Entre los variados puntos de vista acerca de la “herencia” económica que recibirá el próximo Gobierno en diciembre de 2015 hay dos corrientes que dividen posturas: los que adscriben a las políticas de “shock” y los que se inclinan por el “gradualismo” para abordar las distorsiones remanentes de 12 años de presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
La experiencia de la salida de la convertibilidad durante la crisis 2001-2002 abona la teoría del “shock”, con una devaluación abrupta que sirva para establecer un tipo de cambio de equilibrio según condiciones reales del mercado. En esta visión, el costo político y social en el corto plazo es grande, pero reduce los tiempos para un eventual “rebote” de la actividad.
Durante la convulsionada presidencia de Eduardo Duhalde, con récord de pobreza y desempleo, mientras el malestar de la ciudadanía se evidenciaba día a día con protestas en las calles, se producía a la par, apenas advertida, una despareja moderación en la caída de la actividad. El primer trimestre de 2002 registró un derrumbe del PBI del 16,3% en la medición interanual y a partir de mayo empezó a desacelerar: el peor año económico de la historia argentina cerró con una caída del 10,9% respecto de 2001.
Tras el colapso devaluatorio del peso, el superávit de la balanza comercial del 2002 saltó a u$s16.358 millones, casi el triple que los u$s6.289 millones de 2001. En simultáneo, el dólar, que tocó un máximo de $3,90 al promediar el año 2002, cerró diciembre ligeramente debajo de 3,40 pesos. Las reservas del BCRA, que tocaron un piso de u$s8.832 millones el 8 de agosto, se recuperaron hasta u$s11.000 millones de mayo de 2003, cuando asumió Néstor Kirchner.
Sin embargo, los especialistas que abogan por las políticas de shock olvidan a menudo que aquella accidentada y dispar reversión del proceso recesivo que se había iniciado a fines de 1998 pudo practicarse en un marco de deterioro tal que toda medida correctiva implicaba, a grandes rasgos, una mejora ante un esquema de tipo de cambio fijo insostenible y en estado terminal. Hoy, con cifras económicas y sociales mucho mejores -aún con el arrastre de cuatro años de estancamiento en el PBI-, se impone la necesidad de preservar los vigentes niveles de empleo y poder adquisitivo, como las ajustadas reservas en el BCRA, entre otras variables que condicionarán el margen de decisión de los funcionarios que ocuparán el Palacio de Hacienda a partir de diciembre.
Más allá de las expresiones de campaña y teorías de cada experto, es probable que los datos de la realidad marquen los tiempos para rectificar variables, en una transición que será gradual a la fuerza y que demandará todo el 2016. Así empiezan a manifestarlo los referentes en materia económica de las corrientes políticas con ambición de llegar a la Presidencia de la Nación.
Miguel Bein, integrante del equipo de Daniel Scioli, adelantó que “no hay un cambio copernicano en dos meses” y aunque planteó la necesidad de salir del “cepo” cambiario, “primero hay que normalizar; después, acceder al crédito; después, el criterio de administración de reservas tiene prioridades: insumos, materias primas y bienes de capital”, para garantizar los dólares para importar antes que para la venta a minoristas. “Mal que le pese, hay que apuntar al dólar ahorro”, sentenció.
En ese sentido, la actual ministra de Economía bonaerense Silvina Batakis dejó claro que no está en los planes la eliminación inmediata de los controles al dólar y señaló que “la política del Gobierno Nacional con respecto a la administración de las reservas del Banco Central es la correcta, ya que está administrando de forma inteligente los recursos, atendiendo a la demanda tanto de los sectores productivos como de los ahorristas”.
Por Infobae TV, el economista Ricardo Delgado, referente del Frente Renovador, dijo que “es una herencia compleja, Argentina no va a ir a una crisis ni va a estallar todo el 10 de diciembre a la tarde, pero la gobernabilidad de esa transición, de esa salida, que tiene que ser ordenada, va a ser crítica”. Puntualizó que se debe aplicar “un programa de cien días, integral y consistente de lucha contra la inflación, que incluya medidas fiscales y monetarias y un gran acuerdo económico y social”, mientras que alertó que “decir que en 24 horas el ‘cepo’ se libera, de alguna manera es decir que va a haber una gran devaluación, porque no hay dólares suficientes para bancar la demanda, y esto implica caída de salario y de actividad económica”.
Otro economista vinculado a Sergio Massa, el ex ministro Miguel Peirano, se pronunció la semana pasada por “salir del cepo, pero salir bien”, por cuanto remarcó que deben evitarse “los reduccionismos, los atajos fáciles y la lógicas monetaristas”.
En marzo pasado, el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri declaró que si él llega a la Presidencia, “a partir del 11 de diciembre no hay más cepo“, pues confió en que “van a sobrar dólares en la Argentina a partir de diciembre”. Por eso apostó a dejar “flotar el tipo de cambio”, aunque reconoció en esa misma entrevista por radio La Red que su gestión va “a buscar un punto de equilibrio que no perjudique al asalariado“.
Carlos Melconian, uno de los economistas del PRO, coincidió en la importancia de salir de las restricciones cambiarias, pero relativizó la celeridad para concretarlo. “Es una decisión política a tomar, porque no hay ningún país que tenga ‘cepo’. Es una gran ridiculez, una mala medicina, en un país donde el problema fue la salida de capitales por casi 100.000 millones de dólares. Lo del 10 de diciembre, el 11 de diciembre, eso ya entra en el conjunto de la calidad que tienen los organismos oficiales para evitar las noticias y poner un título, nada más”. Añadió por radio Continental que “la decisión política es de levantar profesionalmente el cepo y está tomada, estamos trabajando. Como dijo Lula, ningún gobierno del mundo determina el valor del dólar, es una medida fluctuante”.