El pasado martes 8 de septiembre no ha sido un día cualquiera; por el contrario, puede significar el punto de quiebre que permita pasar de las propuestas de reforma electoral a las medidas concretas capaces de disipar las dudas que se ciernen sobre las elecciones del 25 de octubre.
El tucumanazo dejó al desnudo la situación que se vive en algunas provincias de nuestro país, en donde ya no se puede hablar de elecciones íntegras, ni competitivas. Las debilidades de estos sistemas dejan en entredicho la noción misma de democracia. Pero todo esto no termina aquí, por el contrario, estos abusos y atropellos a escala local a su vez empañan las elecciones generales ante el riego de un rápido contagio.
La posición inflexible ante las propuestas de cambio del funcionario y candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, puso en alerta a todos los partidos políticos de la oposición y hasta llegó a descolocar a otros funcionarios y legisladores oficialistas que mostraron cierta apertura.
Este martes se produjeron dos hechos importantes casi en simultáneo: la Cámara Nacional Electoral (CNE), la autoridad electoral que concentra y mantiene la confianza de los partidos políticos y candidatos en general, convocó a las organizaciones no gubernamentales para escuchar sus propuestas y para comunicar que algunas de ellas han sido tomadas en cuenta.
A su vez, en el Congreso de la Nación el interbloque opositor presentó el “Acuerdo por la Transparencia Electoral”, cuyo contenido da cuenta de una serie de instrumentos para garantizar la seguridad de la elección de octubre. Continuar leyendo
