Las increíbles declaraciones del ministro de Hacienda de La Pampa, Ernesto Franco, que planteó que las docentes “se embarazan para tomarse las licencias y cobrar sin trabajar”, me trajeron a la memoria el contrato de maestras del Consejo Nacional de Educación del año 1923, donde las “señoritas” acordaban “no casarse, no andar en compañía de hombres, no usar vestidos que queden a más de cinco centímetros por encima de los tobillos”. En las primeras décadas del siglo XX, las maestras no éramos consideradas mujeres con derechos sexuales y reproductivos, tampoco trabajadoras con derecho a licencia por maternidad o a la agremiación, ni siquiera teníamos derecho a una ciudadanía plena con el acceso al voto, que no era universal porque no nos incluía.
Las palabras del ministro pampeano fueron pronunciadas en la Semana Mundial del Parto Respetado y atrasan un siglo; se apoyan en un modelo de sociedad y de escuela que hace ya mucho tiempo fue superado por los avances en los derechos de las mujeres y de las trabajadoras de la educación, después de décadas de luchas reivindicativas. De hecho, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) o el gremio docente Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa), que cuestionaron duramente los dichos del ministro, hoy plantean políticas parentales que amplían derechos para que los varones tengan acceso a licencias más prolongadas por nacimiento, con un modelo de cuidado compartido de hijos entre varones y mujeres. Continuar leyendo