Vaca Muerta, muy lejos de parecerse a Arabia Saudita

Aunque la Presidente haya indicado recientemente que la Argentina, gracias a Vaca Muerta, es la nueva Arabia Saudita, y que el país es más codiciado por los inversores por no estar en medio de conflictos bélicos, su exagerada opinión está lejos de la realidad.

Para empezar, el costo de producción del petróleo en Arabia Saudita es de US$4/barril, según Barclays, y el costo de producción del petróleo no convencional de Vaca Muerta no baja de US$80/barril, según Morgan Stanley.  Inclusive, “si el petróleo se vendiera a 84 u 85 dólares el barril, los resultados económicos de Vaca Muerta serían marginales”, anunció Miguel Galuccio, CEO de YPF, ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados a fines de octubre.  Por si fuera poco, Arabia Saudita cuenta con reservas financieras de alrededor de US$750.000 millones que utiliza para blindarse de las crisis políticas regionales y de las caídas de crudo, mientras la Argentina tiene reservas líquidas de tan sólo US$10.000 millones, cifra que no está sujeta a compromisos de pago ni son swaps con China.

Otro tema en el cual no nos parecemos en nada con el reino de Arabia Saudita es que la Argentina garantiza un precio de compra a los productores de petróleo. Actualmente, el Gobierno nacional paga US$84/barril de Medanito, un crudo liviano similar al West Texas Intermediate (WTI) y oriundo de la cuenca Neuquina, aunque el Ejecutivo informó recientemente que a partir de enero reducirá esta cifra en US$7. También, Casa Rosada informó que podría subsidiar la industria aún más si los productores subieran la producción en vez de sólo mantenerla.  Según el Instituto Argentino del Petróleo y Gas, este año la producción de crudo caerá 1.3% comparado con el año pasado, aunque YPF anunció que su producción de crudo creció 4.6% durante el mismo período. En caso de lograr este objetivo de producción los productores percibirían US$3/barril adicionales. En otras palabras, por producir petróleo Medanito se pagaría US$80/barril, exactamente el breakeven de YPF en Vaca Muerta.  Todo esto ocurre mientras el WTI cotiza internacionalmente alrededor de los US$55 y el FMI reveló recientemente que no espera que el crudo llegue a valer US$73/barril hasta el año 2019.

Con un precio internacional del petróleo que ya cayó 50% desde junio pasado gracias a países como EEUU y Libia, quienes incrementaron significativamente sus producciones este año, por la desaceleración económica mundial y una decreciente demanda de crudo, las empresas productoras serán más selectivas en la continuidad y búsqueda de proyectos.  Poniendo como ejemplo a Chevron, ésta obtiene actualmente un 75% de su producción petrolera afuera de los EEUU en yacimientos convencionales y offshore e invierte aproximadamente US$40.000 millones anuales en exploración y producción en todo el mundo.  Además, Chevron posee una tasa de rendimiento sobre capital empleado del 13.5% (una cifra menor a la de ExxonMobil, pero mayor a la de ConocoPhillips) lo que significa que para justificar una inversión, Chevron tiene que encontrar inversiones que le compensen más del 13.5% en ganancias.  Por ahora, y dado el clima de negocios precario existente en la Argentina, Chevron se ha limitado a invertir  US$2.800 millones en Neuquén en los últimos dos años.  Por eso, y según transcendió el año pasado, para atraer a Chevron, YPF le proyectó el negocio de Vaca Muerta a un precio de compra que garantizaría eventualmente un 25% de ganancias al quinto año de inversión, incluso si los costos de producción por barril no bajasen de los US$80. 

En la Argentina los pozos que producen petróleo, también producen gas y la Argentina tiene más recursos no convencionales de gas que de petróleo.  Por eso, YPF aumentó su producción de gas un 26% en el último año.  Teniendo esto en cuenta, si se pudiera obtener un mejor precio para el gas producido en el país, habría mejores perspectivas económicas para el desarrollo de la producción de petróleo no convencional.

La siguiente ecuación demuestra el deplorable escenario de precios que hoy caracteriza al gas en la Argentina.  El valor para el gas convencional que se paga en las zonas de producción apenas supera los US$2,50/MMBTU, mientras el gas de Bolivia cuesta US$12/MMBTU y el importado por barco de Qatar y Venezuela US$18/MMBTU.  Por los controles de precios en boca de pozo y las restricciones a la exportación el gobierno nacional ha desalentado la producción.  Por eso, la importación alcanza, hoy, el 25% del gas que necesitamos generando también un gasto anual de US$6.000 millones.  Para el gas no convencional se agrega a los US$2,50/MMBTU un subsidio, previa aprobación de cada proyecto, que permite alcanzar, a partir de trámites burocráticos y discrecionales, los US$7,50 /MMBTU.

Con estos valores, el precio ponderado del gas ofrecido al mercado es de US$6/MMBTU y la tarifa promedio de venta a los consumidores, no llega a los US$2/MMBTU, por lo cual el Gobierno nacional, para ordenar la demanda, tiene que recurrir nuevamente a subsidios por  50.000 millones de pesos, que representan una carga adicional para el erario público de otros  US$6.000 Millones. Creemos necesario fijar un valor para el gas natural en las zonas de producción de unos US$6/MMBTU para todo tipo de gas, el 50 % del valor de la importación a Bolivia.  Sólo esta decisión ayudará a disminuir las importaciones y a movilizar reservas de gas convencional que no están en producción, por los valores actuales en boca de pozo.

Hay que comenzar a realizar cambios en el marco regulatorio para estimular la producción y así  volver al autoabastecimiento. Los subsidios, el congelamiento de precios y la fijación de precios de venta arbitrarios como el de Medanito, sólo han contribuido a neutralizar a las empresas de su poder para reducir gastos y buscar eficiencias porque no tienen estímulos para hacerlo.  Con la economía en recesión desde hace tres años y obstáculos al libre comercio está claro que la política económica actual no funciona y que hay que buscar otros caminos.

Simplificar la fórmula que fija el precio del barril interno subiendo el precio del gas y ligándola a la cotización de uno de los benchmarks internacionales como el Brent o el WTI podría ser una solución sostenible.

La nota fue escrita en colaboración con Fernando Rodríguez,  analista argentino de mercados energéticos para el Departamento de Energía de los EUA.

La fantasía de Vaca Muerta

Se ha instalado mediáticamente que la solución a los graves problemas energéticos que afectan al país se encontró mágicamente, luego que la Agencia de Información Energética de los EEUU (EIA) – el país de los “fondos buitres” al cual despotrica el Gobierno – anunciara en el 2011 que la Argentina se ubica entre los primeros países del mundo en reservas de shale gas y shale oil.

La verdad es que la riqueza hidrocarburífera está, es tangible y potencialmente redituable en determinadas condiciones. Cada pozo y hay que hacer miles, cuesta entre 7,5(según YPF) y 15 millones de dólares, entre 3 y 5 veces más que en los recursos convencionales, porque hay que ir por debajo de los 2.500 metros de profundidad y con costos operativos elevados. Citando un informe de Morgan Stanley de los últimos días, el valor mínimo el petróleo para que la producción sea rentable en la Argentina está por encima de los U$S 80 bbl, mientras en Eagle Ford, Texas, algunos pozos requieren un valor mínimo de U$S 60 bbl.

Ante la caída del precio del petróleo, que en la Argentina llegó a tocar los U$S 78bbl, muchos analistas salieron a desmentir riesgos sobre las inversiones programadas para Vaca Muerta. Es un error considerar la rentabilidad del shale sólo en base al petróleo y no al gas, que tiene en la Cuenca Neuquina proporciones muy significativas, pero precios inciertos y regidos por normas secundarias basadas en subsidios y sujetos a la aprobación discrecional del Gobierno Nacional (Gas Plus). Ello enmarcado en un deplorable escenario macroeconómico signado por la falta de reglas claras y por la posición dominante de YPF por sobre el resto de las empresas petroleras.

Con poco debate y extorsión a los gobernadores sobre las negociaciones de las deudas provinciales, más promesas de inversiones, el Gobierno Nacional e YPF, una empresa mixta con capitales de Wall Street, propusieron y están por aprobar, con la excusa de atraer inversiones en el sector hidrocarburífero y con una fuerte oposición parlamentaria, una nueva ley de hidrocarburos.

Sin embargo, las inversiones, en casi todos los rubros, dejaron de llegar a la Argentina por el irresponsable manejo de la economía y la escasa idoneidad e incapacidad para resolver los problemas macroeconómicos del país. Según anunció la CEPAL esta semana, las inversiones extranjeras en el país disminuyeron el 20 % en el último año.

Llegamos a esto por aislarnos del mundo occidental y mercantilista, por los índices distorsionados del Indec que afectan nuestra capacidad para conseguir préstamos, por la inflación (la segunda más alta del mundo después de Venezuela, aunque nos siguen de cerca Siria y Sudan, dos países actualmente en guerra civil), por los controles a la exportación e importación, inclusive cuando se trata de insumos o semillas de soja, por las expropiaciones, por los controles de precios, por las limitaciones a comprar e invertir en otras monedas, y porque las próximas elecciones son en un año y los inversores, quienes ya perdieron confianza en este Gobierno, esperan que la próxima administración genere un ambiente de negocios distinto, donde prosperen las inversiones, creando empleos y expandiendo la economía.

Por ello, la rentabilidad del shale en Argentina es aún incierta y las inversiones siguen siendo mínimas. Las empresas especulan con realizar ensayos y no perder posiciones en cuanto a sus áreas. Es potencialmente positivo contar con recursos no convencionales, aunque su producción hasta ahora ha sido lenta y lo seguirá siendo hasta que asuma un nuevo gobierno que genere condiciones para la inversión.

No obstante y llegado ese momento, es imprescindible abordar una estrategia integral para lograr el autoabastecimiento, el que, sin dudarlo, nos costará inversiones, esfuerzos y sacrificios a los argentinos.

Es preciso desarrollar una enérgica estrategia de recuperación de yacimientos de hidrocarburos convencionales, definiendo un valor del gas en cuenca productora más atractivo para la inversión y las operaciones de extracción. Esto posibilitará el uso de nuevas tecnologías de recuperación secundaria y terciaria y podría poner en producción pozos hoy cerrados que tienen un costo superior a los U$S 2,50 del valor boca de pozo que se paga en las cuencas productoras. Los convencionales requieren menos inversión, menores costos operativos y sus reservas tienen más horizonte de vida. A la luz de una mayor producción de petróleo, es imprescindible producir más combustibles optimizando y construyendo nuevas refinerías en el país.

Deberíamos también modificar la matriz energética de la Argentina donde los combustibles fósiles representan hoy un 87,3% del consumo (gas 51,3%, petróleo 34,7% y carbón 1,7%), la hidroelectricidad, un 4,6%,la nuclear un 3% y otras energías (eólica, solar), un 5,1%. Debemos ser uno de los pocos países o regiones en el mundo con esa dependencia del gas y del petróleo. Europa con el 65%, EEUU con el 64% (donde restando el carbón, los hidrocarburos representan menos del 30%), Chile con el 63%, Brasil con el 57%, Uruguay con el 43% y China con el 23% de hidrocarburos en su matriz, son ejemplos de un mayor equilibrio e independencia de las distintas fuentes energéticas.

Un paso importante para alcanzar el autoabastecimiento debería ser impulsar fuertemente la hidroelectricidad, hoy con sólo un 4,6% de participación, producto de la falta de inversiones en este sector. Las últimas grandes centrales se construyeron en el país a principios de la década de los 90. Argentina ha requerido durante los últimos 20 años – y no se hizo nada – una capacidad instalada nueva de 1.000 MW por año, para sostener la demanda. Esto es, una central hidroeléctrica de gran capacidad por año. No deberíamos dejar de pensar, tampoco, en otras fuentes de energía, como la nuclear, la eólica, la solar y los biocombustibles. Los vientos fuertes de la Patagonia ofrecen factores de capacidad para granjas eólicas superiores al 35 % convirtiéndola en uno de los mejores lugares del mundo para su desarrollo. Dinamarca, por ejemplo, obtiene el 30 % de su energía de las granjas eólicas.

Otro de los aspectos primordiales es llevar a cabo una fuerte racionalización energética acompañando el cambio de la matriz. Restringir el uso de GNC para los automotores, cambiar el régimen tarifario para distintos sectores industriales y residenciales, procurar eficiencia energética en el transporte y en la vivienda, optimizar los horarios para una mayor racionalización del consumo, controlar y restringir el consumo energético en el sector público, incentivar el ahorro domiciliario, entre otras medidas.

Vaca Muerta es una pieza importante del rompecabezas energético, aunque sólo tiene un futuro provisorio si hacemos las cosas bien. Simultáneamente debemos diseñar una política energética de largo plazo, con objetivos estratégicos consensuados y permanentes e implementar una política de transformación de la matriz, de búsqueda de opciones energéticas y de racionalización y eficiencia que requiere de una acción mancomunada entre el gobierno nacional, las provincias, las empresas y los consumidores.

El artículo fue escrito en colaboración con Fernando Rodríguez, analista de mercados energéticos para el Departamento de Energía de los EUA.

Un atropello contra las provincias petroleras

Hace un tiempo vengo planteando que el Gobierno Nacional, paradójicamente, critica con dureza el accionar de los buitres mientras que con el proyecto de la nueva ley de hidrocarburos que proponen llevar al Congreso queda claro que, junto a YPF, se comportan como buitres sobre Vaca Muerta.

Y ésta es una operación programada y orquestada por un sector del kirchnerismo -Kicillof, Galuccio y Zannini – que han desplazado a las autoridades energéticas -De Vido y Cameron- y pretenden quedarse con la riqueza de los hidrocarburos no convencionales, recortando potestades a las provincias que los albergan en sus territorios.

El Decreto 1277/2012, incorporando regulaciones y competencias de la Nación al sector, fue la punta de este atropello que tuvo su continuación con el informe presentado por Galuccio, en diciembre del 2013, ante la Comisión de Valores de EEUU.

Allí y ante los accionistas privados de YPF, el presidente de la empresa manifiesta, entre otras cosas, su incomodidad frente a provincias que, interpretando la Constitución y las leyes vigentes – lo admite – dictan sus propias reglamentaciones en la exploración y explotación del gas y el petróleo en sus territorios; también dice que no existen garantías de las condiciones que impondrán las provincias en las concesiones y al final de las concesiones, en cuanto a su participación, regalías e impuestos y al control de los cumplimientos de las inversiones y de los aspectos ambientales.

Y un aspecto central: a YPF le incomoda la competencia de las empresas provinciales y las condiciones en las que se podrán acceder o no a nuevas áreas de exploración o producción. Sin embargo, les manifiesta a los accionistas en EEUU que el Congreso mantiene su potestad de dictar normas y reglamentos sobre el marco jurídico del petróleo y el gas y que el Gobierno Nacional tiene la facultad de definir la política energética nacional. Les dice, en otras palabras, que el Congreso puede modificar las leyes.

Y ese es el paso siguiente en este acto de rapiña. En medio del crítico e inusitado panorama del default, el kirchnerismo avanza con un proyecto de ley que pretende limitar facultades provinciales, colisionando con preceptos constitucionales, legales y normativos. El proyecto elimina las asociaciones de las empresas provinciales en los proyectos de inversión, restringe las regalías y la percepción de impuestos, impide que los municipios graven con tributos la actividad petrolera. En pocas palabras, las provincias y municipios que reciben el impacto de la actividad no tienen posibilidades de tener participación en su riqueza petrolera y un rédito para compensar las graves afectaciones al desarrollo urbano y la preservación del ambiente circundante.

A modo de ejemplo y apenas comenzamos, el acuerdo YPF –Chevron está permitiendo cerca de Añelo la perforación de unos 200 pozos en un área de 20 km2, con inversiones por más de 1.300 millones de dólares y paralelamente, un convenio firmado entre la Nación y la Provincia del Neuquén aprobó 1.000 millones de pesos en obras de infraestructura, rutas, viviendas, centros de salud, escuelas, para acompañar este desarrollo. Se hicieron los pozos y del convenio con Nación, nada. Hoy Añelo se asemeja al oeste americano en épocas de la fiebre del oro.

Las provincias, sin distinción de color político, rechazaron mayoritariamente el proyecto oficialista y sin menoscabarse, los operadores oficialistas lo presentaron ante los empresarios del sector, con la clara intención de llevarlo al Congreso, no obstante el rechazo de quienes ostentan el dominio constitucional de los hidrocarburos.

Mientras tanto, en un escenario caótico y difícil de entender por parte de los inversionistas -reglas claras en precios de los hidrocarburos, tipo de cambio, política exterior- YPF continúa acrecentando su posición dominante, con más de 140 concesiones en todo el país, de los cuales opera directamente 100, la mitad en la provincia de Neuquén. A pesar de tener el 40% de Vaca Muerta, YPF tiene casi el 90% de la actividad.

Esta posición, casi abusiva e ilegal, se observa también en el sector de “downstream” donde el Gobierno Nacional y la empresa “de bandera” son funcionales a la desaparición de pequeñas refinerías, tres en la provincia del Neuquén, que se encuentran sofocadas por los elevados precios del petróleo y la carga del impuesto a la transferencia de combustible (ITC).

Parece increíble en un país que importa cada vez más combustibles (nafta y gas oil). En el primer semestre de 2014, el país importó 350 millones de litros de naftas, el doble de lo que se importó en todo el 2013, que fueron unos 325 millones. Y en el gas oil, este cuadro se multiplica por tres. La nafta y el gas oil de importación están desgravadas de pagar el ITC. La solución para las pequeñas refinadoras es que el Gobierno Nacional le aplique una misma normativa de excepción a estas empresas.

En síntesis, estamos importando este año U$S 15.000 millones, la mitad de las reservas en dólares, en gas, petróleo y combustibles, a precios elevados, y para ponerlos en nuestro mercado los tenemos que subsidiar con alrededor de $ 100.000 millones, en detrimento y colisionando con absoluta impunidad con las economías

El gobierno nacional complica el desarrollo de Vaca Muerta

Día a día, la mirada centralista y conservadora de algunos especialistas y funcionarios nacionales no dejan de expresar la intención del Gobierno Nacional de avanzar sobre la “Ley Corta”, señalando que las provincias debieran delegar la  política energética en la Nación, cuestionándose también a las empresas provinciales.

Hay que estar muy atentos porque, disfrazado de cuestiones estratégicas, funcionales u operativas, el mensaje expresa la clara voluntad de despojar a las provincias de las potestades que les otorgan la Constitución y la Ley Corta.

Los argumentos de algunos de ellos son tan frágiles como temerarios. La primera reflexión que se me ocurre con relación a la delegación de la política energética  en manos de los ejecutivos nacionales es que proponen y replican la receta que ha venido fracasando a lo largo de toda nuestra historia, ya que los ejecutivos nacionales no han lucido muy virtuosos al momento de plasmar políticas energéticas.

En segundo lugar resulta alarmante la falta de apertura que se tiene para pensar el desarrollo energético del país, a lo que agregaría una enorme subestimación hacia la capacidad de gestión y el criterio de las provincias. Les resulta imposible pensar un diseño ensamblado entre el Ejecutivo nacional, las provincias productoras, las empresas provinciales de energía e YPF. Debiéramos tomar nota de países como Canadá y Rusia, que son ejemplos en los que se da exitosamente una política coordinada, con fuerte protagonismo regional.

Otro de los argumentos que se enuncian para justificar  su postura centralista es la preocupación que existe por la seguridad del abastecimiento energético, y lo amenazante e incompatible que resultan las provincias productoras con relación a ese objetivo. Les recomiendo que no ametrallen la Ley Corta,  que se queden tranquilos, que las provincias productoras no son emiratos, y tienen plena conciencia republicana.

Pero no tan solo las provincias como legítimas dueñas de los recursos incomodan a quienes formulan éstos planteos. También están lanzados en una fuerte ofensiva contra las empresas provinciales de energía, a quienes descalifican cuestionando su rol y utilidad con términos peyorativos, y hasta irrespetuosos. Debieran saber que estas empresas son importantes herramientas que generan valor agregado a la condición de dueños de los recursos que ostentan las provincias, y abren un canal de participación y protagonismo en el marco de la actividad, que evidentemente molestan, principalmente a YPF y al Gobierno Nacional.
 
Resulta imperioso recuperar el orden y los roles. YPF  es solo una herramienta en el desafío de desarrollar Vaca Muerta, la Secretaría de Energía de la Nación tiene que recuperar el protagonismo y articular el vínculo Nación – Provincias a través del Congreso, para definir los precios del petróleo y el gas en las cuencas productoras, la política cambiaria, el comercio exterior en materia energética,  la remisión de utilidades, las facilidades aduaneras de manera previsible y de largo plazo, para permitir inversiones asociadas a YPF o a cientos de empresas del mundo interesadas, seducidas por la segunda reserva mundial de shale, pero que están demandando con urgencia un escenario armónico, sustentable y previsible.

De lo contrario, si YPF se erigiese como único y excluyente protagonista, terminaría complicando el desarrollo de Vaca Muerta.

Peligro ambiental en Villa La Angostura

Un camión de origen chileno que se dirigía a Osorno cargado de combustibles impactó contra un talud de piedras y derramó combustibles sobre la Ruta de Los Siete Lagos, en las cercanias de Villa La Angostura. El hecho ocurrió días pasados, sobre la Ruta 231, a un kilómetro del mirador del Lago Espejo; el conductor resultó ileso, pero el rodado derramó todo el combustible. con el peligro para el medio ambiente que esto representa.

Estos accidentes, protagonizados por camiones con cargas peligrosas y pesadas que transitan por Villa la Angostura y el Parque Nacional Nahuel Huapi, sumaron casi sesenta durante el año 2013, es decir uno por semana, de acuerdo al registro de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa la Angostura, ocasionando pérdidas de vidas, de bienes materiales e impactos sobre el medio ambiente natural.

El tránsito de más de cien camiones por día por el Paso Cardenal Samoré, ubicado a menos de 40 kilómetros de Villa la Angostura, obedece a un “Convenio Argentino-Chileno de Transporte Terrestre en Tránsito para vincular dos puntos de un mismo país utilizando el Territorio del Otro” suscripto hace 40 años.

Por la cantidad de accidentes y el malestar de la población, y después de intensos y largos reclamos de los habitantes de la villa y de sus gobiernos y representantes, el gobierno nacional, a través de la Subsecretaría de Transporte Automotor, logró dictar la Disposición 1.403, por la cual se prohibió, a partir del pasado 16 de marzo, el tránsito de cargas peligrosas por esta región, obligando además a efectuar un exhaustivo control de sus cargas.

Esta resolución estuvo basada en un informe de la Administración de Parques Nacionales focalizado en que este tránsito configura un alto riesgo ambiental, ante eventuales derrames, escapes, vuelcos de vehículos y otras contingencias, en un área de altísimo valor ambiental y turístico, el primer Parque Nacional de la República Argentina y de Sudamérica, integrante de la reserva de la Biosfera Andino Patagónica y uno de los pilares del Corredor de la región de los Lagos.

Muchos de los accidentes fueron ocasionados por camiones transportando combustibles, gas licuado, detergentes, productos químicos, solventes y también cargas con insumos para la piscicultura, como alevinos. La prohibición tuvo sustento también en que la Ley 21.458 que aprueba el citado convenio, establece que “las partes contratantes podrán impedir el tránsito por su territorio cuando no se hayan cumplido los requisitos sobre seguridad nacional, aduana, migración, sanidad o cualquier otro que afecte sus intereses”.

Poco antes de ponerse en vigencia la prohibición, y con motivo del encuentro en Santiago de Chile de ambas presidentas, el gobierno nacional suspendió la aplicación de la Resolución 1.403 por seis meses, situación que fue formalizada tres semanas después, el día 7 de abril, por la Disposición 223 de la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Nación. Se argumenta en esta norma la necesidad de incorporar en el Convenio suscripto entre ambos países al Paso Pino Hachado al norte de Samoré, como alternativa al tránsito de camiones entre ambos países.

Se han dado en este proceso múltiples irregularidades e incumplimientos que involucran a funcionarios y dependencias nacionales, como la Cancillería Argentina y la Subsecretaría de Transporte de la Nación, y que han ocasionado la suspensión de una norma nacional que prohibió el tránsito de cargas peligrosas por Villa la Angostura, sin la sanción de ninguna disposición contraria durante las tres semanas posteriores al 16 de marzo y mediante una norma que de ninguna manera puede en su sustento contraponer los profundos fundamentos que contiene la Disposición 1.403.

La estadística nos muestra un promedio de 60 accidentes por año. Es fácil de deducir que, durante seis meses de suspensión de la norma que prohíbe el paso de los camiones, podrían darse una treintena de accidentes, con pérdidas humanas, materiales y del medio natural. No caben dudas de quienes son los responsables de las próximas tragedias.