Pensando la inminente reforma electoral

Pasaron sólo algunas semanas de la última elección nacional, la del 25 de octubre. Hemos tenido un calendario muy intenso, plagado de elecciones municipales, provinciales y nacionales en tres vueltas que nos permitieron advertir algunos problemas que deberían ser atendidos en la plataforma del debate sobre la reforma electoral del año que viene. A saber:

Campaña anticipada. La campaña electoral no empezó como dice la ley 19945, 35 días antes de la fecha de los comicios. Para sorpresa de muchos, se inició un año antes, por lo menos. En este sentido, Daniel Scioli fue el más citado en la aplicación que desarrolló Transparencia Electoral para denunciar este tipo de faltas. Esta situación generó inequidad política y concentración de la oferta electoral, ya que no todo candidato podía afrontar los gastos elevadísimos que la campaña implicó.

Financiación. Una campaña electoral que dura más de un año impacta negativamente en dos aspectos. Por un lado, la gestión se distiende, ya que muchos recursos materiales y humanos son desviados a este propósito. Por el otro, son fondos que no existen. La ley establece que solamente debe rendirse lo gastado en los días que dura formalmente la campaña. La campaña del candidato del oficialismo sin dudas fue la más costosa de la historia. Continuar leyendo

La fiscalización en la era de los partidos de poder

“La regla es que los oficialismos ganen”, se repite una y otra vez, y se comprueba fácticamente en los resultados de cada elección.

Los candidatos de los Gobiernos se imponen porque usufructúan de recursos que se tornan determinantes en los procesos electorales. La última elección en La Rioja funcionó como un estudio de caso en donde se pueden advertir todas estas acciones que los partidos de poder acometen en pequeña escala. Todo se hizo más notorio. El Ejecutivo haciendo uso del clientelismo y las dádivas, la autoridad electoral al servicio del partido de Gobierno y los medios de comunicación asumiendo el proceso electoral como instancia extraordinaria para maximizar sus ganancias a través de la pauta oficial, representan las principales características del inclinado tablero electoral.

A gran escala todo parece menos perceptible, pero efectivamente ocurre y atenta contra el ideal de elecciones libres, justas y equitativas.

En nuestro sistema electoral el fiscal partidario ocupa un lugar destacado. Sin embargo, estamos en presencia de algunos cambios significativos cuyo impacto en los procesos electorales aún es poco conocido. Un estudio de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPECC) sobre la última elección en la provincia de Buenos Aires nos brinda las primeras advertencias. El espacio no peronista (es decir, el espacio que no gobierna este distrito) solo pudo ubicar un fiscal en el 26 % del total de las mesas. No hubo presencia de fiscales partidarios de este espacio en el 74 % de las mesas de votación. Es decir, en casi 25.200 mesas (sobre un total de 34.000) solo hubo presencia de fiscales del peronismo.

La mitad de los fiscales partidarios del Frente para la Victoria (el partido de poder) eran empleados públicos.
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Cambio de reglas electorales en la ciudad

Lo que a primera vista pareció ser un acto de desprolijidad terminó siendo, en realidad, una estrategia deliberada.

En Salta la Boleta Única Electrónica (BUE) se implementó con tiempo, de modo planificado, con la participación activa de todas las fuerzas políticas con representación en la Legislatura, como una verdadera política de Estado.

En la ciudad de Buenos Aires, por el contrario, todo fue desordenado. Las idas y venidas del Gobierno de la ciudad generaron desconcierto en las autoridades electorales, en los partidos y en los frentes políticos, en la ciudadanía y hasta en la misma empresa que desarrolla la BUE. Continuar leyendo