Por: José Brillo
Hace un tiempo vengo planteando que el Gobierno Nacional, paradójicamente, critica con dureza el accionar de los buitres mientras que con el proyecto de la nueva ley de hidrocarburos que proponen llevar al Congreso queda claro que, junto a YPF, se comportan como buitres sobre Vaca Muerta.
Y ésta es una operación programada y orquestada por un sector del kirchnerismo -Kicillof, Galuccio y Zannini – que han desplazado a las autoridades energéticas -De Vido y Cameron- y pretenden quedarse con la riqueza de los hidrocarburos no convencionales, recortando potestades a las provincias que los albergan en sus territorios.
El Decreto 1277/2012, incorporando regulaciones y competencias de la Nación al sector, fue la punta de este atropello que tuvo su continuación con el informe presentado por Galuccio, en diciembre del 2013, ante la Comisión de Valores de EEUU.
Allí y ante los accionistas privados de YPF, el presidente de la empresa manifiesta, entre otras cosas, su incomodidad frente a provincias que, interpretando la Constitución y las leyes vigentes – lo admite – dictan sus propias reglamentaciones en la exploración y explotación del gas y el petróleo en sus territorios; también dice que no existen garantías de las condiciones que impondrán las provincias en las concesiones y al final de las concesiones, en cuanto a su participación, regalías e impuestos y al control de los cumplimientos de las inversiones y de los aspectos ambientales.
Y un aspecto central: a YPF le incomoda la competencia de las empresas provinciales y las condiciones en las que se podrán acceder o no a nuevas áreas de exploración o producción. Sin embargo, les manifiesta a los accionistas en EEUU que el Congreso mantiene su potestad de dictar normas y reglamentos sobre el marco jurídico del petróleo y el gas y que el Gobierno Nacional tiene la facultad de definir la política energética nacional. Les dice, en otras palabras, que el Congreso puede modificar las leyes.
Y ese es el paso siguiente en este acto de rapiña. En medio del crítico e inusitado panorama del default, el kirchnerismo avanza con un proyecto de ley que pretende limitar facultades provinciales, colisionando con preceptos constitucionales, legales y normativos. El proyecto elimina las asociaciones de las empresas provinciales en los proyectos de inversión, restringe las regalías y la percepción de impuestos, impide que los municipios graven con tributos la actividad petrolera. En pocas palabras, las provincias y municipios que reciben el impacto de la actividad no tienen posibilidades de tener participación en su riqueza petrolera y un rédito para compensar las graves afectaciones al desarrollo urbano y la preservación del ambiente circundante.
A modo de ejemplo y apenas comenzamos, el acuerdo YPF –Chevron está permitiendo cerca de Añelo la perforación de unos 200 pozos en un área de 20 km2, con inversiones por más de 1.300 millones de dólares y paralelamente, un convenio firmado entre la Nación y la Provincia del Neuquén aprobó 1.000 millones de pesos en obras de infraestructura, rutas, viviendas, centros de salud, escuelas, para acompañar este desarrollo. Se hicieron los pozos y del convenio con Nación, nada. Hoy Añelo se asemeja al oeste americano en épocas de la fiebre del oro.
Las provincias, sin distinción de color político, rechazaron mayoritariamente el proyecto oficialista y sin menoscabarse, los operadores oficialistas lo presentaron ante los empresarios del sector, con la clara intención de llevarlo al Congreso, no obstante el rechazo de quienes ostentan el dominio constitucional de los hidrocarburos.
Mientras tanto, en un escenario caótico y difícil de entender por parte de los inversionistas -reglas claras en precios de los hidrocarburos, tipo de cambio, política exterior- YPF continúa acrecentando su posición dominante, con más de 140 concesiones en todo el país, de los cuales opera directamente 100, la mitad en la provincia de Neuquén. A pesar de tener el 40% de Vaca Muerta, YPF tiene casi el 90% de la actividad.
Esta posición, casi abusiva e ilegal, se observa también en el sector de “downstream” donde el Gobierno Nacional y la empresa “de bandera” son funcionales a la desaparición de pequeñas refinerías, tres en la provincia del Neuquén, que se encuentran sofocadas por los elevados precios del petróleo y la carga del impuesto a la transferencia de combustible (ITC).
Parece increíble en un país que importa cada vez más combustibles (nafta y gas oil). En el primer semestre de 2014, el país importó 350 millones de litros de naftas, el doble de lo que se importó en todo el 2013, que fueron unos 325 millones. Y en el gas oil, este cuadro se multiplica por tres. La nafta y el gas oil de importación están desgravadas de pagar el ITC. La solución para las pequeñas refinadoras es que el Gobierno Nacional le aplique una misma normativa de excepción a estas empresas.
En síntesis, estamos importando este año U$S 15.000 millones, la mitad de las reservas en dólares, en gas, petróleo y combustibles, a precios elevados, y para ponerlos en nuestro mercado los tenemos que subsidiar con alrededor de $ 100.000 millones, en detrimento y colisionando con absoluta impunidad con las economías