keynesianos, puesto en términos futbolísticos, el capítulo 7 que trata sobre “La Gran Contracción de 1929-1933” es una paliza equivalente a la que le propinó Alemania a Brasil en el último mundial. En dicho capítulo, no solo se prueba la potencia de la política monetaria, sino que además pulveriza la idea de los precios fijos (rígidos a la baja) y desnuda el problema (confusión) keynesiano de la ilusión nominal en la determinación de la inversión. Esto es, la tasa de interés nominal podía ser nula, pero dada la deflación la tasa real era enorme. De esta manera, quedaba demostrado que tanto las rigideces de precios y salarios a la baja, como la peregrina idea de los empresarios guiados por los espíritus animales carecían de sustento empírico. Friedman: 4 – keynesianos: 0.

Mientras que esto tomaba lugar y frente a la creciente tasa de inflación, los keynesianos seguían buscando una ecuación que les permitiera explicar el continuo aumento de precios sin defraudar a los políticos. En esa búsqueda desesperada, la relación entre variación de salarios y la tasa de desempleo encontrada por William Phillips (1958), la transformación de la misma en términos de inflación y desempleo de Richard Lipsey (1960) y la “validación empírica” de Samuelson y Solow (1960) parecía venir al rescate de Keynes y sus discípulos. Dicha curva brindaba una solución a los problemas de desempleo a cambio de resignarse a una mayor inflación. Esto es, existía una relación inversa entre inflación y desempleo de largo plazo, la cual no solo que era estable, sino que además implicaba que el dinero no era neutral. Sin embargo, Milton Friedman sospechaba que dicha relación fuera estable. Su trabajo sobre dinero e inflación daba cuenta de la neutralidad del dinero a largo plazo. En función de ello, y especialmente en base a la evidencia empírica, construyó la hipótesis de la tasa natural de desempleo. Si bien tomaba de inicio la Curva de Phillips, a esta le sumaba las expectativas (adaptativas) de inflación. De esta manera, un aumento en la tasa de crecimiento en la cantidad de dinero generaba una mayor tasa de inflación, cuya contrapartida era una reducción en la tasa de desempleo. Sin embargo, dicho resultado surgía de los errores de pronóstico de los agentes. Por lo tanto, una vez que los agentes incorporaban la información, el desempleo volvía a su tasa natural, aunque la tasa de inflación no bajaba. Friedman: 5 – keynesianos: 0.

Milton Friedman nos dejaría en 2006. Su vida académica estuvo signada por desenmascarar el fraude intelectual instrumentado por John Maynard Keynes y sus seguidores, quienes dedicaron su vida al culto de la religión del Estado. Sin embargo, pese a los abrumadores resultados, durante la última gran crisis, las ideas del inglés retomaron impulso. Afortunadamente para el bienestar de la humanidad, Benjamin Shalom Bernanke, desde la Reservas Federal e inspirado por el capítulo 7 de “La Historia Monetaria de los Estados Unidos” aportó la constrastación empírica que puso cifras definitivas al debate. Friedman (post mortem): 6 – keynesianos: 0.

El triunfo de la racionalidad y el bienestar general

El marco imponente que ofrecía el Monumento a la Bandera frente al río Paraná, las pegatinas de afiches y pintadas de paredes de los días previos y las consignas de los manifestantes, todo parecía una trampa que condujera a Cristina Fernández de Kirchner a envalentonarse en un discurso casi tan peligroso como la decisión de Adán y Eva en los inicios de la humanidad. A pesar de ello, la Presidente, y a modo de homenaje a los economistas en su día, pegó un golpe de timón que nos evitará caer en el abismo de un nuevo default.

Lejos de posiciones absolutistas e inconducentes que hubieran llevado al hundimiento de la economía, la mandataria brindó un discurso en torno a la problemática de la deuda que muestra el triunfo de la racionalidad intertemporal por sobre la miopía ideológica. Triunfó el pragmatismo. En este sentido, reconocer cómo acreedores dignos de recuperar sus inversiones tanto al grupo del 92,4% que ingresó a los canjes de 2005 y 2010 como a los que decidieron no hacerlo es una gran noticia para los ciudadanos de nuestro país, los presentes y los futuros.

Frente a la negación de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de tomar el caso, la posibilidad de extender el momento de la negociación con los holdouts más allá del 2014 (cuando vence la cláusula RUFO) quedó abortada, por lo que el fallo del juez Thomas Griesa quedaba en firme. Así, al Gobierno se le presentaban tres caminos: (i) buscar una forma de pago para compensar a los inversores litigantes; (ii) no acatar el fallo y buscar hacer el pago mediante el cambio de jurisdicción; y (iii) defaultear tanto a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 como a los holdouts.

Si bien la Presidente había manifestado su intención de dar cumplimiento con el pago a aquellos bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 descartando la tercera de las posibilidades, elegir el cambio de jurisdicción, frente a su imposibilidad práctica (al tiempo que caeríamos en desacato y en default selectivo) parecía indicar que íbamos camino a un nuevo default.

En este sentido, de haber optado explícita o tácitamente por un nuevo default, no hubiera sido algo libre de costo. Desde el punto de vista de la macroeconomía del corto plazo, la volatilidad y la incertidumbre si habrían desbordado. El riesgo país se hubiera disparado y con ello la tasa de interés, produciendo una abrupta caída de la inversión. Por otra parte, una mayor incertidumbre hubiera generado los incentivos para convertir los ahorros en moneda extranjera poniendo mayor presión sobre el tipo de cambio y los precios. Ante dicho contexto hubiera tenido lugar una fuerte descoordinación entre el ahorro y la inversión, lo cual destruiría el nivel de actividad, el empleo y el salario real.

Por otra parte, desde una perspectiva de mediano y largo plazo los resultados tampoco resultaban atractivos. En primer lugar, no sólo hubiera persistido el problema con los litigantes, sino que la extensión del default hubiera retraído la situación a la previa de 2005, por lo que frente a un problema de fácil solución hubiéramos caído en uno mayúsculo, ya que ante el fallo del Juez Griesa nadie tendría incentivos para ingresar a una nueva reestructuración con quitas. En segundo lugar, no sólo hubiéramos mostrado desacato y que sólo cumplimos con las reglas cuando nos resultan favorables, sino que nos hubiéramos puesto de espaldas a la principal fuerza del crecimiento: el respeto de los derechos de propiedad. Al mismo tiempo, y en relación con lo anterior, hubiéramos tirado por la borda todo el crecimiento potencial asociado con la nueva infraestructura a desarrollarse en los próximos años.

Diversos estudios sobre los requerimientos de infraestructura para los próximos diez años arrojan que es necesario invertir cerca de USD 295.000 millones. A su vez, Redes Viales, Energía Eléctrica y Gas y Oil representan el 86% del total. Puntualmente, Oil y Gas demandará inversiones por USD 107.000 millones derivados de USD 29.000 millones para petróleo y gas convencional, USD 29.300 millones para shale oil, USD 34.700 millones para shale gas y alrededor de 14.000 para downstream.

En cuanto a Energía Eléctrica, los requerimientos totalizan 38.000 millones de los cuales 25.000 millones son para generación y 13.000 millones para distribución. A su vez, la puesta al día y el mantenimiento de las inversiones demandarán 50.000 millones más. En cuanto a las redes viales, estas demandarán 58.000 millones, ferrocarriles y subtes 34.500 millones, agua y saneamiento 6.500 millones y telefonía móvil USD 1.000 millones (cifras en dólares en todos los casos). Naturalmente, con un default inmanejable estas inversiones se perderían y dado en nivel de saturación de la infraestructura presente, el propio aumento de la población nos llevaría a un colapso. A su vez, el nivel de madurez mostrado junto a una mejora de las instituciones podría adelantarlas en el tiempo, cuya consecuencia sería una aceleración de la tasa de crecimiento de la economía.

Finalmente, ahora surgirán las preguntas acerca de la transición. Sin embargo, como un resultado impensado frente a la generosidad política traducida en pragmatismo, es muy probable que, dados los fundamentos de la economía, nos encontremos frente a una oleada de fondos externos que nos permita transitar el camino sin sobresaltos. Y si los hubiera, nunca serían tan duros como los derivados de un nuevo default.

Cuanto más tarde el ajuste, más difícil será encauzar la economía

Los heterodoxos y keynesianos locales mienten de manera flagrante cuando acusan al Banco Central de haber metido a la economía en una recesión, lo que es toda una paradoja para los adoradores del gasto público que desprecian la efectividad de la política monetaria. Puede que ello se deba a la necesidad de lavar culpas por permanecer callados, o hasta por mostrarse eufóricos, mientras el gasto público volaba. Alternativamente, puede que acorde a su tradición de vivir de espaldas a los datos, desconocían que la economía se venía desacelerando desde fines de 2013 y que la recesión era número puesto. Es más, de tanto haber criticado a Milton Friedman, por osmosis deberían haber asimilado que la política monetaria opera con largos rezagos y que además los mismos son variables. Por último, pese a vivir en un país de alta tradición inflacionaria, siguen confundiendo la tasa de interés real con la nominal. Casi les faltaría afirmar que el Presidente Alfonsín fue el que más hizo por los trabajadores en la historia, llegando a subir los salarios en el año 1989 un 3.954,2% anual.

El déficit fiscal financiado con emisión monetaria aceleró la tasa de inflación, donde al no tener como contraparte un movimiento similar en el precio de la moneda extranjera terminó ajustando sobre el nivel de reservas del BCRA. La respuesta, propia de quien no cree en sistema de precios, fue inducir a un ajuste de cantidades vía la instauración del cepo cambiario, el cual, no sólo no frenó el drenaje de divisas, sino que bloqueó el ingreso de dólares para financiar una cuenta corriente negativa. La contracara monetaria de dicho proceso fue la gestación de un sobrante de pesos por el equivalente a 5% del PIB, que alimentaban la fantasía de haber encontrado sustento empírico para la trampa de la liquidez al tiempo que aumentaba la base imponible del impuesto inflacionario.

Frente a estos profundos y crecientes desequilibrios, el público atacó las reservas para sacarse los pesos de encima. En este contexto, Juan Carlos Fábrega, como un digno hijo de Urano y Gea, se puso el traje de cíclope. Sin más alternativa devaluó la moneda un 25%, subió la tasa de interés al 30%, piso el pago de importaciones, adelantó dólares de los sojeros, recibió fondos de Chevron e YPF y obligó a los bancos a liquidar posiciones en moneda extranjera.

Es más, entre la suba del PIB nominal (ajustado sobre la base anterior) y el apretón monetario previo a la financiación del Sector Público, el sobrante de pesos cayó en 3,5% del PIB, lo cual redujo un 70% de la tasa de inflación potencial. Por lo tanto, de no ser por el BCRA, el exceso de pesos hubiera derivado en un nuevo Rodrigazo, donde no sólo la caída del producto hubiera sido más aguda sino que la tasa de inflación estaría en niveles insoportables.

Simultáneamente, en el frente externo se anuncio el pago a los juicios en el CIADI, se llegó a un acuerdo con Repsol y el Club de París por la regularización de la deuda y se llevó adelante una adecuación de las estadísticas del IPC y de las cuentas nacionales que serían supervisadas por el FMI. Es más, como parte de dicho proceso se redujo el cómputo del crecimiento del PIB, lo cual permitiría ahorrar al país en concepto del cupón ligado con actividad una importante cantidad de divisas.

Sin embargo, aún falta la verdadera prueba de amor de un programa ortodoxo: el ajuste del gasto público. La inacción en materia de reducción del gasto público no solo se está consumiendo el valioso tiempo comprado por el BCRA, sino que la profundización de los desequilibrios macroeconómicos aumenta cada día. A su vez, las cuentas públicas suelen empeorar hacia final del año, muy especialmente en el último trimestre. Por otra parte, en lo monetario, la deuda del Banco Central habrá que renovarla y, de no cambiar la política fiscal, su costo será cada vez mayor (por lo que al final del proceso, el nivel de precios puede terminar siendo más alto -desagradable aritmética monetarista).

Es más, cuanto más tiempo se tarde en hacer el ajuste, cada vez será menos posible encauzar la economía sin costos. De hecho, el exagerado nivel de consumo ha diezmado la capacidad productiva de la economía (retracción de la frontera de posibilidades de la producción), por lo que si no cae el salario real no habrá empleo para todos y si se cubre con empleo público habrá reparto de pérdidas masivo. Por lo tanto, aplicar el manual keynesiano de políticas expansivas con una oferta que se contrae sería como tirar más nafta al fuego inflacionario.

Por el momento, pareciera que la única estrategia consta en esperar que caigan del cielo una lluvia de dólares que permitan construir un puente verde hasta el último trimestre de 2015. De ser este el caso, resulta importante el monto involucrado. En este sentido, con el mismo modelo que usamos en “Política Económica Contrarreloj” y parados en enero 2014, para llegar hasta octubre eran necesarios USD 20.000M. A su vez, el no pago del cupón atado al PIB, los fondos de Chevron y la colocación de deuda por parte de YPF redujo las necesidades a USD 13.000M. Sin embargo, para que la suma sea suficiente, el fondeo del BCRA al tesoro no debería superar los $ 100.000M y el desequilibrio del fisco para 2015 (en dólares) debería estar en línea con la balanza comercial.

El problema radica en que el balance comercial está cayendo y de ubicarse en los USD 6.000M, manteniendo la brecha financiera del fisco de USD 12.000M, harían falta otros USD 6.000M. Por ende, para cerrar la diferencia entre el lado comercial y el fiscal, una posibilidad es que mejore el precio de la soja un 26%, en un contexto donde las tasas de interés internacionales parecieran estar poniendo un techo al mismo. Otra posibilidad es que, a precios dados, las importaciones caigan cerca de un 10%, lo cual generaría una retracción del PIB y el empleo. Por último, se podría devaluar la moneda, lo cual no sólo mejoraría la balanza comercial, sino que además bajaría el desequilibrio fiscal en dólares. Sin embargo, esto último generaría un nuevo salto inflacionario.

Finalmente, los nuevos descubrimientos hechos por YPF, a lo que se le podría agregar una solución favorable tanto con el Club de París como con los holdouts, dado el bajo nivel de endeudamiento del país, se podría abrir una ventana de financiamiento por los USD 19.000M necesarios para evitar sobresaltos. Por lo tanto, existe una solución en la que no hay ajuste fiscal sin crisis. El tema central es, al margen de la herencia a futuro, su probabilidad de ocurrencia sin que en el medio se caiga la demanda de dinero.