Tras catorce años de liderazgo personalista de Hugo Chávez, los venezolanos dieron los primeros pasos en el nuevo mundo de la confrontación  política, el 14 de abril, cuando eligieron a un presidente para cumplir con el mandato de Chávez. Los fuegos de artificio que marcaron la campaña agresiva continúan, en cierto sentido, todavía encendidos.

A la inesperadamente reñida elección presidencial especial entre el presidente interino Nicolás Maduro y el candidato opositor Henrique Capriles, con una diferencia del 1,8% de los votos (o 272.865 votos), sobrevino la agitación postelectoral en las calles y el rechazo a los llamados internacionales, ya sea para un recuento de votos como para un reconocimiento inmediato de la ajustada victoria de Maduro. Luego de perder por 11 puntos contra el recientemente fallecido Hugo Chávez en octubre pasado, Capriles consiguió lo que para los estándares de la oposición era un resultado fantástico. Envalentonado por alcanzar un récord de 7,3 millones de votos, y preocupado por la falta de equidad en las condiciones de la campaña, Capriles pidió un recuento completo y se negó a aceptar los resultados hasta que este haya sido llevado a cabo. La participación alcanzó el 80%, medio punto porcentual menos que en octubre, dejando en claro una vez más que los venezolanos valoran votar.

Los términos de una auditoría

Los argumentos en torno al sistema automatizado de votación de Venezuela complicaron esta demanda de recuento de votos y los llamados internacionales para que haya un recuento. Pero éstos no son sólo semántica pedante.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la cabeza del Tribunal Supremo de Justicia rechazaron los llamados a un “recuento”, argumentando que significaría un retorno al método de votación manual del pasado, que fue descartado debido a sospechas de fraude hace quince años. El CNE, sin embargo, eventualmente aceptó una “auditoría”.

En Venezuela, los ciudadanos votan en máquinas de votación con pantalla táctil y reciben una papeleta para confirmar su voto electrónico. Depositan la boleta en una urna para que esté disponible para una “verificación ciudadana” de la votación electrónica en poco más de la mitad de las mesas de votación después del cierre de las urnas en la noche electoral. El voto legal es el registrado en la máquina de votación e impreso por la máquina, con copias que van al comando electoral central, las autoridades electorales de esa mesa de votación y todos los testigos de los partidos que estén presentes.

Aunque públicamente Capriles había llamado a un “recuento voto por voto“, el 17 de abril su campaña solicitó formalmente una auditoría del sistema, incluyendo una comparación de las papeletas y las actas de escrutinio junto con el número de votantes asentado en los registros manuales, así como una auditoría de todos los restantes “instrumentos de votación”, incluyendo las máquinas de registro de huellas dactilares.

La noche siguiente, el CNE ofreció ampliar la “verificación ciudadana” para incluir todas las urnas en lo que denominaron una auditoría técnica, un intento de verificar la consistencia entre las papeletas y las actas de escrutinio, y Capriles aceptó públicamente. Se espera que la auditoría demore un mes. En ocho años de uso de estas máquinas, ninguna discrepancia ha sido encontrada en las auditorías posteriores a la elección y no se espera que se encuentren en esta ocasión.

Por ahora, la batalla sobre retórica y los principios subyacentes continúa en tanto la campaña de Capriles sigue con su disputa con el CNE sobre qué más deberá abarcar la auditoría.

La oposición denuncia tres tipos de irregularidades que podrían afectar los resultados electorales -inconsistencias en el número de votantes y el número de votos en algunos lugares, deficiencias graves en la calidad de las votaciones y condiciones de campaña extremadamente desiguales-.

Los materiales adicionales solicitados por la campaña de Capriles apuntan a poder investigar algunas de las deficiencias que ellos y los observadores nacionales identificaron, incluyendo la votación bajo coerción, en la forma de personas que asistían a los votantes que no necesitaban ayuda, y la posible doble votación y la sustitución de identidad de votantes muertos. Los registros de las máquinas de identificación de huellas digitales de Venezuela, que se introdujeron precisamente para evitar el doble voto y la suplantación, así como los registros de las “incidencias” en el lugar de votación, podrían ayudar a determinar el alcance de estas posibles irregularidades.

Otras quejas relacionadas con la expulsión de los fiscales de mesa del partido opositor en una serie de centros de votación, lo que les impidió el monitoreo de dichas localidades, y la intimidación de los votantes por las bandas de motociclistas simpatizantes del gobierno son acusaciones graves. Pero es más difícil de medir su impacto en el recuento de votos. Por último, las quejas que afectan a la competitividad de la elección, como la desigualdad de recursos financieros para la campaña o el acceso a los medios, se presentaron antes de la elección, pero es imposible cuantificar su impacto en la votación propiamente dicha.

Detrás del conflicto

Si el conflicto está en un nivel semántico, por debajo de él se extiende una exigencia fundamental para el reconocimiento de cada lado. El gobierno argumenta que ganó las elecciones con el 51% de los votos y debe ser capaz de gobernar como mayoría vencedora, sin “cogobierno”. Recuerda que los expertos técnicos de la oposición han participado en 16 auditorías diferentes del sistema de votación antes y después de cada elección, y se ha proclamado en repetidas ocasiones que las máquinas automatizadas de votación son seguras y precisas, y resguardan el secreto del voto.

La oposición sostiene que, por primera vez desde que Chávez asumió la presidencia en 1999, representa la mitad del país y debe ser reconocida como tal, en lugar de ser excluida y desprotegida por el gobierno. Quiere que sus opiniones sean tomadas en cuenta en las decisiones de importancia nacional, tales como la forma de aumentar la productividad y reducir el crimen, y participar en la designación de las autoridades públicas, como los jueces y las autoridades electorales.

Pero hasta que la disputa electoral se haya resuelto, la oposición no reconocerá la legitimidad del gobierno de Maduro, y el gobierno de Maduro no quiere hablar con aquellos que no quieren reconocer su legalidad y su legitimidad. Ambos líderes se enfrentan a las facciones internas y presiones para demostrar su fuerza y su combatividad.

Más acuciante en el largo plazo son los problemas más profundos. Maduro encabeza un movimiento que se apoya en ambiciones revolucionarias, a la vez que su legitimidad internacional y nacional descansa sobre su mandato electoral. En un proceso revolucionario, no se puede hacer concesiones sobre los principios. Sin embargo, en una nación dividida, la lógica electoral y la Constitución de 1999 requieren de negociación y concesiones en algunos casos. Por ejemplo, se necesita una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional para muchas decisiones esenciales, para lo cual es necesario establecer coaliciones entre los partidos para seguir adelante.

Capriles lidera una alianza heterogénea que a menudo ha negado en el pasado que era de hecho una minoría en el país. Aunque la mayor parte de la alianza cree en el secreto y la seguridad del voto electrónico, un sector pequeño, ruidoso, continúa agitando el fantasma del fraude en las máquinas de votación, sembrando la duda en la mente de los votantes opositores no sólo sobre esta elección, sino también sobre futuros comicios.

Así, los líderes venezolanos están en un punto muerto. La auditoría posterior a la elección ofrece la primera oportunidad para el diálogo. Las denuncias de la oposición merecen ser investigadas sobre la base de las pruebas que presenten a través de canales formales. Si no se encuentra ninguna evidencia para cambiar los resultados, el candidato de la oposición debe aceptar los resultados y reconocer la legitimidad del vencedor. Si se hallan pruebas que pudieran afectar los resultados de la votación, ameritará luego una mayor investigación para determinar si debe repetirse la elección parcial o completamente. En cualquier caso, exige un examen de las condiciones de la votación y la campaña para las elecciones futuras.

Escrito en colaboración con Michael McCarthy, profesor en la Universidad Johns Hopkins y consultor del Centro Carter en Venezuela.