“Obra de tal forma que tus actos puedan ser tomados como ley universal”. Ese fue el imperativo categórico que el filosofo alemán Emanuel Kant pensó como base de sus principios morales. Lo que yo haga debe tener chances de ser imitable por el resto de mis congéneres con conciencia y convicción de ser un acto no reprochable.
Desde el “linchamiento mediático” esgrimido por el jefe de gabinete Jorge Capitanich (no queda claro en qué medio trabaja el fiscal Jorge di Lello) hasta la renuncia ipso facto exigida por Elisa Carrió, el abanico de propuestas escuchadas en las últimas 48 horas ante el pedido para que el vicepresidente sea indagado ha sido enorme.
Jurídicamente, ¿Boudou debería renunciar? La respuesta es no. En algo habrá que coincidir con el secretario coordinador cuando en su “Aló ministro” diario reclama la presunción de inocencia. Hasta ahora hay sólo un fiscal que le pide a un juez que se lo llame a indagatoria, o sea, que se le impute formalmente un delito y se le dé la chance de defenderse. Eso es la indagatoria: el acto material de defensa. Se está lejos de un procesamiento y aún más de una eventual condena.
¿Alcanzan los profusos y fundados indicios que se han mostrado desde el periodismo para configurar una acción incompatible con su función pública? Claro que no. En una República las investigaciones y sanciones se desarrollan en los tribunales. ¿Qué deberían ser más expeditivos? Claro. ¿Qué deberían tener el coraje de desarrollarse aún contra funcionarios mientras están en el poder y no cuando han caído en el olvido de sus mandatos? También. Pero siempre en la justicia. De paso: gloria y reconocimiento a Jorge Asís que desde hace años y años relató minuciosamente el caso Ciccone desde su portal de noticias aún en soledad cuando muchos otros creían que la presencia eterna de algunos gobernantes.
Políticamente, ¿debe renunciar? Aquí el análisis es otro y bien distinto. La pregunta hay que hacérsela fundamentalmente a quien propició su llegada a la vicepresidencia. Fue Cristina Kirchner quien lo ungió con su exclusiva mano como su compañero de fórmula exagerando hasta el suspenso la decisión entre él, Daniel Filmus y Carlos Tomada que compartieron la terna de los postulados, también, por ella misma. ¿Le molesta a la primera mandataria este pedido judicial con el primer hombre en la historia constitucional argentina que desempeñando ese cargo puede verse sometido a investigación penal? Linchamiento mediático fue el texto del jefe de gabinete que luce como acuñado en la residencia de Olivos más que en el despacho ministerial.
¿Y qué alternativas tiene Boudou? Tiene la opción de abroquelarse en la formalidad de la ley y ganar tiempo o reflexionar a la luz del filósofo alemán. Aquí, puede plantearse si su actitud puede ser utilizada como ley universal. O, al menos, como ley en la política argentina. ¿Ayuda a mejorar la calidad institucional, emblema programático de la gestión de Cristina Kirchner cuando ganó en su primer turno electoral, que pesen sobre él sospechas fundadas de un ilícito grave en un cargo público? No hay reproche jurídico sobre su inocencia. Al menos, todavía. ¿Pesa en algo el imperativo moral para la política argentina?
Algunos podrán decir que, por sólo citar un ejemplo, Mauricio Macri está procesado (aquí sí con sospecha fundada) por haber cometido un ilícito con las escuchas ilegales y se mantiene en su cargo. También es cierto. Para esto no hace falta recurrir a Kant y alcanza con citar al refranero popular. Mal de muchos sigue siendo aún consuelo de tontos.