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Por una reforma estructural y federal

A raíz de los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación de la Nación, que dan cuenta de la fuga del sistema educativo público primario y secundario de más de 300 mil estudiantes acontecida en la presente década, los actores políticos de relevancia deberían fijar como política de estado común, una reforma estructural integral a ser aplicada por el próximo gobierno. La puesta en marcha de un “Plan Federal de Articulación Educativa”, que releve las falencias del sistema y logre mayor equidad en la asignación de recursos en las distintas provincias, puede ser el puntapié inicial de un arduo trabajo.

La reforma educativa llevada a cabo a principios de los años 90, estableció la transferencia a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires de los servicios educativos administrados en forma directa hasta dicho momento por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica, así como también, las facultades y funciones sobre los establecimientos privados reconocidos.

Dicha ley se encuentra en plena vigencia y, lejos de derogarla, el Estado nacional y las provincias deberían diseñar conjuntamente un plan federal de articulación que corrija las falencias evidenciadas en la educación inicial y media observada en estos últimos 20 años. La Ley en su articulado establece que las jurisdicciones receptoras, con el apoyo sostenido del Poder Ejecutivo Nacional, deberán cumplir todos los derechos y obligaciones vigentes en materia educativa. Asimismo, señala que el Estado Nacional garantizará que los servicios transferidos sean prestados con óptima cobertura cuantitativa, alta calidad pedagógica y equidad en todas las jurisdicciones. La concentración presupuestaria en el Estado Nacional, producto de la desvirtuada coparticipación federal de impuestos, ha debilitado severamente a muchas provincias que no han podido afrontar mejoras en el sistema educativo. Las partidas extra-presupuestarias son asignadas discrecionalmente por el tesoro nacional, sin un marco de previsibilidad.

Los problemas a abordar están enmarcados en los planos de la calidad educativa y de la distribución del presupuesto. Dichas problemáticas deben ser analizadas en planos separados pero articulados entre sí. Los actores de relevancia política deberían diseñar un “Plan Federal de Articulación Educativa”, como una política de Estado, teniendo como oportunidad el clima de convergencia programática que en esta materia manifiestan los tres candidatos presidenciales con mejor posicionamiento en las encuestas de cara a las elecciones venideras.

El “Plan Federal de Articulación Educativa” deberá contemplar objetivos claros y plazos claramente establecidos. A tales efectos, el Ministerio de Educación de la Nación en conjunto con el Consejo Federal de Educación, deberán convocar a Universidades de todo el sistema, la Academia Nacional de Educación y diversas organizaciones sin fines de lucro con abordaje pedagógico, a pensar y debatir sobre la cuestión.

Los aspectos salientes a abordar son:

- Realizar una profunda evaluación programática/curricular de la oferta educativa existente en las 23 jurisdicciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Establecer criterios únicos de evaluación y calidad educativa teniendo en cuenta parámetros regionales e internacionales

- Diseñar un plan de tronco común con paradigmas que respeten la tradición nacional pero incorpore a su vez la aplicabilidad de nuevas tecnologías y la especialidad técnica.

- Jerarquización del Instituto Nacional de Formación Docente.

- Aumentar progresivamente el horario de escolaridad en todo el territorio nacional. Transitoriamente aumentar el horario escolar promedio de 4 a 6 horas diarias.

- Fortalecimiento de la autoridad docente a través de políticas integradoras con estudiantes, familiares y autoridades escolares.

- Articulación programática de alumnos del último año del nivel medio con instituciones de educación superior de cercanía local.

- Plan bianual de mejora edilicia en instituciones educativas arraigadas en contextos socio-económicos desfavorables. Identificación provincial de las mismas y transferencia presupuestaria a tales efectos del Poder Ejecutivo Nacional.

En la medida que dichos objetivos sean programados y respetados por todo el arco político en un plazo no menor de diez años, la sociedad tendrá una señal inequívoca de que la educación es el elemento central para el desarrollo armónico de nuestra sociedad.

Un debate que atrasa y preocupa

El debate sobre una hipotética modificación a las leyes migratorias que regulan el ingreso de ciudadanos extranjeros al país ha suscitado un gran interés mediático. Pronunciamientos públicos con gran liviandad y tendencias a la estigmatización por nacionalidad han aflorado en nuestra sociedad.

Para comenzar dicho análisis, vale recordar algo que por más redundante que sea, siempre debe ser considerado: nuestro país se ha formado por oleada de inmigrantes que se acercaron en busca de paz y trabajo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Con los avatares lógicos de aquella época, nuestros abuelos o bisabuelos sembraron en la tierra nuestro origen como nación, basados en el sacrificio, el orden, el trabajo y la diversidad cultural. Fruto de ello, y para salvaguarda de sus derechos, el artículo 20 de la Constitución Nacional consagró la igualdad de derechos entre argentinos y extranjeros que habitan el suelo argentino. Dirigentes lúcidos de aquel entonces vislumbraron con claridad los caminos para forjar una nación. No obstante ello, nada fue sencillo para nuestros ancestros. La Ley de Residencia sancionada por el Congreso Nación en 1902, que permitió al gobierno nacional expulsar a inmigrantes sin juicio previo, fue un punto oscuro en nuestra historia, enmarcado en un contexto internacional convulsionado políticamente. Pasaron 56 años para que en 1958, bajo la presidencia de Arturo Frondizi, se derogara aquella legislación. 

Regresando a nuestros tiempos, el debate se ha centrado en el supuesto alto porcentaje de residentes extranjeros que cometen delitos en nuestro país y la necesidad ante ello de agilizar la deportación del inmigrante, a los efectos de paliar la creciente inseguridad reinante.

Dicha argumentación está plagada de sofismas y se convierte en un disparador peligroso, que comienza con la asociación entre inmigrantes y delincuencia pero puede derivar bajo el mismo pre concepto en asuntos sociales y religiosos de mayor relevancia. La historia de la humanidad así lo marca.

Desde ya que sería una irresponsabilidad poner en duda la autoridad y la obligación del Estado para planificar y abordar el flujo migratorio del país. De hecho, la Ley de Migraciones, 25871, establece claramente los derechos y obligaciones de los inmigrantes que habitan en nuestra nación, así como el encuadre filosófico general del Estado argentino al respecto.

Pero acotar el tema de la seguridad a los inmigrantes extranjeros es injusto e incorrecto. Según el Ministerio de Justicia  y Derechos Humanos de la Nación, en datos públicos elevados a la Dirección Nacional de Migraciones, en 2010 la población carcelaria ascendía a 50.641  (personas con condena y otros con prisión preventiva), y apenas 3.034 eran extranjeros, representando el 5,7% del total. Similar porcentaje se deriva del porcentaje de extranjeros condenados sobre el total de condenas efectivas (6 %). Con solo asociar tres datos suministrados por el propio Estado nacional se derriba el mito generalizado del ‘extranjero delincuente’.

El problema de la seguridad en argentina radica en múltiples factores. Quizás, en lugar de culpar los extranjeros por nuestros males, deberíamos juzgar con mayor celeridad a quienes delinquen. Sean nacionales argentinos o residentes extranjeros.

La seguridad como otros debates del que hacer nacional debe ser abordada en forma integral y alejarla  completamente de cualquier estigmatización. Debemos admitir y analizar los problemas del país y no encontrar válvulas de escape que recrean debates aparentemente superados por la sociedad argentina. Si así lo hacemos, seguramente como país atraeremos a más estudiantes, docentes, investigadores y empresarios que inviertan su capital humano y económico en el desarrollo nacional y menos delincuentes y narcotraficantes; argentinos o extranjeros.