El viernes pasado, desde el Monumento a la Bandera, la Presidente anunció ante la sorpresa de toda su militancia que había dado instrucciones a Economía para negociar con los fondos buitre, y le pidió públicamente al juez Thomas Griesa condiciones adecuadas para que la Argentina pueda cumplir con el 100% de sus compromisos. Sólo unos minutos antes, el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, había sido abucheado por la militancia K por llamar a negociar, tal como luego lo confirmaría la mandataria. Todos quedaron sorprendidos, ya que fue un giro de 180 grados respecto de horas previas, cuando se habló de extorsión, y a pesar de que los ministros aseguraban que había una estrategia, dejaban la duda abierta sobre qué actitud tomaría finalmente el gobierno. Una vez más quedó demostrado con claridad que al gobierno lo supera la realidad, porque si la decisión de la Corte de Estados Unidos no sorprendió a la Presidente –como ella dijo- parece que sí a su equipo, que se limita a correr detrás de los cambios de posición de su jefa.

Los próximos días serán claves para salir del riesgo de default, evitar posibles embargos de activos argentinos y garantizar el pago del 30 de junio a los bonistas que aceptaron oportunamente el canje, pero las negociaciones serán muy duras. En el nuevo escenario planteado, hay que hablar de una demanda inmediata de aproximadamente 1.500 millones de dólares de los acreedores que fueron a juicio, y a futuro de una cifra que oscila entre los 15 y 20 mil millones de dólares. Todo como consecuencia del repudiable accionar de los fondos buitre, que muestran la cara más salvaje del capitalismo financiero, y de un fallo controvertido, pero también del deficiente accionar de un gobierno que nos ha defendido mal y ahora nos perjudica a todos.

Cuando se logra negociar exitosamente el 92,4% de la deuda, como sucedió en 2005 y 2010, no puede desconocerse el riesgo que se corre con el 7,6% restante, que puede hacer caer el todo, porque ante la realidad puede tomarse cualquier decisión, menos ignorarla. El juez Griesa, antes del fallo, había dejado puertas abiertas para ofertas que nunca se concretaron, sino que por el contrario fueron el eje de un discurso político exitoso internamente para el gobierno –“a los buitres ni un dólar”- pero que ahora colocará al país ante una situación muy compleja, que exigirá un tratamiento profesional que el gobierno no ha demostrado tener hasta el momento.

La presidenta siempre destaca que esta deuda no fue contraída por su gestión o la de su esposo, y eso es cierto, pero no es menos cierto que por su propia impericia en el manejo de la situación comprometerá la gestión de sus sucesores en el poder y de la economía de todos los argentinos. Los errores de cálculo oficiales y la falta de profesionalismo también quedaron en evidencia en las recientes negociaciones por los fallos en el CIADI, con Repsol por YPF y por las deudas con el Club de Paris, que no deberían haberse demorado y habrían arrojado mejores resultados para el país si se hubiesen realizado en una situación de mayor fortaleza.

Finalmente, cabe destacar que el fracaso no se limita al tratamiento de la deuda, porque además el país está sufriendo la peor combinación macroeconómica: recesión con alta inflación. Este esquema no sólo no genera nuevos puestos de trabajo sino que va destruyendo los existentes, deteriora la distribución del ingreso y aumenta la pobreza. A este estado de cosas también se llega por falta de pericia y no se ve una política clara que haga pensar en una salida de este estancamiento o en una baja de la inflación. Demasiados problemas sin solución para un ciclo al que sólo le quedan unos 500 días.