Extraditar o no a el Chapo Guzmán a Estados Unidos es un dilema complejo que no admite respuestas fáciles. Más que dar una opinión contundente al respecto, quisiera compartir con los lectores sus pros y contras.
En principio, para un Estado, extraditar a un nacional para ser juzgado por delitos cometidos en su propio país, con independencia de los efectos que dichos delitos puedan surtir en otra sociedad, es una abdicación de un elemento esencial de soberanía: la administración de justicia. Junto con la defensa de las fronteras, la expedición de una moneda, la exigencia de asegurar ciertos elementos mínimos de ciudadanía, la administración de la justicia es una función fundamental de cualquier Estado. La extradición -insisto- de un nacional a un tercer país por delitos cometidos en su propio país equivale a renunciar a esa prerrogativa.