Por: Leandro Querido
Nicaragua no tiene una autoridad electoral independiente del Poder Ejecutivo, pero tiene boleta única. En Colombia se utiliza la boleta única, pero la mitad del padrón no vota. Bolivia también usa este instrumento de votación, pero el Estado no financia a los partidos políticos. En Guatemala el transfuguismo es la regla y votan con boleta única. En los estados de México, la narcopolítica financia candidatos que se eligen mediante boleta única. El sistema de partidos en Perú se ha desvanecido y votan con boleta única. En las últimas elecciones nacionales de Ecuador la competencia electoral estuvo en entredicho y allí también impera la boleta única.
En definitiva, la boleta única no es la solución mágica a todos nuestros problemas. Sin embargo, hay una exagerada expectativa en su posible implementación.
En realidad, el aporte concreto que podría traernos su implementación es la posibilidad de erradicar el robo de boletas. No obstante, debemos remarcar que este delito electoral se expande cuando los partidos no pueden fiscalizar. En el proceso electoral de 2015 esta práctica repudiable se redujo considerablemente hasta dejar de ser un problema serio. Cambiemos puso un fiscal en cada mesa del país tanto en las elecciones generales como en la segunda vuelta y el problema se acotó. Las acciones de las ONG y las autoridades electorales también contribuyeron a disminuir el robo de boletas.
Por su parte, la boleta única electrónica (BUE) tampoco resuelve los problemas mencionados, pero reduce los tiempos del escrutinio de mesa y este sí es un problema mucho más grave que el robo de boletas. La jornada electoral comienza a las 7.30 horas y luego de cerrar las mesas, a las 18 horas, se prolonga por muchas horas el escrutinio manual. El cansancio de las autoridades de mesa distiende los controles y la eficiencia del trabajo, provoca errores en una etapa clave y además se transformó en una ventana de oportunidad para la manipulación de documentos electorales. Todos recordamos el escrutinio provisorio de la elección en la provincia de Tucumán, por ejemplo.
Por un lado, uno de los grandes desafíos de la reforma electoral, además de proponer medidas para los problemas mencionados al principio del artículo, es reducir considerablemente los tiempos del escrutinio de mesa, del envío de esa información, de su procesamiento y de la publicación de esos datos en sociedad.
Por otro lado, se percibe en este contexto de reforma electoral cierto rechazo a la posibilidad de incorporar tecnología. Resulta llamativo que en una sociedad habituada al uso de celulares, al cajero automático y al home banking se imponga una tendencia reaccionaria al avance tecnológico.
Hoy, porque votamos más parecido a como se votaba en 1912 es que necesitamos dar un salto a la modernidad. No hay que temerle a la innovación electoral, sólo hay que instrumentar las medidas de control que necesita todo cambio. Control que pueda ser efectivamente ejercido por la ciudadanía y los partidos políticos.
La implementación de la BUE en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires dejó mucho que desear; sin embargo, arrojó como saldo la aprobación por parte de los electores y las autoridades de mesa. En la provincia de Salta, por el contrario, se implementó el sistema de modo gradual y con el consenso de todos los partidos.
Por tanto, se necesita asumir un concepto amplio de reforma, que discuta el tipo de lista, pero que también apunte a garantizar la integridad del proceso electoral moderno e innovador. Para lograrlo, habrá que pasar del eslogan a las respuestas concretas que enfrenten problemas como la campaña anticipada, el financiamiento irregular, el uso de recursos públicos con fines electorales, el perfil de la nueva autoridad electoral, la trashumancia, los obstáculos a la paridad de género, la ausencia de rendición de cuentas, el nulo acceso a la información, la debilidad de los partidos, el clientelismo y la cultura de la hegemonía (manifestada, por ejemplo, en las reelecciones y en los sistemas electorales tramposos como la ley de lemas) y la violencia política.
Hay condiciones para consagrar un sistema electoral propio del siglo XXI. No las desaprovechemos.