En los tiempos que corren ser opositor al presidente venezolano Nicolás Maduro tiene como consecuencia prácticamente inevitable ser objeto de alguna denuncia de corrupción o directamente ir la cárcel. Lo vivieron en carne propia, a fines de diciembre pasado, cuatro ex alcaldes quienes pagaron con cárcel por haber desertado del chavismo. El caso más conocido fue el de Numa Rojas, quien en su momento se presentó como candidato en el estado de Maturín. Hace pocos días la cadena Telesur puso al aire una nota denunciando “a los alcaldes de derecha que permiten la violencia en Venezuela”. Cinco mandatarios del interior del país caribeño aparecían en la nota. Horas después, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó a esos alcaldes el retiro de las barricadas.

En ese contexto, la ministra para la comunicación Delcy Rodriguez señaló que los alcaldes “cómplices de los guarimberos (en alusión a manifestantes violentos) están incurriendo en desacato judicial”, al no atender el recurso presentado, acto seguido el presidente Nicolás Maduro se refirió al caso y advirtió que aquellos alcaldes que no acaten la sentencia tendrán que asumir “graves consecuencias”. La respuesta de los alcaldes acusados no se hizo esperar y respondieron que “la protesta pacífica es un derecho constitucional” y que ni las autoridades nacionales, estatales o municipales tienen competencia para prohibirlas”. En ese sentido, han destacado que a pesar “de la presión que hay desde el Gobierno para que actuemos, no vamos a atentar en contra de los Derechos Humanos de los que manifiestan de ese modo”.

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