Dentro del paquete de leyes de la Reforma Judicial, el Gobierno introdujo la modificación de la ley 25.188 de Ética de la Función Pública, a través de la ley 26.857, que establece el Carácter Público de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los funcionarios. Esta normativa, reglamentada por la presidente Cristina Kirchner a través del decreto 895/2013, es un franco retroceso para el control de la transparencia de las instituciones de gobierno.
El cambio del régimen de las declaraciones juradas de los funcionarios altera la única política de transparencia pública que se había mantenido en los últimos años, si bien la ley, sancionada en 1999 en las ocaso de la gestión de Carlos Menem, nunca contó en 14 años con la conformación de la Comisión Nacional de Ética Pública. Esa desidia del poder político que se mantuvo en los sucesivos gobiernos facilitó que ahora esa institución haya sido suprimida.