El pasado martes 8 de septiembre no ha sido un día cualquiera; por el contrario, puede significar el punto de quiebre que permita pasar de las propuestas de reforma electoral a las medidas concretas capaces de disipar las dudas que se ciernen sobre las elecciones del 25 de octubre.

El tucumanazo dejó al desnudo la situación que se vive en algunas provincias de nuestro país, en donde ya no se puede hablar de elecciones íntegras, ni competitivas. Las debilidades de estos sistemas dejan en entredicho la noción misma de democracia. Pero todo esto no termina aquí, por el contrario, estos abusos y atropellos a escala local a su vez empañan las elecciones generales ante el riego de un rápido contagio.

La posición inflexible ante las propuestas de cambio del funcionario y candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, puso en alerta a todos los partidos políticos de la oposición y hasta llegó a descolocar a otros funcionarios y legisladores oficialistas que mostraron cierta apertura.

Este martes se produjeron dos hechos importantes casi en simultáneo: la Cámara Nacional Electoral (CNE), la autoridad electoral que concentra y mantiene la confianza de los partidos políticos y candidatos en general, convocó a las organizaciones no gubernamentales para escuchar sus propuestas y para comunicar que algunas de ellas han sido tomadas en cuenta.

A su vez, en el Congreso de la Nación el interbloque opositor presentó el “Acuerdo por la Transparencia Electoral”, cuyo contenido da cuenta de una serie de instrumentos para garantizar la seguridad de la elección de octubre.

En ambos encuentros se advirtieron puntos medulares y coincidentes: más presencia de la Justicia electoral en los centros de votación. Para que ello ocurra se deberá fortalecer la figura del delegado judicial, una figura administrativa que no se encuentra en el Código Nacional Electoral, pero que se ha transformado casi en un necesario superhéroe democrático. Lamentablemente no se ha extendido su importante tarea en la totalidad de los centros de votación del país. Por ejemplo, en las PASO de la provincia de Buenos Aires llegaron a estar en 4 mil de los 5 mil centros de votación.

Otro aspecto que fue objeto de críticas es la inexplicable diversidad en cuanto al diseño de los telegramas. Cada distrito del país tiene el suyo. Esta ridícula “autonomía” resulta una invitación tanto al “error humano” en la confección de telegrama como así también a la aviesa intención de manipular documentos electorales. La denuncia de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires y la de José Cano en Tucumán dio cuenta de este grave problema fácil de resolver.

La forma en que se cargan los datos en el escrutinio provisorio también fue motivo de debate. La Dirección Nacional Electoral (DINE) había advertido que los resultados del provisorio en las PASO pasadas se demorarían para evitar el sesgo en la carga, dado que se estimaba que el escrutinio en las mesas bonaerenses sería más lento que en el resto de los distritos. Esta demora se extendió más que lo de costumbre con la intención de no perjudicar al candidato a la presidencia del oficialismo. La pregunta que muchos se hacen es qué pasará el 25 de octubre. Los datos de la provincia de Buenos Aires llegarán ahora más rápido que en las PASO, con lo cual podría generarse un sesgo a favor de Daniel Scioli. Para evitar estas decisiones arbitrarias, el interbloque de la oposición le pidió a la Cámara Nacional Electoral que articule con la DINE un protocolo de carga que sea público y auditable.

En relación con el robo de boletas se dejó escuchar, en el encuentro de la Cámara Nacional Electoral, una voz tenue que pidió, ante la negativa del Gobierno de implementar la boleta única complementaria, el cuarto oscuro complementario. Un ambiente preservado y destinado para el caso en que un elector no encuentre la boleta que busca.

Todas estas iniciativas realizables que no requieren modificar la actual normativa electoral fueron en parte opacadas por la crítica al papel del Correo Argentino realizada en ambos encuentros.

En la provincia de Tucumán no se pudo cargar en el escrutinio provisorio el 20 % de los telegramas. En la conferencia un diputado en el Congreso denunció que, sumados los votos de María Eugenia Vidal, Solá y otros candidatos de la provincia de Buenos Aires, se llega a 500 mil votos recuperados entre el provisorio y el definitivo.

En ambos encuentros se reclamó más control por parte de la CNE y la DINE a esta empresa pública encargada de la logística de las elecciones que incluye cámaras de video en los centros de carga y seguimiento georreferencial al transporte que traslada las urnas.

El Gobierno nacional tendrá que responder en lo inmediato con medidas concretas a estos planteos que han realizado los partidos de la oposición y las ONG que entienden en la problemática electoral. Es verdad que proponer, como lo han hecho algunos referentes opositores, a dos meses de la elección, un cambio en el sistema de votación resulta irresponsable e imposible de aplicar. Sin embargo, negarse a todos estos pedidos razonables deja en evidencia la actitud de sacar ventaja de las ostensibles limitaciones e irregularidades que se han advertido en las PASO y en las elecciones provinciales como las de La Rioja y Tucumán.

El supermartes ha pasado. Ahora, las autoridades electorales de nuestro país tienen la responsabilidad de brindar las garantías que toda elección requiere.