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El Gobierno le transfiere su enorme déficit al sucesor

Cristina Kirchner cierra su segundo período presidencial con un rojo fiscal sin precedentes desde el colapso la convertibilidad, financiado esencialmente con deuda en pesos a una tasa del 27% anual, cuyo vencimiento será una enorme carga que dificultará el inicio de la próxima gestión.

Los analistas económicos alertaron en las últimas semanas por el creciente rojo de las cuentas públicas que, lejos de ser corregido por la actual administración, aumenta a un ritmo mucho mayor que el de la inflación, hoy estabilizada en un rango del 25 al 30 por ciento anual. Así fue que en los primeros tres meses de 2015, el déficit financiero –que contabiliza el pago de deuda- se triplicó respecto de 2014, pues trepó a $57.751 millones, contra $17.179 millones de un año atrás. Solo en marzo el rojo financiero fue de $27.894 millones, más de seis veces el resultado negativo obtenido en el mismo mes de 2014.

En un año electoral en que el Gobierno estableció su propio “piloto automático” para llegar a los comicios con una recesión contenida, y estabilidad política y social, la dinámica del déficit público ya fija un piso de $200 mil millones, más de u$s20.000 millones medido por el tipo de cambio oficial, en un cálculo muy conservador que no proyecta la aceleración del gasto que estacionalmente se registra en el cuarto trimestre.

Con una estrategia similar a la utilizada el año pasado, el Ministerio de Economía se vale del auxilio de pesos enviados por el Banco Central y, en menor medida, por otros organismos descentralizados como la ANSES y el PAMI. Esa febril emisión de moneda, que no es acompañada en la misma proporción por ingresos genuinos de dólares a las reservas internacionales de la entidad, es reabsorbida a través de títulos de deuda -tomados casi en totalidad por los bancos- para reducir el impacto inflacionario.

Por esta vía se aplazan los vencimientos a cambio de una tasa de interés que ahora promedia el 27% anual, pero la insistencia en esta mecánica resulta en una descomunal acumulación de pasivos que recaerán en 2016. En 2014, la deuda del BCRA por emisión de Letras y Notas (LEBAC y NOBAC) subió unos $172.000 millones, hasta los 282.135 millones, un monto incluso más elevado que el déficit financiero de casi $110.000 millones acumulado durante todo el año pasado.

En 2015, la correlación entre la colocación de deuda en pesos en conjunto del Banco Central y el Tesoro Nacional y el déficit público es más notable. El rojo presupuestario alcanzó en el primer trimestre $57.751 millones; la emisión de LEBAC y NOBAC, más BONAC, ascendió a $57.781 millones en el mismo lapso.

Una diferencia con 2014 es que este año el Banco Central está muy cerca del límite de emisión impuesto por la Carta Orgánica de la entidad reformada en 2012. Por ese motivo, el Tesoro apeló a la colocación de un instrumento de duración y rendimiento similares a los de los títulos del BCRA, el Bono del Tesoro Nacional (BONAC), para complementar el financiamiento de su propio gasto corriente. Entre enero y marzo de este año, las Letras y Notas del BCRA aumentaron en $52.781 millones, que junto a los $5.000 millones de la emisión de BONAC del 27 de marzo alcanzaron para cubrir el rojo fiscal del período.

Aunque el Ministerio de Economía no brindó aún las cifras, con esta proyección podría estimarse en torno a $90.000 millones el déficit financiero acumulado en los primeros cinco meses de 2015, si se toma en cuenta que la colocación de deuda en pesos entre enero y mayo trepó a $86.900 millones, por licitaciones de bonos del BCRA ($67.100 millones) y del Tesoro ($19.800 millones). Estos montos multiplican por cuatro el déficit acumulado entre enero y mayo de 2014 ($20.615 millones). A este ritmo, es posible que el déficit presupuestario de 2015 alcance los $400 mil millones (sin contar deuda cuasi fiscal), aproximadamente un 8% del PBI.

2016: devaluación gradual con shock de deuda

En los últimos meses se profundizó el debate sobre cuál política económica deberá aplicar el próximo gobierno para retomar la senda de crecimiento sostenido.

Están quienes pregonan la necesidad de un “shock” que se sintetiza en una fuerte devaluación del peso, con el elevado costo de deprimir los salarios medidos en dólares y soportar en lo inmediato una inflación aún mayor a la actual, a cambio de mejorar la performance exportadora en el corto plazo, liberar el mercado de cambios y facilitar un rápido ingreso de divisas. A su vez, se presume que la devaluación permitiría un atajo fiscal, al licuar el déficit público y la deuda en pesos contraída por el Tesoro con el BCRA, y por éste con los bancos a través de la colocación de Letras y Notas.

Del lado del “gradualismo” apuntan que las condiciones macroeconómicas no son tan frágiles como en crisis de décadas pasadas y que podría optarse por una salida menos traumática, al buscar financiamiento en dólares -previo acuerdo con los holdouts- para amortiguar los efectos de un ajuste fiscal sin provocar un deterioro desmesurado en los salarios y en el valor de la moneda. A diferencia de un “shock”, cuya suerte se juega en el corto plazo, el “gradualismo” se inclina por equilibrar las distorsiones acumulados en la economía en un mediano plazo.

La discusión subyacente de 2016 es de dónde se obtendrán los recursos para volver a crecer. Con alto costo social, la devaluación apela al ingreso de dólares comerciales, en menor grado a deuda externa y, eventualmente, a un rápido ingreso de divisas por inversiones y de los propios ahorristas que atesoran fuera del sistema. Por el contrario, el mayor endeudamiento externo permitirá suavizar el costo social, pero a la vez lo diferirá en los años venideros, con un rebote de actividad probablemente más modesto y a una tasa de interés cara en dólares en comparación a la de bonos de países vecinos.

Hoy la estrategia oficial parece más nítida: llegar a las elecciones con un despliegue de controles que permitan mantener el atraso cambiario sin “corrida” ni fuga de capitales. Una tasa de cambio baja sirve para poner un dique de contención a los precios, al volver más accesibles lo productos importados, y mantener los salarios en un nivel aceptable medidos en dólares, como comprobaron muchos argentinos que en los últimos tiempos viajaron al exterior.

Aún en default “selectivo” por los fallos de Thomas Griesa, se tomó deuda en moneda extranjera a través del “swap” con China y bonos emitidos por el Tesoro Nacional, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, así como por la estatal YPF. Esas divisas permiten pagos de vencimientos sin resignar reservas. Con deuda en pesos (emisión de Bonac del Tesoro, y Lebac y Nobac del BCRA) se financia el déficit fiscal sin recurrir a recortes de presupuesto.

En este esquema, la economía no crece, pero tampoco el desempleo, gracias a las contrataciones del sector público y planes de asistencia social. A cambio, el Estado se compromete a pagar tasas de interés del 27% anual en pesos y del 9% en dólares. El estancamiento económico es también producto del riguroso equilibrio entre exportaciones e importaciones, pues las divisas obtenidas de las ventas se destinan a las compras y se atrofia el superávit comercial.

El Gobierno “marca la cancha”

A su modo, el gobierno de Cristina Kirchner deja la cancha marcada a la próxima administración, pues el riesgo de impulsar correcciones abruptas o con insuficiente consenso podría generar un efecto contrario si hay rechazo de amplios sectores de la ciudadanía. Dentro de este razonamiento, el humor social podría condicionar al próximo Presidente a definirse por profundizar aún más el endeudamiento en dólares, algo así como un “shock” de deuda, y una devaluación “gradualista” que no implique un salto del tipo de cambio como el de 2002, con el fin de la convertibilidad, pero que necesariamente tendrá que superar a la inflación para hacer converger la cotización del dólar con el resto de los precios de bienes y servicios.

A la par, quedan interrogantes clave para no incurrir en nuevos fracasos, pues, entre otros desafíos, el BCRA tendrá la enorme exigencia de calibrar una política monetaria contractiva para que la inflación no se dispare y, a la vez, no hunda más la actividad, mientras que el Ministerio de Economía tendrá que desatar el nudo de los subsidios cruzados y la pesada carga tributaria que afronta en particular el sector privado. La deuda en default es otro obstáculo que no se puede esquivar y sobre el que los candidatos aún no se pronuncian.

El ministro Axel Kicillof ya experimentó con el “shock” cuando en 2014 apostó por una devaluación en torno al 20%, entre el 21 y el 23 de enero, que fue absorbida rápido por la inflación antes del cierre de aquel año. A partir de octubre de 2014, con el aumento de la deuda en dólares, una devaluación más moderada y acuerdos salariales debajo de la inflación, la iniciativa oficial fue más bien “gradualista” para llegar a las elecciones en leve recesión, pero sin sobresaltos. En ambos casos se postergaron las medidas de fondo: con amplio déficit fiscal e inflación alta se debieron mantener las restricciones cambiarias y la actividad económica, en términos generales, no reaccionó.

La deuda también crece respecto del PBI

Esta semana, la Secretaría de Finanzas informó que la deuda pública ascendió a u$s196.143 millones al cierre del primer semestre de 2013. Este monto significa que en términos interanuales, las acreencias netas del Estado Nacional equivalen al 43,6% del PBI de Argentina, desde el 41,5% que representaban en junio de 2012. En un año, la deuda argentina aumentó u$s13.402 millones, desde los u$s182.741 millones de junio del año pasado.

El análisis de la constitución de esta deuda permite observar la transferencia de pasivos, por la cual el monto de los títulos públicos, Letras del Tesoro, adelantos transitorios, pagarés y préstamos garantizados en poder de organismos del propio Estado aumentó, mientras que en poder de privados y organismos internacionales de crédito disminuyó.

Es decir que la teoría del “desendeudamiento” esgrimida por los funcionarios públicos y los analistas económicos alineados con el oficialismo, por la cual no gravita el incremento del monto de los pasivos sino la reducción de su porcentaje respecto del Producto, dejó de tener sostén: los propios datos oficiales confirman que la deuda aumentó tanto en volumen como en proporción de PBI, estimado por el Gobierno en unos 450.500 millones de dólares. Este indicador debe interpretarse más como una fuerte desaceleración del crecimiento económico que como un incremento de los pasivos: la deuda creció 7,3% interanual, porcentaje que duplica al del crecimiento de la actividad económica.

Desde la perspectiva de la lógica oficial hay que subrayar dos datos de la realidad: la relación deuda/PBI sigue cerca de un piso desde el default, mientras que el incremento de la deuda intraestatal permite un “nuevo desendeudamiento”, limitado a reducir la deuda con acreedores ajenos a la órbita pública. Así, la deuda que el Estado mantiene con los agentes del sector privado pasó de representar el 31,3% del total en junio último al 28,2% un año atrás, mientras que la deuda con los organismos multilaterales y binacionales de crédito bajó del 13,8 al 12,7 por ciento.

Después de todo, las obligaciones en manos de la ANSeS, el Banco Nación, el PAMI o el Banco Central pueden renovarse y extenderse en el tiempo, aunque se deteriore la calidad del balance de estas instituciones descentralizadas. En ese mismo sentido, el valor real de los títulos en pesos se licua al ritmo de la inflación, mientras que la apreciación del dólar oficial a un ritmo del 25% anual facilita que su participación en el monto total de la deuda –medido en divisa norteamericana- también disminuya. La deuda que el Estado Nacional mantiene con las Agencias del Sector Público aumentó del 54% en el 2012 al 59% del total este año (u$s115.768 millones o 25,7% del PBI).

En este esquema de “nuevo desendeudamiento”, perimido el anterior, la deuda pública neta, donde se contabilizan los bonos en poder del sector privado (u$s55.368 millones) y organismos internacionales (u$s25.006 millones), suma u$s80.374 millones (equivalente a u$s66.773 millones nominados en dólares, euros o yenes, y el equivalente a u$s13.601 nominado en pesos), con una caída de u$s2.100 millones en la comparación interanual, al 17,9% del PBI.

La deuda ignorada por el informe oficial altera el resultado del análisis, pues no están contemplados los bonos en default aún pendientes de renegociación (como los reclamados por los llamados “fondos butre”) o los montos demandados al Estado argentino ante el CIADI (como el juicio iniciado por Repsol por la estatización de acciones de YPF) que añadirán como piso otros u$s30.000 millones a las acreencias totales, que en algún momento el Estado argentino deberá asumir.

Además, los u$s196.143 millones informados por la Secretaría de Finanzas están muy cerca del récord histórico en términos nominales, a sólo u$s1.321 millones de los u$s197.464 millones de diciembre de 2012. En proporción del PBI están cerca del 44% de 1999 y por encima del 35% promedio de la década de 1990, aunque debe reconocerse que el PBI de entonces quedó sobreestimado por el atraso cambiario que se profundizó hacia el fin de la Convertibilidad.

El camino a 2015 no resiste más “piloto automático”

Durante los últimos dos años de la presidencia de Carlos Menem se acuñó la frase “piloto automático” para describir los rígidos lineamientos económicos que mantuvieron en pie a la convertibilidad. El acceso al crédito internacional permitió la continuidad del “uno a uno”, el tipo de cambio bajo que equiparaba al peso con el dólar, y dio estabilidad a la actividad económica –y a los precios- a la vez que expandió la deuda externa, mientras que consolidó la desocupación por encima del 13% de la población activa.

Aquel período, en el que Roque Fernández reemplazó a Domingo Cavallo como ministro de Economía, perdió el envión de crecimiento posterior al “efecto Tequila” (+8,1% en 1997 y +3,9% en 1998) en un escenario negativo para los países emergentes por el default en Rusia. La apreciación cambiaria de la convertibilidad continuó aún durante la recesión que comenzó en 1999 (-3,4%) y se extendió a 2000 (-0,8%) y 2001 (-4,4%), cuando el derrumbe del gobierno de la Alianza, con una deuda insostenible, obligó a una fortísima devaluación de 67% en el mandato de Eduardo Duhalde, que impactó en la caída de 10,9% del PBI en 2002.

Pasó más de una década y muchas circunstancias de la realidad económica y social mejoraron en forma nítida durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, aunque la obstinación del Gobierno para ignorar la persistente inflación y la actual dinámica de atraso cambiario, entre múltiples distorsiones, revivió a partir de 2011 el concepto de “piloto automático”: mantener la actividad en una meseta y postergar las medidas que generen costos a riesgo de deteriorar más las variables económicas.

Así como Menem perdió las esperanzas de una re-reelección después de la derrota legislativa de 1997, la continuidad de un gobierno kirchnerista a partir de 2015 parece improbable y este condicionamiento político es otra vez un obstáculo para que la iniciativa de rectificar el rumbo provenga del propio Gobierno. La dirigencia prefiere que la pérdida de rédito político por las reformas sea afrontada por un sucesor.

A diferencia de los años ’90, la Argentina tiene cerrado el acceso al financiamiento externo. A cambio, el piloto automático de hoy obtiene recursos del Banco Central, cuyas reservas récord por encima de u$s52 mil millones retrocedieron a la zona de u$s35 mil millones en menos de tres años. La entidad asumió desde 2012 un peligroso doble rol de financista del Estado para pagar deuda en dólares y solventar parte del gasto público con emisión de pesos, cursados como adelantos transitorios y giro de utilidades.

Los números del proyecto de Presupuesto 2014 anticipan el desembolso de unos u$s12 mil millones (rentas de la propiedad) entre capital e intereses de títulos públicos, pago del Cupón atado al PBI y vencimientos con organismos internacionales que saldrán de las reservas del BCRA en lugar de las arcas del Tesoro, que es el deudor original.

El presupuesto para el año próximo tendrá que atravesar un debate parlamentario más duro que en otras oportunidades. Muchas de sus estimaciones no son creíbles: prevé un dólar oficial promedio de $6,33, cuando ese será probablemente un piso de cotización, mientras que anticipa un crecimiento del gasto público del orden del 17%, porcentaje que encubriría un ajuste significativo si se toma en cuenta una inflación real que supera en 2013 el 20% anual. En ese aspecto, el incremento del índice de precios al consumidor delineado por el ministro Hernán Lorenzino es apenas de 10% para 2014.

Otros cálculos son excesivamente optimistas: un crecimiento del PBI de 6,2% o un superávit comercial por encima de los 10 mil millones de dólares. Entre los números realistas figura el de la recaudación esperada, un 27,1% superior a la de 2013 y consistente con la inflación, y otro concreto y certero: el del monto establecido para cancelar deuda.

Si bien la ley de convertibilidad fue derogada, el respaldo en dólares de los pesos en circulación disminuye con tónica preocupante. Esta relación es observada de cerca por los actores del mercado financiero, porque en la historia reciente a la sequía de dólares siempre siguió una devaluación que dejó en una situación mucho más vulnerable a los sectores de menores ingresos, aquellos que no tienen ahorros y cobran en pesos. El presente de esos argentinos está lejos de la cobertura que ofrecen inversiones sofisticadas como acciones o títulos dolarizados, y aún del hábito de atesorar divisas “en el colchón” o adquirir bienes durables como refugio de valor, adoptado por buena parte de la clase media.

2013 con varios récords y muchos interrogantes

El 2013 es un año de grandes variaciones en los indicadores económicos, algunas en términos reales y otras en términos nominales por las distorsiones que generan el desdoblamiento virtual del mercado cambiario y el de la inflación, según sea medida por el Gobierno o por consultoras privadas. Hay signos nítidos de tensión macroeconómica por estas inconsistencias, que explican por qué el Gobierno empezó a avanzar en una dirección distinta a la de años anteriores, giro que ya se planteó incluso antes del decepcionante resultado obtenido por las listas del oficialismo en las elecciones primarias.

La actitud responsable de iniciar cuanto antes una corrección de variables puede evitar un ajuste con políticas de shock, que la Presidente rechazó de plano las veces que tuvo oportunidad. Por eso el año en curso se presenta como una encrucijada dentro del ciclo económico de la “década ganada”, con cifras “récord” que delatan la necesidad de cambios.

- Caída de reservas. Consistente con el pago de deuda con reservas líquidas del Banco Central definida por la reforma de la Carta Orgánica de la entidad, éstas pierden participación dentro de los activos, en su mayoría títulos intransferibles del Tesoro. Las reservas cayeron este martes a u$s36.752 millones, su piso desde el 13 de abril de 2007, unos u$6.538 millones desde enero, una pérdida sin precedentes desde 2001.

- Devaluación del peso. La apreciación del tipo de cambio oficial, en $5,69 por dólar, es la mayor en 10 años. En poco más de ocho meses de 2013 ya alcanzó el 15,6%, por encima de los 14,4% de todo 2012, aceleración que si bien contribuye a la suba de la inflación, sincera parcialmente el atraso en el precio del dólar respecto de otros bienes. Esto significa una devaluación del peso argentino del 13,6% desde enero (cayó de u$s0,2033 a u$s0,1757).

- Ascenso del dólar libre. La divisa norteamericana avanza en el año 35,4% (a $9,25) y en el mismo sentido amplió la brecha con el oficial a 62,6%, mucho mayor que en los diez años anteriores, aunque debajo del rango máximo de 100 por ciento que tocó el último 8 de mayo. El billete verde por fuera de los controles oficiales mantiene la presión para recuperar precios en función de la inflación real.

- Emisión de pesos. Las transferencias de utilidades y los adelantos transitorios a través de los cuales el Banco Central es una columna fundamental para el sostenimiento de las cuentas públicas acumularon en doce meses $62 mil millones, a $249 mil millones –datos actualizados al 23 de agosto último-, cifra que superó incluso el aumento de la circulación monetaria, de $53 mil millones en el último año.

La base monetaria (circulación más encajes) creció al 23 de agosto un 24% interanual, por debajo del 39% de crecimiento en 2011 (+$62.500 millones) y del 38% de 2012 (+$84.400 millones). Si en el último cuatrimestre del año se apura la emisión, al calor del clima electoral, estos montos podrían superarse holgadamente en cifras nominales, aunque es probable que no lo hagan en cuanto a porcentaje.

- Inflación en alza. La abundancia de pesos fue un obstáculo para que los acuerdos de precios obtuvieran un resultado contundente. El sitio Inflación Verdadera estimó una desaceleración del avance inflacionario a 20,5% anual al 21 de agosto último, contra el 26% del acumulado en 2012, máximo en la etapa kirchnerista. Sin embargo, ese 26% podría replicarse hacia el cierre de 2013 por el incremento de las jubilaciones, los aumentos salariales por paritarias y la inyección de pesos por la suba del mínimo no imponible de Ganancias que serán un incentivo a la demanda con impacto en los precios.

- Déficit fiscal. El Ministerio de Economía informó que en el primer semestre de 2013 acumuló un resultado primario positivo de $4.727,1 millones, apenas inferior a los $ 4.893,3 millones de enero-junio de 2012. Si la tendencia del gasto público repite el recorrido del año pasado, éste podría ser el segundo año consecutivo con déficit primario, como no ocurría hace 16 años. Además, al incluir los pagos de deuda, el déficit financiero sumó un récord de $13.789,2 millones en seis meses, un 31% más frente al mismo período de 2012, moderado por el auxilio financiero del Banco Central, la ANSeS y otros organismos.

- Déficit del balance cambiario. En el primer semestre de 2013, la salida de divisas por el déficit turístico marcó un récord de u$s4.504 millones, rubro secundado por el rojo comercial automotor (u$s3.258 millones entre enero y junio) y el déficit energético (u$s2.151 millones). El intercambio negativo de estos bienes y servicios fue otro factor de pérdida de reservas.

Afortunadamente, otros indicadores récord se mantuvieron del lado positivo de la balanza, para atenuar en alguna medida la debilidad de los ítems anteriores.

-Cosecha récord. Más allá de las disputas económicas y políticas entre el Gobierno y las entidades del agro, este sector es el que más aporta al crecimiento económico de 2013 y el que sostiene el superávit comercial, con una participación en las exportaciones que supera el 30% del total. Cristina Kirchner anunció este año una cosecha histórica de granos de 105,4 millones de toneladas, útil para mantener alejada a la Argentina de un escenario de crisis.

- Sector automotriz. Las terminales apuntalan el crecimiento fabril y aspiran a una producción récord. Las ventas de vehículos 0 kilómetro son el máximo exponente del “boom” de consumo que se sostiene en un techo desde la salida de la Convertibilidad. En los primeros ocho meses del 2013 se registraron 669.606 nuevos vehículos y los concesionarios prevén alcanzar un récord anual de 900 mil unidades. Como contraparte, el atraso cambiario es un aliciente al ingreso de vehículos y autopartes importados: el 63% de los coches comercializados en Argentina se fabricó en el exterior, y de los nacionales, el 70% de sus componentes es importado.

- Menos peso de la deuda. Con datos del cierre de 2012, el Gobierno destaca la reducción de la deuda externa bruta al 30% del PBI, un nivel excepcionalmente bajo en la muestra histórica y también en una comparación con otros países, y de 45% del PBI cuando se le suman los acreedores dentro del territorio nacional (deuda pública bruta). De todos modos, esta comparación se realiza sobre un cálculo de PBI récord de u$s475 mil millones, sobreestimado por el tipo de cambio oficial. La medición no cuenta acreencias como las pendientes con los holdouts, el Club de París y las demandas ante el CIADI, entre otras, que habrán de regularizarse en algún momento e incrementarán en forma significativa la deuda.

En cuanto al stock, la deuda pública ascendió a un máximo histórico de u$s197.464 millones al 31 de diciembre de 2012, por encima del nivel del default de 2001 y del número previo al canje de 2005, a pesar de haberse cancelado vencimientos por u$s173.733 millones en los últimos diez años. Ahora casi el 60% de los pasivos quedaron en cartera de organismos públicos.

Este puñado de cifras marca una dinámica de la economía que se sucede con más velocidad que la que marcan los tiempos de la política. Es de esperar que el Gobierno ceda más lugar a las decisiones que se tomen con la mirada puesta en 2015 antes que en 2013, una vez que los comicios legislativos de octubre despejen las incógnitas sobre un eventual recambio presidencial dentro de dos años.

Un desendeudamiento que nos empobrece

El 30 de junio del año pasado fue la última vez que el Ministerio de Economía informó sobre el monto de la deuda pública. El dato más reciente fue de u$182.741 millones, lo que equivalía entonces, según las estimaciones oficiales, al 41,5% del PIB de Argentina -unos u$s447 mil millones al terminar 2011-. En 2012, el PBI ascendió a u$s475.161 millones al tipo de cambio oficial. De haberse mantenido estable la deuda, la relación habría descendido a 38,5% del PBI, aunque si se contemplara un tipo de cambio de $5,74 por dólar (promedio del dólar informal en 2012), el PBI se hubiera aproximado a u$s377.046 millones y la relación, crecido a 48,5% del PBI.

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