“La regla es que los oficialismos ganen”, se repite una y otra vez, y se comprueba fácticamente en los resultados de cada elección.

Los candidatos de los Gobiernos se imponen porque usufructúan de recursos que se tornan determinantes en los procesos electorales. La última elección en La Rioja funcionó como un estudio de caso en donde se pueden advertir todas estas acciones que los partidos de poder acometen en pequeña escala. Todo se hizo más notorio. El Ejecutivo haciendo uso del clientelismo y las dádivas, la autoridad electoral al servicio del partido de Gobierno y los medios de comunicación asumiendo el proceso electoral como instancia extraordinaria para maximizar sus ganancias a través de la pauta oficial, representan las principales características del inclinado tablero electoral.

A gran escala todo parece menos perceptible, pero efectivamente ocurre y atenta contra el ideal de elecciones libres, justas y equitativas.

En nuestro sistema electoral el fiscal partidario ocupa un lugar destacado. Sin embargo, estamos en presencia de algunos cambios significativos cuyo impacto en los procesos electorales aún es poco conocido. Un estudio de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPECC) sobre la última elección en la provincia de Buenos Aires nos brinda las primeras advertencias. El espacio no peronista (es decir, el espacio que no gobierna este distrito) solo pudo ubicar un fiscal en el 26 % del total de las mesas. No hubo presencia de fiscales partidarios de este espacio en el 74 % de las mesas de votación. Es decir, en casi 25.200 mesas (sobre un total de 34.000) solo hubo presencia de fiscales del peronismo.

La mitad de los fiscales partidarios del Frente para la Victoria (el partido de poder) eran empleados públicos.
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