Una opinión sobre el anteproyecto de Código Penal requiere el desarrollo de algunos “asuntos preliminares”. En ese caso, primero debe aclararse “desde dónde” uno se ubica para presentar su postura. Si partimos desde una perspectiva de transformación social profunda, hay dos cuestiones que deben ser atendidas: este anteproyecto no procura la ruptura del orden social establecido ni mucho menos (que por otro lado sería imposible de hacerse por vía legislativa) porque es una sistematización de normas que regulan la represión penal estatal de las conductas consideradas disvaliosas. Conserva entonces las limitaciones propias y puede criticárselo por lo que efectivamente es.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el sistema penal es selectivo, afectando particular y casi exclusivamente a los sectores populares, por lo que una reforma como esta no puede ser objeto de un análisis “neutral” o “aséptico”. El producto de este debate recaerá esencialmente sobre los sectores más postergados de la población, principales “clientes” del sistema penal. Es por eso que, más allá de la aclaración que realicemos, no da lo mismo contar con un Código respetuoso de las garantías, o que avancen los “impulsos punitivistas” que parecen haber despertado una gran pasión entre los grandes grupos mediáticos y distintos espectros políticos.
El Código vigente
Hechas estas aclaraciones, empecemos por ver la situación de la cual partimos. El Código Penal vigente, de 1921, ha sido objeto de numerosísimas modificaciones, producto de las discusiones que se sucedieron en estos casi cien años, que repercutieron en la legislación penal. Como consecuencia de esto, hoy tiene incongruencias y desproporcionalidades en lo relativo al monto de las penas, haciendo por ejemplo que ciertos delitos contra la libertad o contra la propiedad tengan penas más gravosas que delitos contra la vida, o que delitos culposos (aquellos cometidos por “imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos”) sean más duramente castigados que delitos dolosos (aquellos cometidos con conocimiento y voluntad). Esto tuvo que ver con las distintas iniciativas de política punitivista, como durante el auge de los robos de autos durante el menemismo, o tras el asesinato de Axel Blumberg al comienzo del gobierno kirchnerista.