Por: Juan Gasalla
Concluidos los primeros tres meses de vigencia de la Ley 26.860 de “Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior”, los resultados obtenidos no dejan espacio para la discusión: con u$s379 millones captados, la operatoria naufragó en la intrascendencia, frente al rango de 2.000 a 4.000 millones de dólares esperados por los funcionarios de la cartera económica.
Además de los cuestionamientos morales que pueden achacarse a este beneficio para los evasores, existen razones pragmáticas para explicar la falta de interés en participar del “perdón impositivo”. A diferencia de los blanqueos anteriores, en este caso había que ingresar los dólares al país, cuando estuvieran depositados en el exterior, y rendir los billetes a cambio de un certificado. La falta de confianza en la política económica, en un escenario de debilidad política para el Gobierno después de las primarias, le quitó todo ímpetu a la iniciativa.
Los requisitos para incorporar divisas procedentes de actividades irregulares se redujeron a la mínima expresión: no se solicitaron precisiones sobre el origen de los fondos ni cuándo se obtuvieron. Sólo hubo que firmar una planilla para declarar que el dinero no provino de actividades ilícitas. Ni siquiera un control tan laxo, con el beneficio adicional de no sufrir penalidades ni tener que actualizar el pago de impuestos, tentó a los furtivos tenedores de dólares.
Los ahorristas deben optar por la suscripción de dos instrumentos nominados en dólares: el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN), destinado a los sectores de la construcción e inmobiliario, y el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Energético (BAADE), con vencimiento en 2016 y una tasa de interés del 4% anual. Con la rígida restricción cambiaria mediante, los actores económicos no creyeron que iban a recuperar las divisas o que podían estar exentos de una inminente inspección de la AFIP.
Desde cualquier punto de vista, el blanqueo no alcanza sus objetivos de impulsar el agonizante mercado inmobiliario, reforzar temporariamente las reservas del Banco Central, mejorar la performance de recaudación a partir de 2014 y crear un instrumento financiero en reemplazo del dólar como moneda de cambio y atesoramiento. Por el contrario, causa un inoportuno “costo político” para el Gobierno y deja la sensación de un nuevo maltrato a los contribuyentes que cumplen sus obligaciones con el fisco.
La indiferencia que produjo el blanqueo expuso la falta de una conducción firme de la política económica, cuyas decisiones están dispersas en un racimo de dependencias (Ministerio de Economía, Secretaría de Comercio Interior, ministerios de Industria y Agricultura) y organismos descentralizados (AFIP, Banco Central), bajo la tutela presidencial.
Para otorgarles algo de credibilidad a los funcionarios del Palacio de Hacienda, la sociedad urge otros blanqueos más importantes, que el Gobierno se esfuerza en aplazar: un índice de precios al consumidor verdadero y datos reales de crecimiento económico, pobreza e indigencia. O un blanqueo que involucre la reducción del empleo y la producción “en negro”, que representan cerca del 40% de la actividad económica y dejan en situación vulnerable a buena parte de la población ante eventuales crisis.
La pérdida de reservas en este trimestre de vigencia del blanqueo no se revirtió: fue de u$s2.310 millones (a u$s34.846 millones), por los cuantiosos vencimientos de deuda de septiembre afrontados con dólares del Banco Central. Hacia fin de año, la posible evolución de los activos de la entidad no genera ningún optimismo: sólo este mes habrá que cancelar intereses de Boden 2015 (u$s204 millones el 3 de octubre) y de Bonar X (u$s224 millones, el 17). Mientras, la entidad emisora está obligada a vender más dólares que los que compra en el mercado mayorista, para abastecer la demanda para importaciones, cancelación de créditos privados y turismo en el exterior, que no llega a cubrirse con las liquidaciones de los exportadores.