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Hasta 2020 habrá pagos de deuda por u$s50 mil millones

La semana pasada el Ministerio de Economía difundió el informe de deuda pública al cierre del ejercicio de 2013. El trabajo estadístico no incluye los montos de los acuerdos alcanzados con Repsol y el Club de París, aunque sí los u$s500 pagados a distintas empresas para poner fin a las demandas contra el país en el CIADI, el tribunal arbitral que depende del Banco Mundial. En cuanto al monto total, la deuda pública bruta alcanzó un récord de u$s202.630 millones, un 39,5% del PBI, estimado por el Ministerio de Economía en unos u$s512.950 millones, aproximadamente.

Sin embargo, la cartera económica se enfoca en la deuda pública neta, que excluye los pasivos contraídos con organismos del Estado como la ANSeS, el Banco Central o el PAMI, por motivos políticos, fácilmente refinanciables. Esta deuda neta está constituida por los vencimientos de capital e intereses de títulos en manos de organismos multilaterales, inversores privados y gobiernos extranjeros, que suman u$s81.556 millones (15,9% del PBI). Si bien es un monto sumamente bajo respecto del producto total de bienes y servicios, su ponderación es mayor a la de 2012 (14,8% del PBI) y 2011 (15,7% del PBI).

Las conclusiones basadas en todos estos cálculos dependen, por supuesto, del monto de PBI que se estime, pues con la devaluación del peso aplicada en enero y el decrecimiento registrado en el Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC (-0,8% en el primer trimestre del año), el Producto tiende a disminuir en 2014.

Este año la deuda se incrementa por la voluntad del Gobierno de avanzar en acuerdos para despejar de conflictos judiciales en el exterior el recorrido final del mandato de Cristina Kirchner, iniciativa que muchos analistas atribuyen a la necesidad de acceder al financiamiento externo en mejores condiciones que las actuales, aunque la disputa legal en Nueva York y el consecuente “default selectivo” complicó el corto plazo.

Por el acuerdo con el Club de París, la acreencia con la entidad integrada por bancos centrales de países desarrollados aumentó de los u$s6.033 millones reconocidos por el Palacio de Hacienda en el informe publicado el 13 de agosto a los actuales y reales u$s9.700 millones, según la compensación rubricada por el ministro Kicillof en mayo y que se desembolsarán a lo largo de cinco años.

El acuerdo con Repsol incluyó la emisión de títulos públicos por 6.150 millones de dólares. Por la ley 26.932 para compensarle a la compañía española la estatización del 51% de acciones YPF se fijó la ampliación de la emisión de Bonar X (AA17) por u$s800 millones, Discount 33 (DIY0) por u$s1.250 millones, Boden 2015 (RO15) por u$s400 millones, Bonar 2024 (AY24) por u$s3.550 millones y una Letra del Tesoro por 150 millones de dólares.

De esta forma, hasta 2020 el acuerdo con Repsol demandará desembolsos por unos u$s3.883 millones en concepto de vencimientos: u$s400 millones por Boden 2015 que vencen en su totalidad en octubre del año próximo más u$s28 millones de intereses (tasa del 7% anual), u$s392 millones por intereses de Bonar X (tasa del 7% anual), unos u$s770 millones por Discount 33 (tasa del 8,28%), u$s2.143 de Bonar 2024 (tasa del 8,75%) más los u$s150 millones de la Letra del Tesoro.

Con estas actualizaciones por los sucesos financieros del primer semestre de 2014, el perfil de vencimientos de la deuda neta, que en un 46% se concentraba hasta el 2020 (u$s34.715 millones), se amplía a unos u$s48.298 millones, un 54,2% de la deuda neta. Ésta crece a u$s89.052 millones al sumársele u$s13.583 millones asumidos por el Gobierno sólo por las compensaciones a Repsol y el Club de París.

Los vencimientos hasta 2020 totalizan u$s48.298 millones y representan en promedio unos u$6.900 millones al año, una importante herencia que afrontará casi en su totalidad la próxima administración. Todavía se excluyen en este cálculo los bonos que no ingresaron a los canjes de deuda, por unos u$11.739 millones según el informe oficial. En este último ítem se encuentran los u$s1.600 millones que el juez Thomas Griesa ordenó pagar a los holdouts (u$s1.330 millones más intereses y punitorios).

Una deuda neta de u$s89.052 millones representa el 17,4% del PBI de u$s512.950 millones, aunque esta proporción se ampliará si cae la actividad económica este año. Es una relación más cercana a la de 2010 (19,4% del PBI) que demuestra que el proceso de desendeudamiento tal como lo esgrime el oficialismo está en franco retroceso.

Si se analiza la deuda pública bruta, a los u$s202.630 millones que cifra el Palacio de Hacienda habría que sumarles unos u$s25.294 millones (por Repsol, Club de París y holdouts), para alcanzar unos u$s228.000 millones, un 44,4% del PBI. Hay que retrotraerse a 2007 para encontrar un peso de la deuda tan elevado como el presente.

Otro dato relevante es que la deuda pública según moneda de emisión está nominada en un 61,9% en divisas extranjeras, por unos u$s125.472,7 millones, pues las acreencias en dólares y euros ganan participación respecto de las emitidas en pesos, principalmente por efecto de la devaluación. Al agregarles los u$s25.294 millones por Repsol, Club de París y holdouts, alcanza los u$s151.000 millones y se consolida por encima de los u$s140 mil millones del default de diciembre de 2001, cuando el 97% de la deuda -que totalizaba u$s144.500 al sumar bonos en dólares y en pesos- estaba nominada en moneda extranjera.

El mercado financiero anticipa más devaluación

Esta semana fue turbulenta para los negocios financieros en la Argentina. Los futuros pagos de bonos entraron en una zona gris: mientras el Gobierno niega que haya incurrido en default, las calificadoras de riesgo ya hablan de “default selectivo” de la Argentina y la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, en inglés) determinó que el país está en cesación de pagos, con lo que se activó el pago de seguros de crédito entre privados por unos 1.000 millones de dólares.

El juez Thomas Griesa fue mucho menos explícito: instó a los representantes de la Argentina y los holdouts a seguir negociando; ignoró el reclamo del Gobierno y ratificó al mediador Daniel Pollack. Afirmó que “esta semana la República Argentina no pagó los intereses a los bonistas de deuda reestructurada y, por lo tanto, no violó la cláusula pari passu“, de tratamiento igualitario entre los acreedores. No mencionó un default.

El ministro de Economía Áxel Kicillof dijo que es “una pavada atómica” hablar de un incumplimiento soberano, aunque acusó al magistrado por abrir la posibilidad de “ganancias multimillonarias” a los fondos litigantes por la activación de los Credit Default Swap. “Ante esta posible estafa millonaria, el Ministerio de Economía ha notificado a la Comisión Nacional de Valores esta situación y ha solicitado que, de inmediato, se inicie una exhaustiva investigación que determine si este juicio no es en realidad la fachada de una maniobra especulativa en favor de los fondos buitre”, expresó el Palacio de Hacienda a través de un comunicado.

En medio de este pantano judicial, los precios de los activos argentinos se sacudieron con volatilidad extrema, pero lejos estuvieron de incorporar el alto grado de desorientación e incertidumbre que manifestaron hasta los funcionarios involucrados en las negociaciones. Al contrario, el índice Merval subió 5,9% en la semana. YPF es una de las compañías que más podría perjudicarse con un default, por su necesidad de crédito externo para desarrollar Vaca Muerta y su dependencia de las divisas para importar combustible. Sin embargo, su precio en pesos subió 2,4% en la semana. Desde el viernes 25 de julio, Grupo Galicia trepó 6,8% en la Bolsa porteña. Banco Francés ganó 7,1% y Banco Macro, un 5,9%, aún cuando estas entidades también serían grandes perdedoras por un default, debido a los títulos públicos que contabilizan en cartera.

¿Cuál fue entonces la información que los operadores trasladaron a los precios? Probablemente, la respuesta esté en el tipo de cambio. En dólares, YPF perdió en la semana un 4,8%, según la cotización del su ADR en Nueva York. Los bancos argentinos mostraron fuertes ganancias semanales en Wall Street, aunque inferiores a las del Merval: Grupo Galicia, un 5,6%; Banco Francés, un 5%, y Banco Macro, 0,3 por ciento. A estos porcentajes hay que ponderarlos en un contexto global bajista, entre el 27 de julio y el 1° de agosto, el índice Dow Jones de Industriales acumuló una pérdida de 2,8% y el promedio S&P500, de 2,7 por ciento.

El dólar “contado con liquidación” o financiero, que se calcula al dividir el precio de acciones y bonos en pesos por su cotización en dólares en el exterior, subió 5,6% desde los $9,68 del viernes 25 de julio a los $10,22 del 1° de agosto. Ese incremento superó holgadamente el 0,7%, que en ese lapso ganaron el dólar informal (de $10,70 a $10,80) y el oficial ($8,1775 a $8,2375 en el mercado mayorista). Siempre expuestos a bruscas oscilaciones, los precios de las acciones, sin embargo, anticiparon un dólar que se apreciará a mayor ritmo.

“Hay dos variables que están rezagadas a mi entender. Una es básicamente cómo se está devaluando. El ritmo devaluatorio mensual es menos del 1%, con una inflación del 2,5% mensual como piso. Otra variable rezagada es la tasa de interés, que mensualmente es un punto negativa: estamos hablando de más de 10 puntos anuales de tasa pasiva para los ahorristas”, opinó el ex director del Banco Central Carlos Pérez. En diálogo con Pablo Wende por radio El Mundo, Pérez definió un escenario de default en el que “básicamente va ha haber problemas con las reservas internacionales y presión en el mercado de cambios. Si bien la presión va a existir, vas a tener el ajuste por cantidad, una disminución de las reservas internacionales, y el ajuste por precio, un ritmo devaluatorio más elevado. Lo importante es que lo puedas gobernar desde la política económica y no que lo haga el mercado, que es mucho más anárquico”.

En cierto modo, las acciones se acoplaron a esta expectativa, por encima de los fundamentos propios de las compañías y de una economía recesiva en el plano local, con elevada inflación y el déficit fiscal, ahora amenazada por una eventual cesación de pagos. “Es muy importante hacer un diagnóstico del estado de situación en el que se encuentra la economía argentina. El objetivo de reactivarla –lo lamento- es incumplible. El objetivo que debiera trazarse el Gobierno es la estabilización económica, tratar de minimizar los riesgos de índole cambiaria”, agregó Carlos Pérez.

Indicio de que en el Banco Central evalúan un diagnóstico parecido es que la semana pasada, la autoridad monetaria convalidó un incremento de 6 centavos para el dólar en el mercado mayorista, el salto más grande en cuatro meses, después de los 7,5 centavos que subió entre el 14 y el 21 de marzo (de $7,903 a $7,978).

La tasa de inflación en el primer semestre fue de 15% según el IPC Nacional Urbano del INDEC, y de 21,1% acumulado según el índice Congreso, que promedia una serie de informes privados y oficiales de algunos distritos. El 27 de enero, cuando se flexibilizaron las ventas de dólares para ahorro después de la devaluación, la divisa al público promediaba a $8,02 en bancos y casas de cambio. En seis meses subió apenas 3,2%, hasta los $8,28 que promedia hoy. El dólar informal se pactaba el 27 de enero a $12,15: subió 5,3% desde la apertura parcial del “cepo”, hasta los $12,80 del viernes. Esta evolución deja en claro que en los últimos meses, el dólar se estuvo moviendo mucho más lento que los precios de los bienes y servicios.

El frente externo le suma dificultades a la Argentina

A veces una buena noticia puede convertirse en negativa por la interpretación que a ésta les dan los mercados. El tiempo “casi ideal” para el desarrollo de cultivos en las zonas agrícolas de los EEUU, en el centro-oeste del país norteamericano, desató una ola de caídas en los precios internacionales de los granos y sus derivados. La expectativa por una cosecha récord se sumó a la certeza sobre rindes máximos en la Argentina y Brasil, los otros dos grandes proveedores globales de alimentos. Y la abundancia de un producto deprime su cotización.

Los contratos de la soja más negociados, para entregar en noviembre, cayeron el martes a u$s392,94 por tonelada. A esta altura del año, estas posiciones representan más de la mitad de las operaciones en el mercado de Chicago, pues noviembre concentra las exportaciones de granos de los EEUU. Los contratos con vencimiento inmediato, para agosto, cedieron a u$s432,01 por tonelada, un 10,4% menos que en enero y 22,7% por debajo de los precios de doce meses atrás. Es la valuación más baja desde el 11 de octubre de 2010 (u$s423,48 por tonelada).

“El foco de los mercados es la pregunta de qué tan grande es la oferta en EEUU, lo cual tiene una connotación netamente bajista. Eso lleva a los fondos especulativos a construir una posición neta vendida por primera vez en mucho tiempo. Ese proceso recién se está iniciando y por ello creemos que puede haber todavía hilo en el carretel de las bajas”, afirma Dante Romano, de Austral Agroperspectivas. “Veremos más adelante cómo se mueve la demanda ante precios más bajos, y cómo afectan estos valores las decisiones de producción de Sudamérica”, añade.

El complejo cerealero-oleaginoso aporta un tercio de las exportaciones argentinas, por granos y derivados. Nuestro país es el tercer vendedor de soja y maíz del mundo, y el primero de aceites y harinas derivadas de la oleaginosa. Así como Argentina podría cerrar la actual campaña con una cosecha récord de 55 millones de toneladas de soja, lo propio podría ocurrir con el maíz y una producción esperada entre 25 y 33 millones de toneladas. El martes, la tonelada de maíz para septiembre tocó un piso de u$s142,91, su precio más bajo desde el 1 de agosto de 2010. Es un 33% debajo del valor de enero y la mitad del que tenía hace 16 meses.

Elevado costo de la energía

El agro es el principal abastecedor de dólares comerciales; el sector energético es el principal demandante, por la etapa de déficit que la Argentina atraviesa en esta materia. En 2006 el sector energético argentino dejó un superávit de u$s6.100 millones, que se redujo a apenas u$s1.900 millones en 2010. En 2011, por primera vez en más de 20 años, la balanza comercial energética cerró en rojo: -2.931 millones de dólares.

En 2013, el déficit de energía ascendió a u$s6.334 millones, con importaciones de hidrocarburos y electricidad por u$s12.268 millones (u$s9.667 millones y u$s2.601 millones, respectivamente) y exportaciones por 5.934 millones.

En este caso, el dato negativo que deja el frente externo es el incremento de los precios del petróleo en torno al 4,5% en el transcurso del año, desde u$s98,42 a u$s102,89 el barril en los EEUU. Sólo con mantenerse el déficit energético argentino en el nivel del año pasado, el componente de precios lo elevará a unos 6.600 millones de dólares.

Hay que recordar que es el Estado el que afronta el costo de este desequilibrio, pues acapara casi todo el volumen importado, a través de YPF y Enarsa. Además, este monto significa tres cuartas partes de lo que pueda percibir el Estado por retenciones al agro, en torno a los u$s9.000 millones este año, siempre que se frene el declive de precios en Chicago.

Un informe de FIEL, elaborado por Marcela Cristini y Guillermo Bermudez, subraya la “caída de las cantidades exportadas en todos los rubros salvo las manufacturas de origen agropecuario (complejo sojero). En cuanto a las importaciones, el 16% de las mismas se concentra en el rubro ‘combustibles y energía’, cuya dinámica domina en buena parte la urgencia por las divisas”.

En el plano financiero, perjudica la decisión del juez de Nueva York Thomas Griesa del pasado 27 de junio, que le impidió a la Argentina pagar vencimientos de bonos Discount por u$s539 millones, bajo la exigencia de cumplir con el fallo a favor de los fondos especulativos por u$s1.330 millones más intereses. Este litigio no tiene tanta relevancia en cuanto a la economía real, pero agrega una dosis de incertidumbre que impacta en los precios de los activos, más aún si no se llega a un acuerdo antes del 30 de julio, fecha límite para evitar un nuevo default.

La desaceleración de Brasil

El viento en contra para la economía local también viene desde Brasil, el principal socio comercial del país. Los analistas del mercado financiero rebajaron sus previsiones de crecimiento al 0,97% en 2014, según informó el Banco Central brasileño, una tasa inferior a la del crecimiento vegetativo de la población, que significa en términos reales un estancamiento de la actividad.

Rubros industriales como el automotriz son dependientes del mercado brasileño, que adquiere prácticamente la mitad de los vehículos fabricados en la Argentina. “Al mal desempeño de las ventas externas argentinas en la primera parte de 2014, se suma una estructura de exportación que otorga una alta volatilidad al flujo de ventas externas total”, explica Mauricio Claverí, coordinador de Comercio Exterior de Abeceb.com.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señala que “Brasil es el principal destino de la venta de automóviles, con un 89% de participación en las exportaciones. De hecho, las ventas de vehículos nacionales han estado destinadas principalmente a este país desde el año 2007”. En el mismo sentido, la Asociación de Fábricas Automotores (ADEFA) indicó que en el primer semestre, las terminales registraron una producción de 308.423 vehículos, un 21,8% menos respecto del volumen contabilizado entre enero y junio de 2013. En cuanto a las exportaciones, el sector automotor acumuló en ese lapso 171.375 vehículos enviados, una caída de 23,3% interanual.

Luego de crecer 7,5% en 2010, el PBI brasileño mostró modestos avances de 2,7% en 2011, 1% en 2012 y 2,5% en 2013. Este será el cuarto año consecutivo de magro crecimiento, que le restará fuerza a la actividad en la Argentina. Las proyecciones privadas recabadas en el “Boletín Focus” del Banco Central de Brasil mantienen la perspectiva de crecimiento para 2015 en el 1,5%: el año próximo también escaseará el poderoso incentivo de una demanda pujante del socio del Mercosur.

La deuda también crece respecto del PBI

Esta semana, la Secretaría de Finanzas informó que la deuda pública ascendió a u$s196.143 millones al cierre del primer semestre de 2013. Este monto significa que en términos interanuales, las acreencias netas del Estado Nacional equivalen al 43,6% del PBI de Argentina, desde el 41,5% que representaban en junio de 2012. En un año, la deuda argentina aumentó u$s13.402 millones, desde los u$s182.741 millones de junio del año pasado.

El análisis de la constitución de esta deuda permite observar la transferencia de pasivos, por la cual el monto de los títulos públicos, Letras del Tesoro, adelantos transitorios, pagarés y préstamos garantizados en poder de organismos del propio Estado aumentó, mientras que en poder de privados y organismos internacionales de crédito disminuyó.

Es decir que la teoría del “desendeudamiento” esgrimida por los funcionarios públicos y los analistas económicos alineados con el oficialismo, por la cual no gravita el incremento del monto de los pasivos sino la reducción de su porcentaje respecto del Producto, dejó de tener sostén: los propios datos oficiales confirman que la deuda aumentó tanto en volumen como en proporción de PBI, estimado por el Gobierno en unos 450.500 millones de dólares. Este indicador debe interpretarse más como una fuerte desaceleración del crecimiento económico que como un incremento de los pasivos: la deuda creció 7,3% interanual, porcentaje que duplica al del crecimiento de la actividad económica.

Desde la perspectiva de la lógica oficial hay que subrayar dos datos de la realidad: la relación deuda/PBI sigue cerca de un piso desde el default, mientras que el incremento de la deuda intraestatal permite un “nuevo desendeudamiento”, limitado a reducir la deuda con acreedores ajenos a la órbita pública. Así, la deuda que el Estado mantiene con los agentes del sector privado pasó de representar el 31,3% del total en junio último al 28,2% un año atrás, mientras que la deuda con los organismos multilaterales y binacionales de crédito bajó del 13,8 al 12,7 por ciento.

Después de todo, las obligaciones en manos de la ANSeS, el Banco Nación, el PAMI o el Banco Central pueden renovarse y extenderse en el tiempo, aunque se deteriore la calidad del balance de estas instituciones descentralizadas. En ese mismo sentido, el valor real de los títulos en pesos se licua al ritmo de la inflación, mientras que la apreciación del dólar oficial a un ritmo del 25% anual facilita que su participación en el monto total de la deuda –medido en divisa norteamericana- también disminuya. La deuda que el Estado Nacional mantiene con las Agencias del Sector Público aumentó del 54% en el 2012 al 59% del total este año (u$s115.768 millones o 25,7% del PBI).

En este esquema de “nuevo desendeudamiento”, perimido el anterior, la deuda pública neta, donde se contabilizan los bonos en poder del sector privado (u$s55.368 millones) y organismos internacionales (u$s25.006 millones), suma u$s80.374 millones (equivalente a u$s66.773 millones nominados en dólares, euros o yenes, y el equivalente a u$s13.601 nominado en pesos), con una caída de u$s2.100 millones en la comparación interanual, al 17,9% del PBI.

La deuda ignorada por el informe oficial altera el resultado del análisis, pues no están contemplados los bonos en default aún pendientes de renegociación (como los reclamados por los llamados “fondos butre”) o los montos demandados al Estado argentino ante el CIADI (como el juicio iniciado por Repsol por la estatización de acciones de YPF) que añadirán como piso otros u$s30.000 millones a las acreencias totales, que en algún momento el Estado argentino deberá asumir.

Además, los u$s196.143 millones informados por la Secretaría de Finanzas están muy cerca del récord histórico en términos nominales, a sólo u$s1.321 millones de los u$s197.464 millones de diciembre de 2012. En proporción del PBI están cerca del 44% de 1999 y por encima del 35% promedio de la década de 1990, aunque debe reconocerse que el PBI de entonces quedó sobreestimado por el atraso cambiario que se profundizó hacia el fin de la Convertibilidad.

El Gobierno, decidido a dominar la agenda

Aunque el pasado 11 de agosto la Presidente afirmó que el Frente para la Victoria realizó una “elección excelente” en las primarias abiertas y obligatorias, es claro que el resultado de la votación impactó en un oficialismo que parecía inconmovible e impermeable a las críticas desde aquel histórico 54% obtenido en octubre de 2011.

A dos meses de las elecciones legislativas que sellarán su futuro político, Cristina Kirchner demostró otra vez su rápida capacidad de reacción para tomar la iniciativa e imponer los temas de debate para toda la dirigencia.

La incremento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias tiene un importante alcance para los sectores asalariados formales del escalafón medio, hasta los $15 mil de salario bruto, que integran una parte de la base de votantes del kirchnerismo, con un costo fiscal de sólo $2.581 millones, inferior al 1% del total anual de la recaudación, gracias a la compensación que aporta el gravamen sobre acciones y dividendos de las empresas.

Con esta mejora se inyectarán casi 4.500 millones de pesos anuales al consumo. La suba del piso de Ganancias fue una de las demandas más reiteradas por los sindicatos y también por los pequeños contribuyentes que observaban cómo sus ingresos se reducían en términos reales por el doble efecto de la inflación y la creciente percepción de impuestos, que licuaban los aumentos obtenidos en las negociaciones paritarias.

De todos modos, la inflación sigue y afecta a toda la población, sin distinción alguna, en especial a los pobres, que no reciben un beneficio directo por la rebaja del impuesto a las Ganancias. Si el aporte fiscal de su reducción se va a financiar con emisión sin respaldo, la consecuente inflación lo va a transformar en regresivo -recursos de los sectores de menos ingresos e informales que se destinan a sectores medios- en lugar de progresivo, tal como fue concebido -que aporten más los que más ganan-. A la vez, este gravamen, sin una actualización automática en base a datos estadísticos creíbles sobre inflación, continúa sometido al humor del Poder Ejecutivo, e incluso a la arbitrariedad de sus necesidades electorales, cuando debería ser el Congreso el que lo actualice como una facultad indelegable.

A favor del Gobierno suma el hecho de que el cambio en Ganancias y la ley que grava activos financieros para solventarlo surgieron del diálogo político y social, en el que participaron funcionarios, empresarios y sindicalistas.

Con los mismos reflejos, la jefa de Estado anunció el lunes la reapertura del canje de deuda luego de conocerse el fallo adverso en segunda instancia en la Justicia norteamericana en la causa iniciada contra el país por los bonistas que no ingresaron a las anteriores reestructuraciones de deuda. El objetivo es evitar el pago a los llamados “fondos buitre”, ganar tiempo hasta el 2015 -cuando vence la cláusula que impide mejorar la oferta- y eludir tanto un embargo como un eventual default con los acreedores que ya aceptaron  los dos canjes anteriores.

Esta iniciativa, que tiene todavía un resultado muy incierto, también recibió el apoyo de muchos referentes políticos y económicos, aunque desnudó la improvisación que asoma detrás de decisiones trascendentes y que tendrán largo efecto en el tiempo.

En ambos casos –Ganancias y holdouts-, Cristina dejó sentado que va a apostar todo su capital político para mejorar la performance del oficialismo en las elecciones legislativas. Queda sin definir si semejante reacción llega a tiempo o si ya es demasiado tarde para torcer la tendencia del voto en octubre.