Cuando en 2012 se decidió la expropiación de YPF, me opuse a esta , tratando de tener una visión de largo plazo del futuro energético argentino, y creo que no me equivoqué. Recibí muchas críticas de mis colegas por este voto, pero creo que lo que pasa hoy demuestra que tomé el camino correcto.
Como argumenté en la votación, la Constitución argentina dice que para expropiar hay que pagar, cosa que nunca hicimos. Hoy Repsol reclama 10.500 millones de dólares por su parte de YPF. O sea que, con lo que el Gobierno hizo el año pasado, estamos hablando de una confiscación, un concepto casi prohibido en nuestra tradición constitucional y jurídica.