A finales de 2005 el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, una herramienta legislativa que buscaba introducir modificaciones sustantivas en la estructura del financiamiento de la educación así como cambios importantes en las relaciones políticas y financieras entre la Nación y las provincias. Entre sus principales objetivos se destacaba el incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología, fijando una meta de esfuerzo educativo del 6% del PBI en un lapso de cinco años. Para ello, la ley establecía metas particulares de inversión al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de un esquema de convergencia financiera que propendiese hacia el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley.
No obstante, desde 2005 las profundas brechas estructurales de inversión entre las jurisdicciones participantes en el financiamiento se mantuvieron constantes evidenciando debilidades en el diseño de la ley. A pesar deque en gran medida las desigualdades demostradas entre los sistemas educativos provinciales tienen su origen en las divergencias económicas y sociales de los territorios, las mismas se perpetuaron en el tiempo al haberse definido una distribución de responsabilidades de inversión entre las jurisdicciones que no tomaron en cuenta los puntos de partida de cada realidad.