También es el pueblo, Presidenta

En las últimas horas se difundió una carta de la Presidenta de la Nación analizando la marcha del miércoles pasado en homenaje al Fiscal Alberto Nisman, carta que no puedo decir que me haya sorprendido por su tono porque lamentablemente es el que la nos tiene acostumbrados, pero sobre la cual sí me gustaría hacer algunas consideraciones dado que fui uno más de los miles de argentinos que se movilizaron en todo el país.

En primer término, la Presidenta niega el homenaje al Fiscal Nisman, colocándose en el lugar de portadora de la verdad -una vez más- y conocedora de las motivaciones que nos llevaron a miles de argentinos a concurrir a las marchas en todo el país, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, más allá que en esa ciudad haya sido el epicentro. Es decir, nos dice a cada uno de nosotros por qué fuimos.

La Sra. Presidenta habla de un respaldo masivo pero no popular a la marcha. Indudablemente habla de otra movilización, en la que yo estuve vi a miles de trabajadores, jóvenes, familias, jubilados, y por qué no, empresarios, que concurrían por distintas motivaciones de acuerdo a las consignas que podían escucharse o leerse. La mayoría de ellos en un respetuoso homenaje a la figura del fiscal Alberto Nisman, y muchos otros, también de manera respetuosa y democrática reclamando mayoritariamente justicia. Una cosa no excluyente de la otra. Porque, les guste o no, el que piensa distinto también es parte del pueblo.

Es decir, fue una marcha que atravesó a toda la sociedad argentina, no solo a los sectores de mayores ingresos, a los que inmediatamente la Presidenta quiere hacer ver como conservadores y reaccionarios, como si tener dinero fuera un sinónimo de ser golpista. Indudablemente la Sra. Presidenta no recordó la situación económica de varios funcionarios, ya que siguiendo este razonamiento absurdo entonces ellos también serían “conservadores” y “golpistas”.

También hace referencia a los funcionarios del Poder Judicial como miembros de un complot destituyente del Gobierno, vinculando a algunos de ellos en actividades ilícitas con el crimen organizado y con las barras bravas. Le recuerdo a Cristina Fernández que si tenía información de ese tipo debía haberlo denunciado, no a través de una carta, sino en sede judicial, ya que de no hacerlo estaría incumpliendo los deberes de funcionario público, lo cual es un delito.

Asimismo vincula a los funcionarios del Poder Judicial con una “tarea destructiva y depredadora de lo institucional”. Resulta paradójico que quien encabeza la administración que más deterioro produjo sobre las instituciones de gobierno desde el retorno a la democracia, quien en 2007 en su campaña prometió superar viejas antinomias y trabajar por una mayor calidad institucional, promesa en la que algunos creímos y nos dispusimos a acompañar, aunque rápidamente nos dimos cuenta que esto no iba a ser así, hoy hable de un partido judicial, vinculándolo con el tristemente célebre partido militar. Hubiese sido bueno que en sus años como abogada en la provincia de Santa Cruz, cuando nos gobernaba el partido militar, la Presidenta hubiese presentado algún recurso de amparo como hicieron muchos otros dirigentes políticos como el Dr. Raúl Alfonsín, que pusieron su matrícula de abogados en pos de la defensa de los Derechos Humanos. La Presidenta no lo hizo.

Por último, me gustaría recordarle que este también es el gobierno de la mentira del INDEC sobre los índices de inflación y pobreza, de los chicos que mueren por desnutrición en el Norte, de la baja en la calidad educativa, de los hospitales sin insumos y equipos sin funcionar (como el de Río Gallegos, donde no pudieron hacerle una tomografía), de la mayor inseguridad y el crecimiento del narcotráfico, de la pérdida de autoabastecimiento petrolero y de la crisis energética, del más trágico incidente ferroviario de la historia argentina, de la mayor cantidad de muertos en una inundación urbana (su ciudad de nacimiento, La Plata en 2013, por si se olvidó) y de la corrupción, y por si fuera poco es el primer gobierno de la historia que tiene un Vicepresidente procesado por coimas y una Presidenta imputada al mismo tiempo.

Sra Presidenta, por favor, en vez de preocuparse en revisar tapas de diarios viejos, dedíquese a trabajar en la construcción de una sociedad democrática, desarrollada, más justa e igualitaria. Ese es el deseo de millones de argentinos, muchos de los cuáles concurrimos el 18 de febrero a la marcha en homenaje al Fiscal Alberto Nisman.

Crónica de un final anunciado

La Justicia declaró la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento firmado con la República Islámica de Irán, en el cual se establecía una comisión de notables y permitía que pudieran ser interrogados en ese país los ciudadanos iraníes imputados por su presunta responsabilidad en el atentado a la AMIA.

Además de ser un fallo razonable y esperable, es una reivindicación para todas esas voces que alertaron sobre la inconveniencia e inconstitucionalidad de este acuerdo. Desde la oposición y en reiteradas oportunidades, advertimos que esto iba a suceder y que era un mal paso para nuestro país pero como dice el refrán, no hay peor sordo que el que no quiere oír.

En una de las asambleas de las Naciones Unidas apenas asumido su primer mandato, la Presidenta pidió a Irán que respete la Justicia Argentina y ponga a disposición a los funcionarios sospechosos. Fue una posición firme y correcta, luego desautorizada por la promoción del acuerdo y su posterior aprobación en el Congreso.  Anticipamos que el  mismo no tendría ningún efecto favorable en la causa y que tampoco contaba con el consenso necesario, así lo hicieron saber distintos representantes de la comunidad judía.

Desde nuestro espacio fuimos claros al rechazar el memorándum y sobraban los argumentos: daba marcha atrás a todo un proceso judicial, creaba una comisión fuera de lo que correspondía y por sobre todas las cosas, proponía acordar con los propios acusados y eso no era un camino viable, menos siendo funcionarios del gobierno.

Meses atrás en el Congreso de la Nación realizamos una audiencia pública para promover la derogación del acuerdo con Irán. Legisladores, juristas, especialistas y referentes de la comunidad judía expresamos nuestras posturas y solicitamos que se adoptara esa medida. La costumbre del oficialismo de imponer la mayoría sin escuchar hizo que finalmente fuera la  Justicia quien nos diera la razón. Finalmente, y como fueron las Cámaras las que votaron el acuerdo, deben ser ellas quienes corrijan lo actuado. Espero que así lo entiendan los legisladores que lo aprobaron y avancemos con la derogación.