Argentina no está, propiamente hablando, en una crisis. En lo económico, no se registra ninguna de las situaciones de manual -recesión, hiperinflación, alto desempleo, cesación de pagos, desabastecimiento- y hay aún indicadores macroeconómicos fuertes para mostrar. Y en lo político, el oficialismo sigue siendo la principal fuerza política del país, con mayorías parlamentarias y aliados provinciales, y una indudable capacidad de implementar políticas y decisiones. De los gobiernos democráticos que tuvieron que afrontar una devaluación de la moneda, el actual es probablemente el más sólido de todos.
No obstante, está en una encrucijada. A las puertas de una crisis, si se toma el camino equivocado. Todas las fortalezas de la macro y el poder político-institucional aún vigentes, se licuarían si el dolar se disparase por encima del valor de equilibrio de alrededor de 8 pesos (o 10 para la compra, si sumamos el 20% de la AFIP) que el gobierno ha planteado. Si algunos operadores le ganan la pulseada al Estado, entonces la devaluación se habrá salido de manos. El valor de la moneda y la inflación serán impredecibles, y el conjunto de los actores económicos, para protegerse de la incertidumbre, remarcarán en grande o retendrán stock. Y ahí sí que estaremos en una crisis.
Por esa razón, porque hay algo que debe ser sostenido, es imprescindible que el gobierno lidere el proceso. La primera reacción, la de echar culpas a los especuladores, no fue la más atinada, porque transmite el mensaje de que el gobierno no está en control de la situación. Más bien, lo que hay que hacer es explicar lo hecho, defenderlo, plantear una visión y dejar claras las pautas. Lo que en este caso significa: