Por: Juan Gasalla
El 30 de junio del año pasado fue la última vez que el Ministerio de Economía informó sobre el monto de la deuda pública. El dato más reciente fue de u$182.741 millones, lo que equivalía entonces, según las estimaciones oficiales, al 41,5% del PIB de Argentina -unos u$s447 mil millones al terminar 2011-. En 2012, el PBI ascendió a u$s475.161 millones al tipo de cambio oficial. De haberse mantenido estable la deuda, la relación habría descendido a 38,5% del PBI, aunque si se contemplara un tipo de cambio de $5,74 por dólar (promedio del dólar informal en 2012), el PBI se hubiera aproximado a u$s377.046 millones y la relación, crecido a 48,5% del PBI.
El llamado desendeudamiento fue uno de los lemas oficiales más utilizados para defender el modelo económico establecido después de la devaluación de 2002. Transcurrida una década, la deuda no disminuyó en términos nominales: es mayor que los u$s145 millones del tramo final del 2001 y casi igual que los u$s190 mil millones de comienzos de 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner y antes de la reestructuración.
Respecto del PBI, que creció con fuerza desde mediados de 2002 hasta fines de 2011, cayó a niveles inferiores al 50%, una relación mucho mejor que en varios países desarrollados, que adeudan más de un año de su Producto. Sin embargo la Argentina no mejoró mucho frente a sí misma: hoy su deuda representa el mismo 48% del PBI que a mediados de 2001, antes del default.
El único desendeudamiento concreto es en dólares: se pesificaron gran parte de los pasivos y la mitad de los títulos soberanos quedaron en las carteras de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y el Banco Nación. En este cálculo no se contemplan los bonos en manos de los holdouts que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 y las acreencias del Club de París, que incrementarían el pasivo del Estado en más de 10 mil millones de dólares.
La deuda externa fue un lastre para el crecimiento de la Argentina en las décadas del ‘80 y el ’90. Esa experiencia amarga llevó al Gobierno a insistir en monetizar los pasivos y evitar la emisión de nueva deuda en dólares, aun cuando las actuales tasas internacionales, históricamente bajas, permitirían renovar los actuales bonos por otros de rendimiento mucho menor, siempre que el país normalizara su estatus financiero.
El lastre del crecimiento de hoy es la falta de dólares para inversión. La reciente tragedia por las inundaciones en La Plata y en el área metropolitana y el choque de la formación ferroviaria en Once en febrero de 2012 son ejemplos extremos de una infraestructura en crisis, resultado de esa renuencia a captar fondos en el exterior. Por el contrario, la presión tributaria en Argentina se aproxima al 50% del PBI y de todos modos se requiere el financiar al sector público con reservas del Banco Central.
La política social y las asignaciones a los sectores postergados deben mantenerse en esta gestión y la que la suceda, pero carece de sentido destinar el 4% del PBI a subsidios al transporte y la electricidad en estas condiciones, dos claros ejemplos de estructuras de servicios al borde del colapso.
Tomar deuda en el exterior tiene coherencia como una forma de extender el plazo de pago de créditos que se transformarán en obras que perdurarán en el tiempo. En cierto modo, se distribuye entre varias generaciones el costo de esa infraestructura que será utilizada en el futuro, incluso más que en el tiempo presente. ¿Por qué una generación debe solventar el total del costo de esos proyectos? En el caso de los subterráneos, se extendieron rápidamente en la primera mitad del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial y debieron pasar 50 años para que se retomara el desarrollo de la red, ya en estado crítico hasta hoy.
En ese sentido, que la ANSeS brinde fondeo con dinero de los jubilados -presentes y futuros- a obras destinadas para el largo plazo, mientras la inflación carcome los haberes, es poco eficiente y cuestionable desde lo ético.
Se precisa un equilibrio sensato entre el acceso a fondos del exterior a tasas razonables y una relación deuda/PBI manejable, para construir rutas y ferrocarriles acordes al desarrollo que pretendemos para el país; servicios de salud, educación y seguridad; autoabastecimiento de energía, entre tantas otras necesidades que son la verdadera deuda, la de los gobiernos con los ciudadanos.