Por: Leandro Querido
Pasaron sólo algunas semanas de la última elección nacional, la del 25 de octubre. Hemos tenido un calendario muy intenso, plagado de elecciones municipales, provinciales y nacionales en tres vueltas que nos permitieron advertir algunos problemas que deberían ser atendidos en la plataforma del debate sobre la reforma electoral del año que viene. A saber:
Campaña anticipada. La campaña electoral no empezó como dice la ley 19945, 35 días antes de la fecha de los comicios. Para sorpresa de muchos, se inició un año antes, por lo menos. En este sentido, Daniel Scioli fue el más citado en la aplicación que desarrolló Transparencia Electoral para denunciar este tipo de faltas. Esta situación generó inequidad política y concentración de la oferta electoral, ya que no todo candidato podía afrontar los gastos elevadísimos que la campaña implicó.
Financiación. Una campaña electoral que dura más de un año impacta negativamente en dos aspectos. Por un lado, la gestión se distiende, ya que muchos recursos materiales y humanos son desviados a este propósito. Por el otro, son fondos que no existen. La ley establece que solamente debe rendirse lo gastado en los días que dura formalmente la campaña. La campaña del candidato del oficialismo sin dudas fue la más costosa de la historia.
Candidatos de Estado. Otro elemento que afectó la competencia electoral fue el desequilibrio que genera el hecho de contar con candidatos que ocupan algún cargo ejecutivo y que, a su vez, tienen poca o ninguna predisposición a disociar la comunicación institucional de la comunicación de campaña.
Primarias. El espíritu de la primaria es la competencia entre partidos o candidatos. Cuando un partido o frente ofrece solamente un candidato, se distorsiona el propósito de esta institución. El carácter obligatorio del voto en esta instancia debería maridar con el carácter obligatorio de la competencia intra o extrapartidos.
Además, hay un tema que merece un análisis más minucioso. En elecciones provinciales, en distritos pequeños o medianos, un calendario electoral desglosado le da más ventajas a los partidos de poder para atender las zonas en donde los resultados no son los esperados. A simple vista se puede sugerir que las primarias, a baja escala, reforzaron el clientelismo electoral y, por ende, al partido de poder. El caso La Rioja sirve de ejemplo.
En relación con la jornada electoral, podemos resaltar lo siguiente:
Tipo de boleta. La boleta sábana (horizontal y vertical) es funcional a esos partidos de poder que, gracias a la utilización de recursos estatales, pueden garantizar la presencia de un fiscal partidario en cada una de las cien mil mesas electorales del país. El efecto que ha generado es binario: por un lado, garantizan que su boleta se encuentre en los cuartos oscuros de las mesas de votación, por el otro, y en algunos casos, eliminan las boletas de la competencia. Este último punto fue atendido por la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral. Luego de la escandalosa elección de 2007 podemos afirmar que este impacto fue reducido en las elecciones de 2015.
Escrutinio de mesa. Para toda autoridad de mesa es desgastante repetir tres veces al año una jornada que comienza a las 7.30 horas y concluye pasadas las 22, como ha ocurrido en las elecciones primarias del 9 de agosto en distritos en donde se votaron múltiples categorías, como en el caso de la provincia de Buenos Aires. Los riegos de esta intensa jornada de trabajo se relacionan con la distensión del control en la etapa que requiere más concentración. En las elecciones locales de la ciudad de Buenos Aires se pudo comprobar cómo la boleta única electrónica simplificó esta tarea, lo cual no puede pasar inadvertido. Reducir el tiempo del escrutinio de mesa en más de dos horas promedio no es un tema menor.
Totalización y difusión de datos. Sin dudas es el aspecto más débil de nuestro sistema de votación. El papel del Correo Argentino ha dejado mucho que desear y representa una ventana de oportunidad concreta para la manipulación de datos electorales, ya sea en lo que hace a la logística propia de su tarea, ya sea en la forma y los criterios poco claros acerca de cómo cargan los datos. La empresa española Indra en realidad carga los datos que recopila el personal del Correo en cada uno de los centros de votación del país y que luego digitaliza en los centros de recepción y envío de datos. Si los datos que llegan a Indra son adulterados, por error o en forma deliberada, la carga se verá también afectada. Por otra parte, la demora en los datos ofrecidos en el escrutinio provisorio del 25 de octubre no ha sido grave si la comparamos con el inexplicable cambio de tendencia registrado en el provisorio del 22 de noviembre. En esta oportunidad se votaban dos opciones de una sola categoría en todo el país, por lo tanto no se comprende cómo, si el origen de los datos era tan homogéneo, pudo darse una situación de reducción de más de siete puntos porcentuales en sólo un par de horas. Esto no ha sido debidamente explicado, por lo que ha dejado un tendal de sospechas que se han potenciado en el hecho de que tanto encuestas como conteos de mesas testigo coincidían con la brecha que se difundió al principio del provisorio.
En definitiva, estos son algunos puntos que pueden y deben ser abordados en la próxima reforma electoral y política. Este horizonte debe encuadrarse en iniciativas que consagren la equidad electoral, que promuevan una nueva cultura competitiva, que mejoren la calidad de la representación y la alternancia como valor. Para lograr esto se necesitarán instituciones electorales independientes del Poder Ejecutivo y un nuevo sistema de votación, tecnificado, seguro y auditable, que supere las limitaciones que ha presentado el actual.