“La regla es que los oficialismos ganen”, se repite una y otra vez, y se comprueba fácticamente en los resultados de cada elección.

Los candidatos de los Gobiernos se imponen porque usufructúan de recursos que se tornan determinantes en los procesos electorales. La última elección en La Rioja funcionó como un estudio de caso en donde se pueden advertir todas estas acciones que los partidos de poder acometen en pequeña escala. Todo se hizo más notorio. El Ejecutivo haciendo uso del clientelismo y las dádivas, la autoridad electoral al servicio del partido de Gobierno y los medios de comunicación asumiendo el proceso electoral como instancia extraordinaria para maximizar sus ganancias a través de la pauta oficial, representan las principales características del inclinado tablero electoral.

A gran escala todo parece menos perceptible, pero efectivamente ocurre y atenta contra el ideal de elecciones libres, justas y equitativas.

En nuestro sistema electoral el fiscal partidario ocupa un lugar destacado. Sin embargo, estamos en presencia de algunos cambios significativos cuyo impacto en los procesos electorales aún es poco conocido. Un estudio de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPECC) sobre la última elección en la provincia de Buenos Aires nos brinda las primeras advertencias. El espacio no peronista (es decir, el espacio que no gobierna este distrito) solo pudo ubicar un fiscal en el 26 % del total de las mesas. No hubo presencia de fiscales partidarios de este espacio en el 74 % de las mesas de votación. Es decir, en casi 25.200 mesas (sobre un total de 34.000) solo hubo presencia de fiscales del peronismo.

La mitad de los fiscales partidarios del Frente para la Victoria (el partido de poder) eran empleados públicos.

En este contexto puede esperarse lo peor. Sin ir muy lejos, en las últimas elecciones presidenciales de 2007 hubo robo sistemático de boletas. Una catarata de denuncias de electores durante la jornada electoral hizo que las fuerzas de la oposición realizaran la denuncia. Los testimonios recogidos ese día coincidían en lo siguiente: “Cuando salíamos del cuarto oscuro y les informábamos a las autoridades de mesa que faltaban boletas, nos respondían que volviéramos a entrar y que eligiéramos entre las que estaban”.

En materia electoral el tratamiento de la denuncia es crucial, ya que el tiempo apremia. Sin embargo, en estas cuestiones poco se puede hacer durante el transcurso de los comicios. La respuesta judicial llega tarde en la enorme mayoría de los casos.

Es cierto que la responsabilidad de que la boleta se mantenga presente en las mesas de los cuartos oscuros es de los partidos políticos, pero también es cierto que en la era de los partidos de poder hay que tomar decisiones que garanticen tanto el derecho de los electores a votar por su preferencia como el derecho de los partidos que no gobiernan a competir en condiciones de equidad.

Todo indica que la lamentable situación de 2007 puede repetirse en las elecciones que están por venir, por lo tanto, quiere decir que se ha hecho poco al respecto para evitarlo.

En este contexto, la decisión de la jueza María Romilda Servini de Cubría de autorizar a fiscales con residencia en un distrito fiscalizar en otro representa una medida positiva, aunque no deja de ser una excepción enmarcada en una regla.

En general, las autoridades electorales de nuestro país han tenido una actitud inexplicable (y condenable) al momento de impugnar la posibilidad de que la ciudadanía pueda ejercer un rol de fiscal en las mesas de votación. Según nuestra normativa, solo los fiscales partidarios pueden estar en las mesas junto con las demás autoridades. La observación electoral, tan presente en las elecciones de América Latina, es considerada por las autoridades electorales como una suerte de intromisión en su trabajo, cuando en realidad se trata de una instancia de participación ciudadana fundamental para los procesos de consolidación democrática. Una interpretación acerca del crecimiento de la observación electoral en la región puede tener que ver con una sociedad diversa que no quiere sucumbir ante la prepotencia representativa de los partidos únicos o los partidos de poder.

El poder reproduce el poder. Las condiciones actuales de nuestro sistema electoral no hacen más que reproducir la inequidad electoral. A su vez, este es un epifenómeno del particular sistema político de nuestro país.

Si el fiscal partidario es una pieza clave en todo esto, pero solo están en condiciones de ejercer el rol controlador los partidos de poder, el resultado será la reproducción de un sistema de partido cuasihegemónico. En estos casos las diferencias podrán darse en el seno de ese partido omnipresente, obturando cualquier tipo de posibilidad de alternancia partidaria o de coalición de partidos.

Lo que ocurre en muchas provincias de nuestro país ya se advierte con nitidez a nivel nacional.

El debate también llega tarde. ¿Por qué se habla hoy, a días de las elecciones, de la necesidad de avanzar con la boleta única o con la boleta única electrónica? ¿Por qué no se discutió esto el año pasado? ¿A quiénes benefició el no tratamiento de estas cuestiones?

Debemos preguntarles a nuestras autoridades electorales si los problemas logísticos que hoy se advierten son efectivamente tales o se trata de un juego cuyas cartas están marcadas y cuyo efecto se torna inevitable.