Concluidos los primeros tres meses de vigencia de la Ley 26.860 de “Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior”, los resultados obtenidos no dejan espacio para la discusión: con u$s379 millones captados, la operatoria naufragó en la intrascendencia, frente al rango de 2.000 a 4.000 millones de dólares esperados por los funcionarios de la cartera económica.
Además de los cuestionamientos morales que pueden achacarse a este beneficio para los evasores, existen razones pragmáticas para explicar la falta de interés en participar del “perdón impositivo”. A diferencia de los blanqueos anteriores, en este caso había que ingresar los dólares al país, cuando estuvieran depositados en el exterior, y rendir los billetes a cambio de un certificado. La falta de confianza en la política económica, en un escenario de debilidad política para el Gobierno después de las primarias, le quitó todo ímpetu a la iniciativa.