Se ha instalado mediáticamente que la solución a los graves problemas energéticos que afectan al país se encontró mágicamente, luego que la Agencia de Información Energética de los EEUU (EIA) – el país de los “fondos buitres” al cual despotrica el Gobierno – anunciara en el 2011 que la Argentina se ubica entre los primeros países del mundo en reservas de shale gas y shale oil.

La verdad es que la riqueza hidrocarburífera está, es tangible y potencialmente redituable en determinadas condiciones. Cada pozo y hay que hacer miles, cuesta entre 7,5(según YPF) y 15 millones de dólares, entre 3 y 5 veces más que en los recursos convencionales, porque hay que ir por debajo de los 2.500 metros de profundidad y con costos operativos elevados. Citando un informe de Morgan Stanley de los últimos días, el valor mínimo el petróleo para que la producción sea rentable en la Argentina está por encima de los U$S 80 bbl, mientras en Eagle Ford, Texas, algunos pozos requieren un valor mínimo de U$S 60 bbl.

Ante la caída del precio del petróleo, que en la Argentina llegó a tocar los U$S 78bbl, muchos analistas salieron a desmentir riesgos sobre las inversiones programadas para Vaca Muerta. Es un error considerar la rentabilidad del shale sólo en base al petróleo y no al gas, que tiene en la Cuenca Neuquina proporciones muy significativas, pero precios inciertos y regidos por normas secundarias basadas en subsidios y sujetos a la aprobación discrecional del Gobierno Nacional (Gas Plus). Ello enmarcado en un deplorable escenario macroeconómico signado por la falta de reglas claras y por la posición dominante de YPF por sobre el resto de las empresas petroleras.

Con poco debate y extorsión a los gobernadores sobre las negociaciones de las deudas provinciales, más promesas de inversiones, el Gobierno Nacional e YPF, una empresa mixta con capitales de Wall Street, propusieron y están por aprobar, con la excusa de atraer inversiones en el sector hidrocarburífero y con una fuerte oposición parlamentaria, una nueva ley de hidrocarburos.

Sin embargo, las inversiones, en casi todos los rubros, dejaron de llegar a la Argentina por el irresponsable manejo de la economía y la escasa idoneidad e incapacidad para resolver los problemas macroeconómicos del país. Según anunció la CEPAL esta semana, las inversiones extranjeras en el país disminuyeron el 20 % en el último año.

Llegamos a esto por aislarnos del mundo occidental y mercantilista, por los índices distorsionados del Indec que afectan nuestra capacidad para conseguir préstamos, por la inflación (la segunda más alta del mundo después de Venezuela, aunque nos siguen de cerca Siria y Sudan, dos países actualmente en guerra civil), por los controles a la exportación e importación, inclusive cuando se trata de insumos o semillas de soja, por las expropiaciones, por los controles de precios, por las limitaciones a comprar e invertir en otras monedas, y porque las próximas elecciones son en un año y los inversores, quienes ya perdieron confianza en este Gobierno, esperan que la próxima administración genere un ambiente de negocios distinto, donde prosperen las inversiones, creando empleos y expandiendo la economía.

Por ello, la rentabilidad del shale en Argentina es aún incierta y las inversiones siguen siendo mínimas. Las empresas especulan con realizar ensayos y no perder posiciones en cuanto a sus áreas. Es potencialmente positivo contar con recursos no convencionales, aunque su producción hasta ahora ha sido lenta y lo seguirá siendo hasta que asuma un nuevo gobierno que genere condiciones para la inversión.

No obstante y llegado ese momento, es imprescindible abordar una estrategia integral para lograr el autoabastecimiento, el que, sin dudarlo, nos costará inversiones, esfuerzos y sacrificios a los argentinos.

Es preciso desarrollar una enérgica estrategia de recuperación de yacimientos de hidrocarburos convencionales, definiendo un valor del gas en cuenca productora más atractivo para la inversión y las operaciones de extracción. Esto posibilitará el uso de nuevas tecnologías de recuperación secundaria y terciaria y podría poner en producción pozos hoy cerrados que tienen un costo superior a los U$S 2,50 del valor boca de pozo que se paga en las cuencas productoras. Los convencionales requieren menos inversión, menores costos operativos y sus reservas tienen más horizonte de vida. A la luz de una mayor producción de petróleo, es imprescindible producir más combustibles optimizando y construyendo nuevas refinerías en el país.

Deberíamos también modificar la matriz energética de la Argentina donde los combustibles fósiles representan hoy un 87,3% del consumo (gas 51,3%, petróleo 34,7% y carbón 1,7%), la hidroelectricidad, un 4,6%,la nuclear un 3% y otras energías (eólica, solar), un 5,1%. Debemos ser uno de los pocos países o regiones en el mundo con esa dependencia del gas y del petróleo. Europa con el 65%, EEUU con el 64% (donde restando el carbón, los hidrocarburos representan menos del 30%), Chile con el 63%, Brasil con el 57%, Uruguay con el 43% y China con el 23% de hidrocarburos en su matriz, son ejemplos de un mayor equilibrio e independencia de las distintas fuentes energéticas.

Un paso importante para alcanzar el autoabastecimiento debería ser impulsar fuertemente la hidroelectricidad, hoy con sólo un 4,6% de participación, producto de la falta de inversiones en este sector. Las últimas grandes centrales se construyeron en el país a principios de la década de los 90. Argentina ha requerido durante los últimos 20 años – y no se hizo nada – una capacidad instalada nueva de 1.000 MW por año, para sostener la demanda. Esto es, una central hidroeléctrica de gran capacidad por año. No deberíamos dejar de pensar, tampoco, en otras fuentes de energía, como la nuclear, la eólica, la solar y los biocombustibles. Los vientos fuertes de la Patagonia ofrecen factores de capacidad para granjas eólicas superiores al 35 % convirtiéndola en uno de los mejores lugares del mundo para su desarrollo. Dinamarca, por ejemplo, obtiene el 30 % de su energía de las granjas eólicas.

Otro de los aspectos primordiales es llevar a cabo una fuerte racionalización energética acompañando el cambio de la matriz. Restringir el uso de GNC para los automotores, cambiar el régimen tarifario para distintos sectores industriales y residenciales, procurar eficiencia energética en el transporte y en la vivienda, optimizar los horarios para una mayor racionalización del consumo, controlar y restringir el consumo energético en el sector público, incentivar el ahorro domiciliario, entre otras medidas.

Vaca Muerta es una pieza importante del rompecabezas energético, aunque sólo tiene un futuro provisorio si hacemos las cosas bien. Simultáneamente debemos diseñar una política energética de largo plazo, con objetivos estratégicos consensuados y permanentes e implementar una política de transformación de la matriz, de búsqueda de opciones energéticas y de racionalización y eficiencia que requiere de una acción mancomunada entre el gobierno nacional, las provincias, las empresas y los consumidores.

El artículo fue escrito en colaboración con Fernando Rodríguez, analista de mercados energéticos para el Departamento de Energía de los EUA.