Entre las definiciones de política más simples y contundentes está la que dice que esta actividad es la capacidad de generar certidumbre en la sociedad. Todo lo que se encuentra dentro de este concepto debería encuadrarse en tal definición, por ejemplo, el sistema electoral.

El 14 de noviembre el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, reglamentó el decreto de 441 que da cuenta del Régimen Normativo de Boleta Única y Tecnologías Electrónicas. Con este nuevo sistema de votación para las elecciones locales se toma distancia del proceso que empezó en 1912 con la sanción de la denominada Ley Sanz Peña. Luego de 102 años se dejarán de lado las boletas múltiples de papel para pasar al voto electrónico.

Si bien aún no se sabe qué sistema se usará con relación al voto electrónico, conviene resaltar que algunos modelos no solo no le otorgan al sistema político más certidumbre sino por el contrario pueden opacarlo al excluir a la ciudadanía y a los partidos políticos de los procesos de control y fiscalización.

El modelo de urna electrónica que propone una de las empresas que participará de la licitación es un retroceso democrático que puede comprobarse en la crisis de Venezuela. Allí las urnas electrónicas de la empresa Smartmatic están en el centro del conflicto político. La desconfianza de los venezolanos hacia las autoridades electorales y el voto electrónico apunta a la manipulación de los votos y a la violación del carácter secreto del mismo. Además se utilizó todo tipo de acciones para excluir a los partidos de la oposición del control y la fiscalización.

El riesgo de la tecnocracia consiste, so pretextos modernizantes, en la delegación por parte de la ciudadanía de todo el poder electoral en pocas manos, en leviatanes que operan discrecionalmente y sin ningún tipo de control social.  Con solo hacer una rápida búsqueda en Internet nos encontramos con que esta empresa está muy vinculada a la palabra fraude o a los problemas legales que ocasionaron su paso fugaz por Estados Unidos. Sin embargo, tampoco encontramos claridad, o certidumbre si nos atenemos al planteo inicial del artículo, en la web oficial de Smartmatic.

La empresa se adjudica haber procesado 2.300 millones de votos en más de 3.500 procesos electorales. Si tomamos el referéndum de Chávez en 2004, como fecha de presentación en sociedad de esta empresa, nos da que han hecho más de 6,5 elecciones por semana, es decir, una por día prácticamente, algo muy poco creíble por cierto. También se resalta que todo esto se ha hecho sin “ningún tipo de discrepancia”, aseveración que contrasta con las denuncias presentadas por los partidos de la oposición de Venezuela sobre las elecciones presidenciales de 2013 que llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En definitiva, resulta de suma importancia incorporar tecnología en todas las etapas del proceso electoral. Ahora bien, la innovación electoral debe venir acompañada de estrictas medidas de seguridad que no solo queden en manos de unos pocos entendidos; la ciudadanía y los partidos políticos deben estar en condiciones de auditar, controlar y participar de los cambios y así evitar que la innovación sea solo un pretexto para la manipulación.