Hay funcionarios que instalan la imágen de buenos y “sufridos” profesionales, aun a expensas del pésimo resultado de la gestión. Tal lo que sucede, por ejemplo, con el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega.  Es generalizado el concepto de que este funcionario desarrollaría una muy buena labor, si fuera él quién pudiera decidir y fijar las políticas a seguir. Pero lo cierto es que no es él quién decide, sino que quién manda e impone las condiciones resulta ser el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof.

A juzgar por los antecedentes de uno y otro, pareciera cierto que es poco o nada lo que puedan compartir en materia de criterio para resolver la crisis que vive el país. Sin embargo, a la hora de los resultados, la elección de Juan Carlos Fábrega fue y es la de acompañar las decisiones que toma Axel Kicillof. Luego, es casi una obligación concluir en que no existe un funcionario “bueno” y uno “malo”, sino que en honor a la verdad, ambos forman parte “voluntariamente” del mismo equipo, incapaz de resolver ninguno de los graves problemas que afectan al país: inflación, default, etc…

Un funcionario, al igual que un dirigente, tiene que ser capaz de defender sus ideas; sobre todo cuando fue elegido por ellas. Mucho mas si de su decisión depende la suerte de un país, de una provincia o de un municipio. Quién acepta ocupar un cargo, debe tener el temple necesario para defender su pensamiento y las consignas por las que fue elegido. Debe brindar su sincero consejo a quién lo designó. O, en su caso, tener la honestidad intelectual para renunciar si le piden que actúe contra su convicción o que calle. Quién se defrauda a sí mismo decepciona a quien lo eligió. Mucho peor aun pudiera resultar traicionar la voluntad de quien apoyó con su voto.

El único jefe al que uno se debe someter cuando actúa públicamente es a la voluntad de la gente. Es a la gente a quien uno debe rendir cuentas. La política debe ser una herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente, y no para servirnos de ella. Cuando la política se posiciona por sobre la gente, no sirve, desvirtúa su esencia. Por ello, si hay un funcionario que cree que lo que está haciendo atenta contra el bienestar de las personas, tiene la obligación de convencer a quién lo designó de su error, y trabajar para modificarlo. O renunciar y no ser parte de la decisión. Continuar en el cargo descargando en “off” su “sufrimiento” definitivamente no lo redime de su responsabilidad sino que lo hace parte de la decisión.

Muchas veces hemos escuchado decir al gobernador de la provincia de Buenos Aires que él no ha traicionado nunca al kirchnerismo, ni a sus “jefes”, Nestor Kirchner y Cristina Kirchner. Ojalá hubiera dicho lo mismo de la gente. Que él nunca ha traicionado a la gente, y que la gente no tiene “nada que reprocharle”. Pareciera que el Gobernador no escucha o no quiere escuchar los reproches de sus verdaderos jefes, los bonaerenses. Si el Gobernador “caminara” la calle, solo y sin custodia como lo hacemos los intendentes, y tomara contacto con las personas a quienes debe verdaderamente rendir cuentas de sus actos, advertiría seguramente, la gravedad de su error.

En el curso de mi actividad política, aprendí que se debe trabajar en equipo, escuchando todas las voces; las que están de acuerdo como las que están en contra. Solo así se puede llegar a una toma de decisión sana y de buena fe. Pero siempre priorizando el bienestar superior de la gente, y no el del dirigente. El funcionario se debe a la gente, no al partido. Jamás hay escapar a la responsabilidad que nos cabe. En mi caso, nadie toma las decisiones por mí,  pero eso me obliga doblemente a responder por mis actos y a asumir la responsabilidad que corresponda. Doy cuenta todos los días a mis vecinos de las decisiones que tomo, y ellos me responden al final del día, respaldándome con su voto. No traslado mi responsabilidad a nadie más ni hablo en “off”. Sencillamente, la asumo como debe ser. El día que entienda que las cosas no puedan ser así, seguramente sera el monento de dar el paso al costado.