La llegada de Uber al país y la consecuente respuesta (más allá de ser una nueva edición de la falacia ludista en cuanto al odio a la máquina, a la tecnología), tanto de taxistas como del sindicato y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no hace más que validar una de las reflexiones más brillantes de Albert Nock en su libro Nuestro enemigo el Estado, en la que sostiene: “Es de gran ayuda darse cuenta del hecho público y notorio de que el Estado se moviliza de forma muy lenta hacia cualquier objetivo que devenga en beneficio de la sociedad, mientras que se moviliza rápidamente y con prontitud hacia aquellos objetivos que devienen en beneficio propio; y que tampoco se moviliza hacia los propósitos sociales por iniciativa propia sino bajo presión, mientras que su movilización en pos de propósitos antisociales surge de manera automática”.
Naturalmente, comprender este nefasto cúmulo de asociaciones entre el Gobierno de la ciudad, los taxistas y su sindicato en contra de Uber, los usuarios de servicios de traslado de pasajeros y la sociedad es un conjunto implica develar conceptos que, puestos todos juntos, dejan en evidencia la naturaleza violenta del Estado en detrimento del bienestar de los individuos. En función de ello, desarrollaremos los siguientes puntos: tipificación de la intervención violenta del Estado; naturaleza de los monopolios (o cárteles) y su impacto sobre el bienestar; tipos de intervención implícitos en el ataque frente a Uber y los ciudadanos y, a modo de conclusión, los daños emergentes sobre la sociedad derivados de la asociación entre taxistas, sindicato y Estado porteño.
La intervención violenta del Estado
La intervención consiste en el uso de la fuerza física agresiva dentro de la sociedad, de modo tal que se sustituyan las acciones voluntarias por la coacción. A su vez, en nada cambia que dicha aplicación de fuerza sea individual o grupal, ya que la naturaleza económica y las consecuencias de la acción son las mismas.
En el mundo real, son los Estados los que realizan la mayor cantidad de intervenciones, ya que, en la sociedad, el Estado es la única organización legalmente autorizada para hacer uso de la violencia y la única entidad que obtiene legalmente sus ingresos de una imposición compulsiva.
Sin embargo, podemos clasificar las intervenciones en tres grandes categorías. En primer lugar, tenemos la intervención autística, en la cual el agresor (el Estado) ejerce coerción (ordena a un individuo que hago o no haga ciertas cosas, restringir uso de sus bienes) sobre un sujeto sin que este reciba a cambio ningún bien o servicio. En segundo lugar, está la intervención binaria, en la que el Estado puede llevar a cabo de manera compulsiva un intercambio entre otro individuo y él mismo (por ejemplo, el pago de impuestos), u obligar a otro a que le proporcione un obsequio.
Por último, está la intervención triangular, donde se crea un relación hegemónica entre el invasor (el Estado) y dos sujetos que intentan realizar un intercambio real o potencial. Dentro de esta gama de intervenciones están los controles de precios y los de cantidades-productos, donde los últimos incluyen una gama de restricciones que implican la concesión de privilegios monopolísticos tales como: cárteles obligatorios, licencias, estándares de calidad y seguridad, aranceles, sanciones a estructuras de mercado, leyes de salario mínimo y sindicalización obligatoria, concesiones y servicios públicos, políticas en contra de los monopolios, por sólo mencionar algunas de las intervenciones que suele aplicar el Estado.
En este sentido, al momento de explorar los efectos de la intervención debemos tener en cuenta no sólo las consecuencias directas, sino también los efectos indirectos. En primer término, la intervención tendrá consecuencias directas e inmediatas sobre la utilidad de los que participan.
Así, cuando la sociedad es libre y no hay intervención, cada uno procederá de manera que su nivel de utilidad sea máximo. De este modo, la intervención coercitiva conlleva a una pérdida de utilidad, ya que los agentes están siendo obligados a realizar, por la fuerza, lo que de modo voluntario no hubieran hecho, motivo por el cual siempre se pierde utilidad como resultado de la intervención. Por otra parte, dado que estas intervenciones modifican el comportamiento del sujeto, esto afecta a su patrón de decisiones que se derraman sobre el resto de los mercados, lo cual da origen a los efectos indirectos (por ejemplo, un control de precios no sólo genera un exceso de demanda en el mercado de bienes, sino que además provoca un exceso de oferta en el mercado de dinero, lo que engendra el problema del sobrante monetario que, al liberarse el control, en general, produce fuertes episodios inflacionarios).
La naturaleza de los monopolios
Si bien respecto al monopolio existen varias definiciones, desde el punto de vista de una sociedad libre, la única definición satisfactoria es la expresada por Lord Coke, que sostiene: “Monopolio es el establecimiento u otorgamiento por parte del rey, mediante merced, concesión suya, o de otra manera […] a cualquier persona o personas, cuerpo políticos o corporativos, para la exclusiva venta, compra, fabricación, elaboración o uso de alguna cosa, por medio de lo cual cierta persona o personas, cuerpo políticos o corporativos, resultan restringidos en cuanto a libertades que anteriormente tenían, o entorpecidos en su legítimo comercio”.
Para internalizar lo que dicha definición significa, supongamos que nos encontramos frente a dos mercados, los cuales están caracterizados por la existencia de un solo productor, donde la única diferencia entre ellos es que en uno hay libre entrada, mientras que en el otro esta libertad está vedada por la intervención del Estado. En el segundo caso, la restricción impuesta por el Estado impide que otros productores puedan ofrecer un producto más barato y de mejor calidad; por ello, este monopolio tendrá una renta derivada de un privilegio, por lo cual es legítimo sostener que existe una explotación del consumidor, donde se paga mayores precios (fruto de ajustar las cantidades) para una menor calidad de producto. Por otra parte, cuando existe libre entrada al mercado, pero donde sólo existe un único productor, en un momento dado, esta posición específica es necesariamente resultado de los méritos particulares de ese productor y de su capacidad para satisfacer de modo eficiente las necesidades de los consumidores (el mercado).
De hecho, en este contexto, todo innovador es necesariamente un productor único y si resulta exitoso en su tarea, los mayores beneficios atraerán a nuevos competidores, que buscarán imitar o mejorar su producto y con ello reducir el precio y los beneficios.
Por lo tanto, la pregunta relevante es la siguiente: ¿resulta esta posición monopolista del uso de la fuerza o de la libre voluntad de los consumidores? De otro modo, ¿el productor único protege la situación impidiendo con la fuerza (del Estado), lo que justamente debe llamarse competencia de productores potenciales, o es él mismo el que está potencialmente amenazado y debe su posición únicamente a sus esfuerzos y a la calidad de la producción a los ojos de sus clientes?
Mecanismos de intervención involucrados en el caso de Uber
Bajo este marco analítico, quedan plenamente de manifiesto los daños causados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los taxistas y los sindicatos ligados a estos últimos, en detrimento del resto de los ciudadanos.
Por un lado, el servicio de taxis de CABA representa un esquema de cártel obligatorio, ya que obliga a todos los prestadores del servicio a formar parte de una organización, donde a los participantes se les imponen restricciones en la cantidad de horas de tránsito (ver al frente de los taxis el adhesivo con el horario para el cual está habilitado a circular). A esto se le debe sumar la presencia de un precio mínimo, el cual está impuesto por el Gobierno de la ciudad. Al mismo tiempo, un taxi, para construirse en un taxi, debe poseer una licencia, lo cual restringe de modo deliberado la oferta de trabajo, al tiempo que se imponen diversas reglas y requisitos para trabajar en dicho sector. Así, a aquellos que cumplan las normas determinadas unilateralmente por el Estado (entre ellas, el pago de la licencia, lo cual es un obstáculo enorme para competidores con poco capital) se les impide la entrada, a punto tal que el número de taxis dentro de la ciudad está fijo, sin consideración alguna sobre la demanda y su comportamiento en distintos momentos del día y de los contextos (por ejemplo, lluvias), lo cual deriva a un servicio extremadamente rígido, ineficiente y poco apto para responder a los cambiantes deseos de los consumidores.
En paralelo a todo este conjunto de restricciones, como un mecanismo de favorecer a los dueños de licencias, utilizando el argumento del monto del seguro de vida, se hizo uso del argumento de los “estándares de calidad y seguridad”, donde el Gobierno “protege” a los consumidores al asegurarles servicios de máxima calidad. En rigor, el término ‘calidad’ es muy elástico y, en definitiva, son los consumidores quienes lo fijan con sus acciones libre de mercado (al margen de que el parque automotor promedio de los taxis es el doble de viejo que el de Uber).
Naturalmente, los dispositivos violentos por parte del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (allanamientos a las oficinas de Uber) representan, además del daño causado sobre los que desean tomar el servicio, una sanción a una estructura de mercado y a lo cual se deben sumar los actos violentos de los taxistas (en defensa de su monopolio o privilegio en el sentido más estricto en que se ha definido más arriba) sobre los prestadores del servicio de Uber.
De más está decir que las regulaciones en cuanto a las leyes de salario mínimo y sindicalización obligatoria, sobre concesiones y servicios públicos y las supuestas políticas en contra de los monopolios representan un amplio abanico de intervenciones violentas del Estado a favor de un grupo (políticos, taxistas y sindicalistas) y en contra de las libertades individuales de los que buscan brindar el servicio por la red de Uber, como contra los potenciales usuarios del servicio.
Reflexiones finales
Friedrich Von Hayek sostenía que la competencia es un proceso de descubrimiento, y cuando hay competencia, esto es, libertad de entrar y salir de un mercado, todo productor es incitado a producir mejor que los otros y a vender sus productos más baratos o más capaces de satisfacer las necesidades de quienes compran. Pues sólo obrando así continuamente podrá un productor mantenerse en el mercado, ganar cuotas de mercado o evitar la quiebra. La competencia es, en este sentido, un poderoso factor de innovación y de progreso económico, lo cual confirma, en el contrario, el subdesarrollo de las economías con fuertes grados de intervención, en las que la libertad de empresa está limitada o totalmente ausente.
En definitiva, la competencia y el mercado libre son elementos que no sólo maximizan el nivel de vida (utilidad) de los individuos, sino que además crean un círculo virtuoso de crecimiento y bienestar en el cual la coalición entre el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, los dueños de las licencias, los trabajadores taxistas y los sindicatos, amparados en el aparato represivo del Estado, están obrando en contra de los intereses, no sólo de Uber y sus prestadores, sino que lo están haciendo en contra de los ciudadanos de la ciudad. Al mismo tiempo, todo este conjunto de acciones llevadas a cabo por el Estado es una nueva edición del comportamiento ludista que cae en lo que se denomina el odio a la máquina, una pésima señal para todo aquel que quiere invertir en la ciudad utilizando tecnología de punta.
Por lo tanto, y a modo de reflexión final, tal como afirmara Herbert Spencer en su libro El hombre contra el Estado: “Cuando el poder estatal se aplica a propósitos sociales, su acción es siempre lenta, estúpida, extravagante, no adaptativa, corrupta y obstructiva”. Esperemos que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires recapacite por lo actuado en contra de Uber, sus prestadores y en especial hacia los ciudadanos, ya que, en su defecto, dejará de manifiesto un comportamiento del tipo fascista, el cual no difiere del llevado a cabo por el kirchnerismo, salvo por los modales y la brutal irracionalidad de estos últimos en el manejo de los asuntos públicos.