Nueva consecuencia de un modelo quebrado

Javier Milei

Ayer por la mañana, los trabajadores de la multinacional gráfica Donnelley reclamaban por segundo día consecutivo contra el cierre del establecimiento mediante un corte de tránsito frente a la empresa (en la colectora de la ruta Panamericana). Así, el conflicto en la planta de la localidad bonaerense de Garín escaló un peldaño más ante el fracaso de la audiencia convocada por la cartera laboral de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, las circunstancias económicas y financieras por las que atraviesa la empresa estarían conduciendo a la pérdida de cuatrocientos puestos de trabajo.

Según los representantes gremiales, la gráfica “miente” cuando dice que está en quiebra, ya que señalaron que, desde el año pasado la compañía reporta ganancias a nivel mundial por USD 208 millones y que los ingresos en el mercado local alcanzaron un máximo histórico. Vale la pena aclarar que si bien los ingresos pueden estar volando en términos nominales, dada la inflación reinante podrían estar cayendo en términos reales. Los trabajadores consideran que la empresa está intentando poner presión para degradar las condiciones de trabajo, los salarios y la cantidad de empleos. De hecho, los representantes de los trabajadores afirman que no permitirán el cierre de la empresa y que si se intenta avanzar en dicha dirección tomarán el control de la misma y serán ellos mismos quienes lleven adelante el proceso productivo.

Al mismo tiempo, un escrito presentado por la multinacional señalaba que “hasta tanto la Corte Comercial competente tome una decisión al respecto, la planta de Garín permanecerá cerrada para asegurar la integridad física de los activos de la empresa, los cuales serán administrados por la misma Corte y, en su caso, liquidados entre los acreedores”. Claramente, el comunicado es propio de un caso de una empresa que está quebrada. De hecho, tiempo atrás, Donnelley pidió al Gobierno subsidios para mantener sus actividades. Incluso, intentó iniciar un proceso preventivo de crisis, pero ambos pedidos fueron rechazados. El Ministerio de Trabajo también bloqueó el intento de despedir 123 empleados que semanas atrás había realizado la compañía. Por lo tanto, a la luz de estos eventos, la firma decidió la finalización total y definitiva de sus operaciones en la Argentina (los economistas con buena formación microeconómica / equilibrio general tienen aquí un caso aplicado de lo que se denomina “axioma de inacción”).

Mientras tanto, la Conferencia Episcopal Argentina expresó su preocupación por la inestabilidad laboral creciente producida por las suspensiones de personal y los cierres de fábricas, al tiempo que advirtió por los altos niveles de inseguridad en el país. En este sentido, el vocero del Episcopado, el sacerdote Jorge Oesterheld señaló: “Preocupa a los obispos la inestabilidad laboral creciente que se manifiesta en despidos, suspensiones y el cierre de fábricas”.

Lo relevante en todo esto es que, cuando uno revisa los distintos argumentos de cada una de las partes, las manifestaciones de los representantes de la Iglesia y lo que está sucediendo en los distintos polos productivos del país, queda en evidencia que la situación de Donnelley no es un caso aislado, sino que es un ejemplo de lo que está pasando en el conjunto de la economía. Por otra parte, los argumentos esgrimidos por los distintos trabajadores y las empresas parecieran dar muestra de una feroz lucha entre empresarios y empleados, que buscan siempre poner a la otra parte como el malo de la película. Sin embargo, y pese a que la dinámica de los negocios puede implicar el cierre de empresas al tiempo que se abren otras, la existencia generalizada de conflictos está mostrando que el problema no es de índole puntual (nivel microeconómico), sino que viene desde un plano más grande (nivel macroeconómico).

Desafortunadamente para nuestro país (y por ende para el conjunto de sus habitantes), en los últimos años se ha insistido una y mil veces con una visión del crecimiento económico fundamentada en el keynesianismo más precámbrico del que se tenga conciencia. Así, aquellos que abogan por esta hipótesis sostienen que la incentivación del consumo produce aumentos en la demanda agregada (el tan famoso como falaz multiplicador keynesiano) que frente a un mundo de precios fijos (ya sea por existir capacidad ociosa o por precios fijados institucionalmente) generan aumentos del producto bruto interno y que esto último es lo que debería conducir a mayores niveles de inversión (la idea del acelerador de la inversión). Por lo tanto, bajo este esquema, ofrendando al dios gobierno la danza de la lluvia, caerían los pesos del cielo que pondrían en marcha un milagro económico. Sin embargo, si esto fuera así y la extensión horizontal de los malditos pizarrones son el único límite que habría para los efectos expansivos del gasto público sobre el producto, uno debería preguntarse porque este proceso no encuentra vínculo positivo con ninguna de las experiencias exitosas de crecimiento a nivel mundial. Es más, la evidencia empírica señala que aquellos países que a medida que aumentaba su desarrollo fueron dando lugar a una mayor presencia del gobierno vieron mermar sus procesos de crecimiento. Por ello, no es casual que aquellos países que presentan una tendencia creciente en el peso del gobierno dentro de la economía tiendan a mostrar menores tasas de crecimiento.

El problema con esta visión es que viola las restricciones de presupuesto. Si se decide aumentar el consumo, ello deriva en un menor nivel de ahorro y por ende en un menor nivel de inversión. Naturalmente, la contracara de ello es un menor nivel de capital por habitante, por lo cual el producto por habitante es menor y como consecuencia de este menor nivel de productividad, el salario real (poder de compra de los ingresos) de los habitantes se comprime. En este sentido, cuando se exagera de manera desmedida la estimulación del consumo, el ahorro no resulta suficiente como para cubrir las necesidades de capital de los nuevos ingresantes a la fuerza laboral ni para cubrir las amortizaciones del capital existente, por lo que inexorablemente el poder de compra de los trabajadores cae. A su vez, si la contraparte de dicha situación es una representación gremial dura que logra sostener el salario real la consecuencia es un mayor desempleo. Es más, cuanto mayor éxito en sostener el salario real, menor cantidad de empleos, que dada la dinámica poblacional y los incentivos empresarios recaería sobre los más jóvenes. Por otra parte, en una situación como la descripta donde la oferta de la economía se contrae, una mayor estimulación del consumo vía reducciones en la tasa de interés generará un exceso de demanda que pondrá mayor presión sobre el nivel de precios acelerando la tasa de inflación. Alternativamente, si el desbalance entre ahorro doméstico e inversión se cerrara vía financiamiento externo, tarde o temprano este mayor endeudamiento pro-consumo terminará en una crisis de divisas.

Asimismo, cuando los derechos de propiedad y el marco institucional se muestran flexible de modo tal que siempre se perjudica al inversor -como en el caso Donnelley, con los trabajadores tomando la fábrica para “ponerla a producir” y desconociendo la lamentable pero legítima decisión de la empresa-, la tasa impositiva es agobiante y las políticas redistributivas buscan determinar los salarios reales sin considerar la productividad, el retorno esperado cae.

Por otra parte, si la política económica muestra una calidad deficiente que se traduce en un mayor riesgo país, sumado a la potenciaciación del riesgo específico, los empresarios verán como se diluye la creación de valor hasta entrar en un terreno negativo que derivará en una caída de la inversión y por ende en una contracción del capital por habitante. Por lo tanto, cuando la dinámica de los negocios queda atrapada por esta lógica económica, la oferta agregada de la economía se contraerá -de hecho, nuestro PIB per-cápita en dólares constantes para este año terminará por debajo del de 1998- y si ello se intenta remediar aplicando el manual de política económica keynesiano su resultado terminaría siendo peor que el que surgiría de llamar a Nerón para combatir un incendio.