Venezuela dispone del más automatizado y confiable sistema de sufragio y conteo de votos en América. ¿Por qué entonces Ciudadanía Activa -una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos civiles y políticos- ha dirigido a la ONU, a la Unión Europea, a la OEA, a la Unasur y al Mercosur una Carta Pública solicitando su intervención y presencia a efectos de supervisar el cumplimiento de las garantías electorales que están establecidas en la Constitución y las Leyes? ¿Es acaso que el sistema no es tan confiable o son otros los problemas?

En asuntos electorales es usual distinguir la trampa -consecuencia del cambio en los resultados numéricos de la consulta electoral- del fraude, que se entiende más bien como actividades antes del acto de votación encaminadas a coaccionar, dirigir y cambiar la voluntad política del votante. Pero existe una tercera fuente de irregularidades de las que habitualmente no se habla y que suelen ser consideradas parte del fraude, pero que en la Ley están tipificadas como delitos electorales que, en algunos países -como Venezuela, por ejemplo-  están penados con prisión pues, como su nombre lo indica, quienes los cometen son considerados delincuentes, en especial si son funcionarios públicos, aunque se trate de militantes políticos. Continuar leyendo →