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Otra vez los niños

La crisis humanitaria de los niños migrantes en nuestras fronteras se agudiza. Siguen siendo confusas las causas que, obviamente, incluyen el desastre económico y social de Centroamérica, la negligencia mexicana en sus fronteras y en el seno de aparatos migratorios desde hace décadas, y la apatía y desidia de Estados Unidos en materia migratoria. Pero, más que seguir insistiendo en los orígenes, conviene, quizás, voltear la mirada hacia unas posibles soluciones de qué debe o no debe hacer el gobierno de Enrique Peña Nieto frente a esta crítica situación inesperada.

En este tipo de dilemas, suele suceder con gran facilidad que la comentocracia nacional y extranjera proponga o critique medidas de manera muy simplista: “hay que…”; “no hay que…”; “basta con…”. La mayoría de estos desplantes son inútiles, exasperan a las autoridades y carecen de la más mínima viabilidad. Quienes hemos tenido el privilegio de ocupar responsabilidades gubernamentales, directa o indirectamente, sabemos que no hay buenas soluciones para una crisis como ésta y que lo último que sirve son ideales geniales sin información o reflexión. Todas las soluciones de corto plazo son malas, todas las buenas son de largo plazo; todas son caras y todas atraen conflictos con nuestros vecinos de frontera. Con este ánimo, me atrevo a formular algunas sugerencias muy generales:

1. Siempre fue falsa la tesis de que la reforma migratoria norteamericana es un asunto de política interna de aquel país, pero ahora la falacia aparece con mucha mayor claridad. Los niños se encuentran en albergues o centros de detención esparcidos a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, pero provienen de tres países centroamericanos y transitan por México. Tan sabe Washington que la crisis no tiene soluciones internas que despacharon al vicepresidente Biden a Guatemala para tratar con mandatarios de la región; Obama le habló a Peña Nieto para lo mismo; el embajador Wayne visitó la frontera sur de México para lo mismo; y los norteamericanos seguirán negociando con todos estos gobiernos semanas y meses para encontrar salidas México discute con Europa y con Centroamérica; ojalá pronto Peña Nieto se pronuncie al respecto dentro de Europa, de preferencia en Washington, pero si no por lo menos en California y Texas.

2. El peor enemigo de cualquier gobierno en este tipo de coyunturas es la opacidad o el silencio. Las autoridades mexicanas deben de avisar a la sociedad mexicana qué nos piden los norteamericanos; qué nos solicitan los centroamericanos; qué estamos dispuestos a aceptar de ambas demandas, y qué no. Tratar de mantener todo esto en secreto no sólo es inmoral, es contraproducente. Nadie controla las filtraciones procedentes de Washington, ni a la prensa norteamericana; si los medios y el Congreso de México no hacen su trabajo, allende el Bravo sí lo hacen. Si el gobierno de México no informa, cuando venga la primera concesión mexicana, o el primer conflicto con EU, se encontrará desarmado ante la opinión pública, que con razón lo censurará.

3. A todos los gobiernos les sucede que sus planes tan meticulosamente elaborados de prioridades y secuencias se ven trastornados por acontecimientos imprevistos. Nadie puede culpar a Obama por no haber vaticinado las crisis en Irak, Ucrania o Palestina, ni a Peña Nieto por la de los niños. Pero aferrarse al calendario y a la jerarquía previa de temas, una vez que esos sucesos inesperados se producen, es imprudente. Hoy es más importante en México atender este asunto que promover las reformas de Peña Nieto en Asia, Medio Oriente o sepa Dios dónde. Hoy es más urgente ir a Estados Unidos -a California y Texas pero también Washington y Nueva York-, que a otras partes del mundo, o a seguir multiplicando ad nauseam las reuniones de gabinete en eventos rituales, innecesarios y distractores. Hoy es más importante atender a Centroamérica que a Venezuela, a Honduras que a Cuba, a nuestros paisanos en Estados Unidos que a China, y a los niños migrantes que a los jeques de Jordania.

México, Venezuela y Cuba

En 1979, Cuba y Colombia contendieron por uno de dos escaños latinoamericanos no permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU. De acuerdo con la carta de la ONU, son necesarios dos tercios de los votos para ser electo. No siempre se presentan dos candidatos de cada uno de los grupos regionales; en este caso, como Estados Unidos y otros países no deseaban ver a Cuba en el Consejo, alentaron la candidatura de Colombia para bloquearla, y lo lograron.

Al término de 154 votaciones, resultó evidente que Cuba jamás sería electa. Los dos países propusieron a México como tercero -en concordia, en este caso- y nos convertimos en el candidato único del grupo latinoamericano o Grulac. En 2000, Venezuela y República Dominicana buscaban ambos el mismo escaño, pero en este caso, por voluntad propia, le pedimos a Venezuela que se desistiera para permitirle al gobierno de Fox ingresar al Consejo. Solicitamos el mismo favor a República Dominicana. Venezuela accedió; Dominicana se negó; fuimos a la votación de noviembre de 2001, y ganamos en la segunda ronda.

Este año el único candidato del Grulac es Venezuela, por lo menos hasta la fecha. De seguir así, Venezuela se sentará en el Consejo a partir del 10 de enero de 2015, y durante dos años lanzará sus diatribas antiimperialistas sobre los temas más diversos: la crisis en Ucrania, la hecatombe en Siria, el proyecto nuclear iraní, más lo que se acumule. En una palabra, una pesadilla para los demás miembros y, en particular, para los que prefieren que el Consejo de Seguridad sea un órgano de toma de decisiones y no de denuncia. A nadie, empezando por el maltrecho sadismo venezolano, le conviene este camino.

Hay varias soluciones. La primera es a la que recurrió Estados Unidos en 2006, cuando Venezuela buscó un asiento. Washington “inventó” la candidatura de Guatemala para impedirlo y, al final, entró Bolivia al quite. Parece difícil en esta ocasión, ya que no es evidente que algún país latinoamericano, ante las dificultades económicas diversas y la importancia del subsidio petrolero de Venezuela, acepte contender contra Caracas. Honduras es una posibilidad. Pero aun si algún país pequeño se prestara a la táctica del bloqueo, no es seguro que en esta ocasión EU y otros puedan juntar los 129 votos necesarios para impedir el triunfo de Venezuela. De tal suerte que la estrategia confrontacional carece de probabilidades de éxito.

Hay otra: bajar a Venezuela por las buenas. Para ello se deben cumplir tres condiciones. Primero, que alguien con ascendiente con Maduro le explique que lo último que le conviene es comprar pleito tras pleito con Estados Unidos, con Francia y con Inglaterra. Los únicos que poseen tal ascendencia son, obviamente, los cubanos. Cuba procedería de esta manera por dos sencillas razones: sabe que a Venezuela no le conviene el conflicto permanente con Estados Unidos, y que la sobrevivencia de Venezuela es asunto de vida o muerte para ella; y porque tendría por fin una moneda de cambio verdadera, no imaginaria, con EU. Cuba le diría a EU: “yo te ayudo para evitar este desaguisado; pero ahora sí empecemos a hablar en serio de nuestros asuntos”. Cosa que no ha sucedido desde 1959. Washington aceptaría el quid pro quo por una simple razón: porque le conviene y porque es la única forma de bloquear a Venezuela.

Falta el último término de la ecuación. ¿Quién ocuparía el escaño latinoamericano? Sólo hay dos posibilidades. Una de ellas es Brasil que ya ha pertenecido al Consejo muchas más veces que otros. El otro candidato evidente… es México. Un gobierno del PRI, con una Cancillería ortodoxa y conservadora, preferiría no meterse. Pero con tantas concesiones para quedar bien con los cubanos y venezolanos, no sería un mal momento para cobrarlas, convenciéndolos que México es una buena alternativa, sobre todo en vista de que no se tratarán temas latinoamericanos durante los próximos dos años. De los 4, Venezuela, Cuba, EU y México, uno tiene que echar a andar la iniciativa. ¿Alguien dirá esta boca es mía?

Deportaciones

El lunes 7 de abril, The New York Times publicó un largo artículo, en primera plana, basado en más de 3 millones de documentos sobre deportaciones obtenidos por el diario gracias al IFAI de allá. Los datos confirman la pesadilla en la que se ha convertido ser indocumentado en Estados Unidos, y en particular ser mexicano, varón y menor de 35 años, ya que la mayoría de los 3.2 millones de deportados a lo largo de los últimos 10 años revisten esas características. El análisis del cotidiano demuestra -ya se sospechaba- que las deportaciones se dispararon a partir de 2008, alcanzando su pico en 2012, con más de 400,000. A diferencia de lo dicho por la administración Obama, la gran mayoría no son delincuentes ni criminales, sino personas culpables de haber incurrido en violaciones de tránsito menores: el número de deportados por este tipo de motivos casi se quintuplicó durante los últimos 5 años. Además, a la mayoría de los deportados se les niega la oportunidad de apelar; por otro lado, se ha incrementado enormemente la tendencia a asentar una acusación formal en su contra, impidiendo su regreso legal a EEUU durante 5 años.

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Extradición, sí o no

Extraditar o no a el Chapo Guzmán a Estados Unidos es un dilema complejo que no admite respuestas fáciles. Más que dar una opinión contundente al respecto, quisiera compartir con los lectores sus pros y contras.

En principio, para un Estado, extraditar a un nacional para ser juzgado por delitos cometidos en su propio país, con independencia de los efectos que dichos delitos puedan surtir en otra sociedad, es una abdicación de un elemento esencial de soberanía: la administración de justicia. Junto con la defensa de las fronteras, la expedición de una moneda, la exigencia de asegurar ciertos elementos mínimos de ciudadanía, la administración de la justicia es una función fundamental de cualquier Estado. La extradición -insisto- de un nacional a un tercer país por delitos cometidos en su propio país equivale a renunciar a esa prerrogativa.

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Viena, Tamayo y Cassez

Ayer fue ejecutado Edgar Tamayo Arias en la prisión de Huntsville, Texas, al término de 20 años de cárcel, de juicios y apelaciones, como castigo por haber asesinado a un policía estadounidense. Es el tercer mexicano ejecutado por las autoridades texanas desde que el 31 de marzo de 2004. La Corte Internacional de Justicia de La Haya resolvió a favor de México la demanda interpuesta contra Estados Unidos por violar las disposiciones de la Convención de Viena de protección consular. Dicho fallo fue aceptado por el gobierno de George W. Bush, a principios de 2005, aunque la Suprema Corte de Estados Unidos resolvió en 2008 que el presidente carecía de la autoridad para imponerle a los tribunales estatales la decisión de la CIJ. Simplifico: el fallo fue favorable en partes esenciales, más no en todas, y el Ejecutivo norteamericano lo aceptó sólo en parte.

Se puede uno preguntar hoy si la demanda valió la pena; si el resultado justifica el esfuerzo empeñado; y si no hay algo que México pueda hacer en casos como éste. Primero los antecedentes. En el caso AVENA, en realidad se agrupaba a 51 mexicanos condenados a muerte en EU, y que no habían podido ejercer su derecho de que las autoridades estadounidenses notificaran al consulado de México más cercano de su detención y de los cargos imputados.

Esa demanda, que tuve el honor de diseñar, impulsar y firmar en mi último acto como secretario de Relaciones Exteriores, se basó en un principio parecido al que al final del día contribuyó a que Florence Cassez fuera liberada exactamente hace un año. Un mexicano en apariencia culpable, en manos de un defensor de oficio hostil e incompetente, sin traductor, sin apoyo de su familia o de los funcionarios consulares mexicanos, puede no gozar del debido proceso que tendría si contara con todas estas prerrogativas. Si Cassez hubiera tenido acceso al Consulado de Francia desde el primer momento de su arresto, otro gallo hubiera cantado. Por eso la ministra Olga Sánchez Cordero insistió tanto en este tema en su ponencia ante la SCJN a principios del 2013. Si Edgar Tamayo hubiera contado con la traducción, la asesoría legal y el apoyo en general del Consulado de México en Houston, quizás de igual manera hubiera sido condenado, más no a la pena capital, con la que concluyó su vida. Aguas: no se puede invocar la Convención de Viena allá, y despreciarla aquí.

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Ingenieros

Con la reforma energética, una vez que se resuelvan los enigmas que la rodean, y con los cambios en telecomunicaciones, una vez que se conozca la legislación secundaria, es probable que llegue un importante caudal de inversión extranjera a México. Un factor adicional que impactará en el monto de los recursos transferidos al país, así como su destino preciso y su incidencia, será la demanda de mano de obra calificada que generarán, y la oferta de esa mano de obra en México. Por razones obvias, dentro de esa fuerza de trabajo, destacarán los ingenieros mexicanos que podrán aspirar a empleos mucho mejor remunerados que los que obtengan connacionales con niveles de estudio inferiores.

Felipe Calderón presumió durante buena parte de su sexenio que en México egresaban cada año del sistema de educación superior más ingenieros que en Alemania; citaba con frecuencia la cifra de 100 mil ingenieros titulados al año. Para darse una idea, la India, con sus afamados Indian Institutes of Technology, “produce” aproximadamente 450 mil ingenieros al año, con una población superior más de 10 veces a la nuestra. Estados Unidos, con una población tres veces mayor y un PIB per cápita seis veces superior al nuestro, genera alrededor de 50 mil cada año. De acuerdo con la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el número de ingenieros graduados cada año en México es de 24 mil.

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